23 de marzo de 2010

MISN San José: Dos formas de intervenir la Comuna, dos resultados diferentes

Propuesta de Plan Zonal de la Comuna de San José. Para conocer la cartografía general ir a: http://www.digital.unal.edu.co/dspace/handle/10245/368


Unidades de Ejecución y Planificación del Macroproyecto San José. Para conocer la cartografía general, poner derecho de petición ante la Oficina de Renovación Urbana de la Alcaldía de Manizales.


Por: Luis Fdo. Acebedo R

Con la derogatoria de los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- por parte de la Corte Constitucional, me siento en la obligación de clarificar ante la opinión pública las abismales diferencias que existen entre dos criterios de planeación aplicados a un mismo territorio: La Comuna San José de la ciudad de Manizales. Ambas fueron iniciativas lideradas por la Alcaldía de Manizales y encargadas al Grupo de Urbanismo de la Universidad Nacional. El primero fue la “Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana del Sector de La Galería” (PPG), cuya dirección estuvo a mi cargo; y el segundo, el “Macroproyecto San José” (MSJ), liderado por el profesor Andrés Satizabal. No haré referencia a las calidades técnicas de los proyectos, sobre las cuales no tengo ninguna duda. Sin embargo, sí debo distanciarme de las decisiones gubernamentales sobre el uso de los instrumentos de planeación aplicados y de lo que en mi opinión representa una utilización instrumental de la academia por parte de los entes de gobierno, buscando legitimar decisiones políticas, o más bien politiqueras, definidas desde el gobierno nacional y auspiciadas por el gobierno local.

Sobre este último asunto ya nos hemos pronunciado en casos tan sensibles para las universidades como el mal llamado “Paseo de Los Estudiantes”, y lo habíamos advertido también durante el proceso de formulación del PPG, lo cual está demandando urgentemente la necesidad de repensar las relaciones entre Gobierno-Empresa-Academia-Sociedad Civil en torno a temas tan importantes como el ordenamiento territorial de la ciudad, el departamento y la región.

El PPG se formuló con la metodología de la Planeación Participativa, lo cual permitió vincular a los diferentes actores sociales de la Comuna San José desde el inicio del proyecto en su fase diagnóstica y hasta su culminación con la definición de las estrategias de intervención. De hecho, era un proyecto abierto y flexible, pues si bien definió los sistemas estructurantes, dejó abiertas muchas posibilidades de interacción y negociación futuras.

El MSJ centralizó las decisiones en el Ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo Territorial ¬–MAVDT- cercenando las posibilidades de participación del Consejo Municipal y por extensión, de las comunidades directamente afectadas. Es un proyecto cerrado, que simplemente se socializa para información de las afectaciones que tendrán los propietarios y habitantes de la Comuna.

El PPG propuso planear la Comuna a través de un Plan Zonal del cual se derivaban diferentes actuaciones urbanísticas (AU) desarrolladas a través del tiempo mediante criterios de gestión asociada y repartición equitativa de cargas y beneficios. La más importante de las AU fue el Plan Parcial de La Galería porque representa el motor económico del sector y el principal conflicto de usos que es necesario resolver para recualificar los espacios públicos, lo equipamientos y la calidad de vida de sus habitantes y usuarios.

El MSJ centralizó las intervenciones de la Comuna a través de un solo instrumento, el Macroproyecto, empleó el criterio de la compra de predios o su expropiación para generar un cambio radical de usos y garantizar la expulsión de una parte considerable de los pobladores y de los pequeños y medianos comerciantes de la comuna. La AU más importante es la construcción de la Avenida Colón para generar procesos de integración inmobiliaria y cualificación de los mejores suelos para actividades de comercio y servicios, especialmente para hipermercados y negocios de grandes superficies.

