19 de febrero de 2012

Reflexiones en torno a una reforma pertinente a la educación.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

“Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. Edgar Morin


El movimiento global de los “indignados” ha tocado a las puertas del sistema educativo para reclamar educación pública, rechazar los fines de lucro y exigir calidad de la enseñanza; adicionalmente, los reclamos en torno al derecho al trabajo se unen a las consignas de los jóvenes que cuestionan las consecuencias de la globalización de los mercados, entre las que se encuentran la destrucción masiva de empleos productivos y estables . Educación y trabajo nuevamente hacen parte de las preocupaciones de las nuevas generaciones, sólo que ahora se valoran como interdependientes.

Los estudiantes en Santiago de Chile o Londres ya están cansados de dos décadas de aplicación de un modelo educativo que le transfiere los costos de la educación a sus padres de familia, privatiza el conocimiento en función de los intereses de unas cuantas empresas multinacionales o de los bancos de crédito y libera al Estado de la responsabilidad de garantizar este derecho. Hasta los jóvenes franceses ya han visto opacados los derechos humanos  universales con los cuales nació y se consolidó su república liberal y sirvieron de ejemplo para las demás naciones. Hessel (2011), autor de ¡Indignaos! e inspirador de ese movimiento en Francia nos recuerda el fracaso de algunas de las principales consignas de la resistencia en la posguerra “El interés general debía primar sobre el particular y el reparto justo de las riquezas creadas por el mundo del trabajo, sobre el poder del dinero”. Muchos de los derechos universales del hombre que él contribuyó a formular en 1948 hoy hacen parte del pasado. “No cabe transigir respecto a [la violación a] estos derechos”, advierte Hessel  en su reciente proclama.

Casi todos los pensadores contemporáneos coinciden en identificar las causas de la crisis que hoy padecemos: “Es el dominio financiero, pero también el de las ciencias y las técnicas” plantea Hessel advirtiendo sobre sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana en el planeta; Morin (2011) por su parte sostiene que “la gigantesca crisis planetaria es la crisis de la humanidad que no logra acceder a la humanidad”, extraviada en la sed de conocimiento (ciencia), de poder (técnica), posesión y riquezas. Es la crisis socio-ambiental que se ha traducido también en una crisis del conocimiento que ha permeado las aulas de clase y se traduce en la incapacidad generalizada de tener miradas contextuales en la vida profesional y cotidiana, por las barreras cada vez más sutiles pero efectivas del conocimiento fragmentado, disperso, compartimentado, disciplinar, de una modernidad exhausta por la carrera del progreso y el desarrollismo.

Una verdadera reforma a la educación tiene que plantearse cómo romper las barreras cognitivas y materiales que hoy le impiden a nuestros jóvenes encontrar alternativas ciertas de futuro. Por eso están en las calles y en las plazas, indignados, fuertemente interconectados a través de las redes sociales buscando otras formas de insurrección por vías pacíficas. Los nuestros no quieren repetir ese camino escabroso y evanescente seguido por los países que hicieron de la educación una mercancía y redujeron el conocimiento al uso y consumo de TIC. Todos a uno plantean otras formas de globalización posibles, otras vías emergentes para acceder al conocimiento pertinente y al empleo digno.

Bien vale la pena pensar en la posibilidad de romper los compartimentos estancos de la formación disciplinar y las formas caducas de organización en facultades para lograr una formación más abierta que integre los núcleos duros del conocimiento disciplinar o profesional con un entramado contextual de conocimientos pertinentes, comunes a todas las carreras, inspirados en una reflexión crítica y en un reencuentro con las utopías para salir de la crisis actual. Un entramado que comience por explorar la relación indisoluble entre Sociedad-Espacio-Naturaleza que el pensamiento moderno escindió haciendo de la crisis planetaria contemporánea una crisis civilizatoria. Una crisis en la concepción antropocéntrica de la sociedad, una crisis del espacio invisibilizado en su concepción de objeto inmóvil o plataforma, una crisis de la naturaleza como recurso verde para el consumo.