Por primera vez en la historia del país, el PPG propuso una renovación urbana a partir de cuatro criterios fundamentales: Reordenamiento de los usos del suelo pero garantizando la preservación de los usos existentes, excluyendo los usos prohibidos por los riesgos e impactos negativos sobre la comunidad; respeto y protección para los habitantes del sector incluyéndolos como beneficiarios de las soluciones de vivienda y de las oportunidades de negocio; protección del patrimonio construido de acuerdo a valoraciones previamente establecidas; y finalmente, remodelación de la Galería para que los vendedores estacionarios que se encuentran ocupando el espacio público regresen a los pabellones, mediante un diseño más permeable y abierto a la ciudad.

El MSJ propuso una renovación urbana a partir del cambio de usos en casi toda el área de ocupación, la expulsión de los moradores más pobres hacia los barrios periféricos de la ciudad, la destrucción del patrimonio construido, especialmente en la zona residencial histórica y la zona de los colegios. Finalmente, la Galería ha quedado en una enorme incertidumbre pues su intervención ha pasado a un segundo o tercer plano, amenazada seriamente por la bolsa inmobiliaria de comercio y servicios, generada a lo largo de la Avenida Colón.

En el PPG la oferta de Vivienda de Interés Social ocupaba los mejores lotes, promoviendo los usos mixtos de apoyo a la vivienda en primeros y segundos pisos. En el MSJ la vivienda sigue ocupando los lotes sobre las laderas, alejados por cierto de la dinámica urbana del centro expandido, y de cierta manera, escondidos.

Desde el punto de vista económico, el PPG fue concebido como una estrategia para potenciar la actividad económica más importante que tiene la ciudad y su principal despensa alimentaria, mejorando la calidad de sus infraestructuras y promoviendo la formalización de las PYMES. Todo ello traducido en un mejor servicio para que los ciudadanos vuelvan a la Galería como el principal mercado de víveres y abarrotes de la ciudad.

El MSJ fue concebido como un gran negocio inmobiliario, en donde la administración municipal funge de empresa promotora. Los cuantiosísimos recursos del gobierno nacional y municipal se invierten en el proceso especulativo para cualificar suelo que luego será vendido a los privados a precios de feria. Con ello, el gobierno nacional y local consolidan unas relaciones clientelares de larga duración en el tiempo para garantizar el poder de las maquinarias sobre el poder derivado de la libre voluntad popular.

Desde el punto de vista social, el PPG previó la consecución de significativos recursos generados por el propio proyecto para desarrollar una agresiva política social orientada a atender la población en situación de vulnerabilidad con el propósito de prepararlos para ingresar al mercado de trabajo. El MSJ previó una política asistencialista orientada a sedar a los pobladores en sus pretensiones de permanecer en la Comuna mediante subsidios y empleos temporales.

Las comparaciones podrán seguirse haciendo, y seguramente la ciudadanía tendrá muchos más aportes que hacer en este análisis. Lo cierto del caso es que la administración municipal no ha dado explicaciones sobre las razones que la llevaron a desperdiciar el conocimiento y el aprendizaje colectivo que significó la formulación del PPG, por la adopción de una alternativa ilegal, inconstitucional y antidemocrática como lo fue la figura de los MISN. Esa es una responsabilidad política que el gobierno nacional y municipal debe asumir, lo cual debería traducirse en la reformulación del Macroproyecto San José.

15 de marzo de 2010

¡¡Eureka!!, la Corte declaró inconstitucional los MISN.

Los centenares de familias que habitan en viviendas palafíticas bajo condiciones de extrema pobreza en los alrededores del Puerto de Buenaventura, serán reubicadas al MISN “Ciudadela San Antonio”, lejos del mar y de las áreas urbanas, en un suelo rural habilitado para usos residenciales. Entre tanto, las costas marítimas despejadas de pobres podrán convertirse en bellos y limpios proyectos turísticos. Esos eran los verdaderos propósitos de segregación socio-espacial del gobierno nacional con los superpoderes de los MISN.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Mediante la sentencia C-149-10 la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 79 del Plan Nacional de Desarrollo (PND, Ley 1151 de 2007) que aprobó y reglamentó los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN-, a través de los cuales se le concedían atribuciones excepcionales al gobierno nacional para implementar este tipo de iniciativas territoriales en desmedro de los Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, la autonomía y la descentralización municipales.

El fallo no tuvo mucha trascendencia en los medios masivos de comunicación, pero es de enorme importancia política y social, tanto o más que la caída del Referendo reeleccionista, pues hunde una de las muchas acciones que el Ejecutivo Nacional estaba dando en materia de recentralización de poderes y desmonte de la Constitución Política de 1991 por vías distintas a las de acudir al Congreso de la República o directamente al constituyente primario.

En otras ocasiones ya habíamos expresado críticas a los MISN por lo que remitimos al lector a revisar aquellos giros caleidoscópicos; ahora nos concentraremos en los antecedentes que llenaron de argumentos a la Corte para pronunciarse contra la constitucionalidad de este instrumento mediante la sentencia de marras.

El proceso se inició con la demanda de inconstitucionalidad del decreto 79 del PND interpuesta por varios concejales de Bogotá (Carlos Vicente de Roux, Calos Fernando Galán, Ángela María Benedetti, Antonio Eresmid Sanguino, Luz Amanda Granados y Diego Isaías Peña). En ella se aludió fundamentalmente a la violación del derecho que le asiste a los concejos municipales de aprobar los usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones y de escamotear los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen la actividad de la administración pública para garantizar, entre otras, las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno.

Una nueva demanda la interpuso la abogada María Mercedes Maldonado quién reforzó estos argumentos sosteniendo la tesis del vaciamiento de competencias de los Concejos Municipales y Distritales al marginarlos de la participación en las diferentes etapas de la formulación de los MISN. En la misma dirección se pronunció la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia aportando nuevos argumentos relacionados con la violación de las garantías constitucionales asociadas a la autonomía y la descentralización municipal, la participación democrática y la violación de algunos artículos de la ley 388/97 relacionados con la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación intervino –ya se sabe cómo, pues se ha convertido en una norma que esta institución acuda en la defensa a ultranza del gobierno nacional y sus políticas- pronunciándose sobre la constitucionalidad de este decreto del PND planteando dos tesis fundamentales: Que la construcción de Viviendas de Interés Social –VIS- es de interés nacional y por lo tanto está por encima de las competencias municipales en materia de ordenamiento territorial, y que los MISN hacen parte de las funciones de planeación económica que le competen al PND.

Finalmente, la Corte Constitucional resolvió este conflicto de intereses rechazando los argumentos de la Procuraduría y acogiendo los de los demandantes. En el primer caso, la Corte consideró que “no puede hacer una interpretación extensiva del principio de unidad de materia” al pretender establecer una relación directa entre los fines de la planeación nacional y la supremacía de los MISN sobre los POT, por cuanto termina generando una inseguridad jurídica sobre estos últimos. En el segundo caso, rechazó todos los esquemas de supra subordinación “que le da una absoluta prevalencia al nivel central sobre las instancias locales” e introdujo un análisis muy interesante sobre los procesos de participación, pues advirtió que si bien es cierto, pudieron cumplirse procesos de concertación con las comunidades en las diferentes etapas “normativamente no se han previsto instancias adecuadas para ese efecto”, lo cual implica que la participación ciudadana per se no garantiza la legitimidad de los proyectos y macroproyectos urbanos, si ellos no se acogen a procesos y procedimientos previamente establecidos en las normas y las leyes. Como se sabe, es bastante usual encontrar más metodologías de socialización de propuestas que de verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la orientación sustancial de tales proyectos.