SEN

Entidad relacional Espacio-Sociedad-Naturaleza. Fuente: (Acebedo Restrepo, 2010).

Esta nueva entidad cognitiva, concebida en su entramado de relaciones múltiples en los que las partes y el todo se generan y organizan mutuamente deberá promover un nuevo tejido de complejidades en las que será posible relativizar y encontrar nuevas sinergias en las tensiones espacio-tiempo-innovación-movimiento que dinamizan el conocimiento y la sociedad actual.

Quizás de lo que se trate sea de lograr que el humanismo penetre nuevamente a las ciencias, extraviado en los falsos paradigmas de la innovación tecnológica y que la cultura (incluyendo la creatividad y la innovación) inspire al arte para recuperar sus orígenes humanistas opacados por las formas y las estéticas sin sentido. Es la efervescencia de una nueva ética basada en esta entidad cognitiva que vuelva a tejer las relaciones entre ecosistema y cultura inspirada en los anhelos de una vida digna en el planeta tierra.

Referencias bibliográficas:

Acebedo Restrepo, Luis Fernando. (2010). Territorios del conocimiento en la Ecoregión Eje Cafetero. Calidoscopios a partir de tres espejos de representación: Sociedad-Espacio-Conocimiento. Tesis para optar al título de Doctor en Urbanismo. UCV. Caracas.

http://www.lapatria.com/story/actitud-para-reforma-seria-de-la-dducaci%C3%B3n

Morin, Edgar. 2011. La vía para el futuro de la humanidad. Ed. Paidós. España.

Hessel, Stéphane. 2011. ¡Indignaos!. Primera edición en libro electrónico. Ediciones Destino, Barcelona.

9 de febrero de 2012

Universidades del conocimiento o “industrias exportadoras de alta complejidad”.

IMGA0294

Levantemos la mano por construir colectivamente un nuevo proyecto de reforma a la Educación Superior en Colombia. Foto Acebedo 2011.

Por: Luis Fernando Acebedo R

El debate sobre el proyecto de reforma a la ley 30 o Ley de Reforma a la Educación Superior en Colombia presentado por el gobierno nacional en cabeza de la Ministra de Educación María Fernanda Campo generó un cierto consenso entre la comunidad académica y la sociedad en general acerca de su inconveniencia, especialmente en cuanto a considerar la educación como una mercancía sometida a las leyes del mercado. En apenas medio siglo, la educación pasó de ser un “derecho” sin mayores desarrollos en términos constitucionales y legales, a convertirse en un “servicio” regulado por el Estado pero ofrecido cada vez más bajo criterios de competitividad, oferta y demanda del mercado.

El proyecto de marras concebía la educación como un “capital cultural”, pero al fin y al cabo un “capital”, que prácticamente obligaba a transformar las universidades públicas y privadas en empresas con ánimo de lucro, como lo son los servicios de comunicaciones, financieros, y más recientemente, las empresas básicas de acueducto y aseo.

Estas pretensiones no son nuevas. Se trata de consolidar una tendencia iniciada con mayor fuerza desde mediados de los años 90, cuando el profesor Michel Porter, gurú de la competitividad de los mercados en épocas de globalización neoliberal, visitó a Colombia contratado por las Cámaras de Comercio, apoyado por la Corporación Andina de Fomento y el gobierno nacional, para realizar los Planes Monitor de Competitividad en las principales ciudades colombianas. Los gobiernos distritales de Antanas Mockus, Paul Bromberg y Enrique Peñalosa dieron amplio despliegue a esta iniciativa, respaldada con la técnica de la Planeación Estratégica de corte empresarial para identificar los principales intereses de mercado de las compañías multinacionales y sus requerimientos en materia de seguridad, flexibilidad laboral, reformas jurídicas a la protección del capital extranjero y transformaciones espaciales orientadas a reproducir los “estándares” de calidad de vida de los principales centros financieros y de servicios de los países desarrollados. El propósito fundamental: expandir sus capitales y convertir a Bogotá en una “ciudad de clase mundial”, con todo el significado clasista que tiene intrínseco el concepto para los mercados globales.