Desafortunadamente, la Corte hizo un pronunciamiento que llamaríamos “políticamente correcto” en el sentido de advertir que la sentencia tiene “efectos hacia el futuro”, con lo cual alude a la necesidad de evitar los traumatismos que generaría echar para atrás lo andado hasta ahora en materia de MISN por cuanto ya están en ejecución casi la mitad de los 16 macroproyectos que hacían trámite en el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial. Con esta aclaración, la Corte actuó de cierta manera con esa doble moral que se ha venido imponiendo en la política y ahora en el concepto de justicia. Algo así como aquel proverbio que dice “disparen, disparen, mientras llega la orden de fusilamiento”, o lo dicho por el presidente Uribe cuando maquinaba su reelección en el congreso “voten, voten, antes de que los metan a la cárcel”, aludiendo a los congresistas investigados por la parapolítica. El sentido de esta aclaración le da confianza a los corruptos y violadores profesionales de la ley para avanzar en proyectos ilegítimos que a la final se aprobarán bajo el argumento de que son hechos cumplidos.

En el caso del Macroproyecto San José, el fallo de la Corte nos dará pie para establecer comparaciones metodológicas entre el Plan Parcial de Renovación Urbana del sector de La Galería y el Macroproyecto San José, dos ejercicios de planeación sobre una misma área de actuación: La Comuna San José. El primer estudio que duró un año y medio de formulación fue archivado por la actual administración para aprovechar las condiciones excepcionales ofrecidas por el gobierno con la aprobación de los MISN. No sólo los resultados, sino los procedimientos e instrumentos aplicados marcaron diferencias sustanciales. Pero este análisis no lo haremos ahora, más bien, los invito a estar pendientes del próximo giro caleidoscópico.

Para consultar los diferentes documentos de los demandantes, la procuraduría y la corte constitucional, cfr: http://www.territorioysuelo.org/

10 de marzo de 2010

Algo más sobre el fracaso de los “proyectos inteligentes” en Manizales

A pesar de que la propia administración encargó al Arquitecto Gerardo Arias el diseño de un proyecto de centro comercial para consolidar la manzana en donde se construyó la estación del cable aéreo en el centro de la ciudad, éste quedó aplazado a la espera de inversionistas privados. Es una de las consecuencias prácticas de la fragmentación de los proyectos urbanos y la ausencia de una planeación integral.


Por: Luis Fdo. Acebedo R

El derrumbe del Transporte Integrado de Manizales –TIM- a una semana de haberse inaugurado, es sólo la punta del iceberg del fracaso de toda una concepción sobre la manera de planear y gestionar unos proyectos urbanos que pudieron haberse inscrito dentro de la categoría de “inteligentes” pero que resultaron ser verdaderos “paquetes chilenos”, megaobras con saldos en rojo, tanto en términos financieros como cívicos y culturales.

Las administraciones de Luis Roberto Rivas y Juan Manuel Llano, pusieron un especial énfasis en un concepto de gobernabilidad según los principios rectores del mercado, traducido en unas actuaciones públicas a favor de las empresas privadas. Sería injusto asimilar este concepto a lo que se conoce hoy en día como gobernanza. Son créditos que no se merecen, porque lo suyo es una mera vulgarización de una categoría de análisis mucho más compleja que involucra al sector público con el sector privado en redes horizontales de cooperación, complementariedad e intercambio en torno a la competitividad de las ciudades. Aunque no comparto la idea de convertir la gestión pública en una feroz carrera por la competitividad de los mercados, sí considero conveniente la búsqueda de alianzas entre los sectores públicos y privados para lograr propósitos de interés general y colectivo, tal y como lo concibe la ley de desarrollo territorial.

La Real Academia de la Lengua define la gobernanza como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Ciertamente se refiere a ideales de co-dirección, co-gestión y conducción (Brand, Prada, 2003) que han quedado prácticamente ausentes en la planeación-gestión de los proyectos y macroproyectos urbanos desarrollados en los últimos años por las administraciones municipales de Manizales.