La educación superior fue identificada por el Plan Monitor como un potencial “capital del conocimiento” de interés para los empresarios extranjeros, especialmente de las compañías multinacionales. Al respecto, demandaban de Bogotá que siendo considerada una Ciudad Universitaria y teniendo una importante oferta de educación formal y de investigaciones, debía “exponerse” mucho más a las exigencias de la demanda global y las empresas multinacionales que operaban localmente. En ese sentido, identificó el potencial que tenía la ciudad para convertirse en un “cluster” educativo orientado a atraer estudiantes de Latinoamérica y de otros países. Para ello puso como ejemplo la experiencia de las universidades europeas y norteamericanas, las cuales han recibido desde hace varias décadas muchísimos estudiantes de Latinoamérica, Asia y África, han permitido que las empresas multinacionales inviertan cuantiosos capitales en la financiación de programas y laboratorios para vincular investigadores de posgrado (Maestrías y Doctorados) en las áreas y los temas que a tales empresas les interesan para el mejoramiento de sus productos y mercados. No en vano, los programas académicos más dinámicos han estado en el campo de los negocios y las ingenierías.

Los referentes paradigmáticos de universidades norteamericanas localizadas en ciudades como Boston, Illinois y Seattle, entre otras, sirvieron para proponer un modelo de educación implementado como “industria exportadora de alta complejidad”, justificada por los efectos que generan las exportaciones de estudiantes como materia prima básica de tales industrias culturales en las economías dolarizadas y por el apoyo económico privado para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades.

Varias reflexiones motivan estas primeras evidencias -que deseo continuar ampliando en las próximas entradas al blog- . La primera y más evidente es la explicación de porqué el presidente Santos seleccionó a su nueva Ministra María Fernanda Campo, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y consultora privada del sector financiero. La reforma a la Ley de Educación como una de sus principales tareas no podía tener otra orientación distinta a aquella trazada por el Plan Monitor de Competitividad que ella acuciosamente impulsó siendo Vicepresidenta de esa institución que aglutina al sector empresarial de la Capital y del país. El rechazo mayoritario que recibió esta tendencia en la comunidad académica de las universidades debería ser motivo suficiente para que la Ministra renuncie a su cargo para facilitar un nuevo debate a la Reforma de la Ley de Educación.

La segunda reflexión es mucho más de fondo. Se trata de determinar cuál es el papel de la educación superior en Colombia frente a otras realidades en el contexto internacional. Es claro que en los países desarrollados uno de los problemas que más preocupa a sus gobiernos es la falta de interés de sus propios ciudadanos en acceder al sistema educativo de segundo y tercer ciclo, lo cual no solamente comienza a poner en riesgo a sus economías sino que compromete la supervivencia de las universidades mismas al punto de no encontrar profesionales en determinados campos del conocimiento o porque esos profesionales no quieren trasladarse a regiones periféricas a las grandes metrópolis.

Pero en Colombia, la realidad es otra. Tiene que ver con una gran demanda de los jóvenes para acceder a la educación universitaria y con las precarias condiciones de las universidades para ampliar su cobertura con los recursos cada vez más limitados del gobierno nacional, ligados al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el primer caso, se ha dicho que tres millones 600 mil estudiantes no han podido ingresar a la universidad en los últimos 10 años, lo cual los vuelca inevitablemente al rebusque en una débil economía que ofrece pocos empleos formales y estables. En el segundo caso, no sólo el gobierno disminuye sus recursos al presupuesto de las universidades públicas al amarrarlos al IPC, desconociendo los costos de vincular más profesores, cualificar su planta docente, ampliar y dotar de aulas para atender una mayor cobertura, etc. La contradicción se expresa también en el hecho de exigirle mayores esfuerzos de autofinanciación pero limitándole las posibilidades de hacer convenios o contratos con entidades públicas y privadas que siempre le exigen a la universidad un producto de alta calidad, pero con pocos recursos disponibles. Ese tratamiento no lo tienen con las grandes empresas contratistas para quienes los presupuestos generalmente son inflados y sus productos finales discutibles y de baja calidad.

Como se observa, el asunto va más allá de la financiación. Se trata de definir si la educación pública – y en términos más amplios, el conocimiento -puede ser el instrumento de transformación de las condiciones de atraso y dependencia de Colombia; si la educación puede hacer verdadero contrapeso a las economías emergentes, bien sea como exportadores netos de materias primas –ahora desde la llamada bonanza minero-petrolera que se abrió a partir de la firma de los TLC y que tendrá incalculables efectos perversos sobre la sustentabilidad de nuestros territorios- o desde la ilegalidad del narcotráfico, el contrabando y otras mafias.

¿Es el conocimiento el principal generador de economías fuertes, industrializadas y altamente tecnificadas que elevan la calidad de vida y reduzcan las desigualdades?, o ¿es la delincuencia, a través de sus múltiples expresiones, quienes recluten a nuestros jóvenes como alternativas al desempleo, subempleo y empleo mal remunerado que ofrece nuestra débil economía cada vez más desindustrializada, orientada a los servicios de baja remuneración o a la explotación irracional de nuestros recursos naturales, traducido todo ello en la crisis social y ambiental que estamos padeciendo?.

No son temas de poca monta en la apertura de las discusiones sobre la futura ley de educación superior.

Referencia bibliográfica: Cámara de Comercio de Bogotá. 1998. La Bogotá que todos soñamos.  Resumen del Estudio Monitor de Competitividad para Bogotá 1997.  Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá. Santa Fe de Bogotá.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-263571-educacion-un-deber-del-estado

2 de febrero de 2012

Fracasó el actual Modelo de Desarrollo en Manizales. ¿Quién podrá salvarla?



Panorámica del sector de La Galería en Manizales. En la parte superior, aspecto del avance de la compra de predios para construir la Avenida Colón e implementar procesos de integración inmobiliaria con recursos del Estado, que luego serán ofertados para proyectos de comercio y servicios. El Plan Parcial de La Galería sigue congelado. Foto Acebedo, 2012.


Por: Luis Fdo. Acebedo R.
Al finalizar el año pasado, concedí una entrevista a UN Periódico  en donde varios académicos de la Universidad Nacional de Colombia ofrecimos nuestra interpretación sobre la crisis del agua en Manizales, que perjudicó sensiblemente no sólo a la ciudad sino a un número mayor de habitantes de las ciudades vecinas.
Muy seguramente por razones de espacio, el periódico publicó algunos apartes de dicha entrevista, por lo cual, aprovecho este medio para difundirla en extenso, como parte del necesario debate que debe seguirse profundizando, mucho más ahora que se ha logrado superar la emergencia, más no el problema que le dio origen. 
UN Periódico: ¿Desde el urbanismo, cómo se observa la organización espacial de la ciudad luego de los eventos que han sucedido?.
LFAR. Los últimos eventos catastróficos que han comprometido seriamente la sustentabilidad del municipio de Manizales simplemente están comprobando que el modelo de desarrollo implementado por las últimas administraciones municipales, sencillamente fracasó. Yo lo he llamado “el infraestructuralismo” o el modelo “ciudad-empresa”. Su objetivo es distribuir contratos a diestra y siniestra para construir obras que probablemente a nadie le sirven, pero mantiene aceitada una red clientelista de apropiación de los recursos públicos o de préstamos internacionales.
Es un modelo que se olvidó de dos cuestiones fundamentales: la sociedad y la naturaleza. Por eso para los infraestructuralistas es más importante invertir cientos de millones de pesos en una línea de cable aéreo que nadie demanda (Los Yarumos) o gastarse más de 125 mil millones de pesos en expropiar a humildes propietarios de viviendas en la Comuna San José para ofertar suelo barato a grandes almacenes de cadena.
Definitivamente no hay organización espacial porque tampoco hay un ordenamiento territorial serio. Lo que hoy existe es una colcha de retazos en donde los promotores inmobiliarios aprovechan como en río revuelto para construir edificios al lado de los causes de las quebradas, en laderas con altas pendientes sin las obras de urbanismo que mitiguen los riesgos y eleven la calidad de vida de la gente.
Con los efectos del calentamiento global, nuestra ciudad es altamente vulnerable a los deslizamientos e inundaciones porque escogimos un Modelo de Ocupación que le está disputando territorio a la Cuenca del río Chinchiná y sus afluentes. Este solo factor debería estar siendo motivo para una revisión a fondo del Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, parecen ser más fuertes las voces que le hablan al futuro Alcalde sobre la idea de hacer pequeños ajustes al POT que ya cumplió una década de haber sido formulado.
UN Periódico: ¿Qué tan preparada esta la ciudad frente a este tipo u otros tipo de procesos?
LFAR. La ciudad tiene el conocimiento y las capacidades para asumir la prevención de riesgos con toda solvencia. Al fin y al cabo es modelo en América Latina y el mundo en estos temas. Por eso no deja de producir tristeza y frustración cuando le preguntaron a varios senadores del Departamento qué había que hacer para superar las dificultades y respondieron que contratar unos consultores internacionales. No hay derecho a tanta ignorancia.
Aquí ha habido una sinergia muy interesante entre el gobierno y la academia que le ha permitido a Manizales monitorear en tiempo real las condiciones climáticas, la contaminación atmosférica, los caudales de las principales quebradas, etc. El IDEA de la Universidad Nacional en Manizales ha cumplido un papel de primer orden en este aspecto. Incluso ha desarrollado innovaciones en software y tecnologías apropiadas para estos efectos. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial la academia ha asesorado al gobierno municipal en temas estratégicos como la movilidad, los planes parciales, el diseño de proyectos urbanos, entre otros.
Sin embargo, cuando los gobiernos desestiman los conocimientos técnicos, y en una actitud de desafío a la naturaleza y a la inteligencia, ignoran estas recomendaciones técnicas o debilitan los logros alcanzados en función de una estrategia infraestructualista que cambia el interés público y colectivo por el particular, entonces, no sólo la naturaleza cobra lo suyo, también la sociedad sufre los mayores daños. Tuvieron que pasar cuatro años de una pésima administración municipal para que el Alcalde llegara a la triste conclusión de que la naturaleza tiene memoria y pasa sus cuentas de cobro, como lo reconoció después de asistir a un acto litúrgico por las víctimas del barrio Cervantes.
La ciudad está preparada para evitar al máximo estas catástrofes, lo cual no quiere decir que no se puedan presentar otros eventos. Aquí de lo que se trata es de prevenirlos y evitar al máximo la pérdida de vidas humanas. Pero faltan dirigentes que estén a la altura de una visión ambiental y socialmente sustentable de nuestro territorio.
UN Periódico: ¿Desde la Arquitectura y el Urbanismo, considera que algunos barrios deben reubicarse o cuál sería la solución?
LFAR. En Manizales existen muchos barrios en situación de riesgo, no sólo de estratos bajos, también en sectores de estratos altos. Ya hemos sido testigos de cómo la principal zona productiva de la ciudad –Juanchito y Maltería- también han sufrido las consecuencias por deslizamientos y crecientes de la quebrada Manizales. El urbanismo industrial en Manizales no resiste el más mínimo análisis sobre la calidad de sus infraestructuras o las condiciones de localización, mucho menos sobre la implantación ambiental en el territorio.
Un buen POT debería arrojar los resultados de ese análisis y las alternativas de solución en el tiempo. Paradójicamente, los mejores suelos del Macroproyecto San José no están dedicados a la solución de los problemas de la vivienda de muchos sectores sociales que están en situación de riesgo, sino en promover comercio y servicios. Mientras tanto, la Alcaldía de Manizales sigue ampliando el perímetro urbano para la construcción de VIS y VIP en zonas de ladera al norte de la ciudad, arrebatándole más y más suelo a áreas que deberían ser de protección ambiental. Así mismo, continúa empecinado en patrocinar conjuntos cerrados de vivienda de baja altura en una ciudad que prácticamente ha agotado los suelos aptos para actividades urbanas. Esto amerita un análisis de fondo en torno al POT que queremos para la próxima década.