Luego de que la ciudadanía rechazara categóricamente a los caciques electorales que por tanto tiempo administraron la ciudad de Manizales y el Departamento a partir de la corrupción, las clientelas y el CVY (Cómo Voy Yo ahí), se dio paso a una suerte de tecnócratas, o mejor, a políticos con formación de gerentes. En un principio, este giro fue apoyado por la ciudadanía como una manera de salirle al paso a las formas más arcaicas de gobierno. Pero superado el primer escoyo y luego de varios años de ejercicio por parte de los tecnócratas, los ciudadanos han puesto serios reparos a esa particular manera de gobernar la ciudad entregándole a los privados parte de los poderes y funciones públicas, junto con cuantiosos recursos financieros, en nombre de la eficiencia y la transparencia del gasto. Estas medidas no han dejado de ser alternativas ingeniosas para prorrogar por nuevos medios, la corrupción y el clientelismo.

Los ejemplos son muchísimos. Por su carácter más reciente resaltaría los proyectos de vivienda de interés social, el “Paseo de los Estudiantes”, el macroproyecto San José, el Cable Aéreo, los Call Center, el TIM, entre otros. Si se estudian con detenimiento estos proyectos, casi todos tienen un mismo patrón de comportamiento:

- Se asignan contratos a dedo o se crean empresas mixtas administradas por particulares y a favor de los intereses privados.
- Se debilitan los mecanismos de participación ciudadana o se suprimen. En el mejor de los casos se habilitan instrumentos de socialización e información.
- Se basan en estudios técnicos para legitimar los proyectos, pero generalmente se ignoran sus recomendaciones, especialmente cuando afectan los intereses privados. Estos últimos terminan por imponer sus conceptos y criterios en detrimento del interés público y colectivo.
- Se niega la posibilidad de participación de las comunidades en la estrategia de gestión (gestión asociada), especialmente de los pequeños propietarios. El Estado asume una costosa tarea de compra de los inmuebles para luego entregarlos saneados y a precios de feria a los promotores inmobiliarios, empresas privadas y sector financiero. Es por lo tanto, expulsor de la población más pobre en pro de una reapropiación de sectores sociales medios y altos.
- Son proyectos que se fraccionan, tanto en términos de planeación como de gestión, afectando el manejo unitario, integrado y sostenible, lo cual se traduce en sobrecostos, soluciones incompletas y deficitarias, perjudicando sensiblemente al ciudadano, usuario de los equipamientos y servicios que se ofrecen. Por lo general sólo se desarrollan los sectores más rentables del proyecto, aplazando indefinidamente las áreas que les representan gastos.
- El énfasis está en la rentabilidad del proyecto y no en la elevación de la calidad de vida de la población. Muchos menos en la producción sostenible de la ciudad porque su verdadero proyecto es la anticiudad.
- El tratamiento de terroristas para las legítimas protestas de los ciudadanos, ante tantos atropellos al pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y legales en la construcción de ciudad.

Lo paradójico de todo ello es que en Colombia existen las leyes que obligan a hacer todo lo contrario de estas prácticas, es decir, obligan a concebir el urbanismo, la planeación y el ordenamiento territorial como funciones públicas en procura de defender el interés colectivo, estimulan la gestión asociada de los proyectos, facilitan la participación social, promueven la repartición equitativa de las cargas y los beneficios, obligan a la protección del medio ambiente, etc. Lo que sucede es que desde el nivel central, es decir, desde la presidencia, las prácticas han sido contrarias al derecho y a la constitución política, lo cual ha dado patente de corso para que sus áulicos del nivel departamental y municipal se sientan con la fuerza suficiente para imitarlo.

Al cierre de esta columna, conocimos que la Corte Constitucional también declaró inexequible la disposición que le otorgaba al gobierno nacional la facultad de diseñar macroproyectos de inversión social. Ya habíamos advertido sobre la ilegalidad de estas medidas cuando el 1° de noviembre de 2009 publicamos un caleidoscopio titulado “MINS: Más subsidios pero para los ricos de la ciudad”. Allí nos hicimos la siguiente pregunta: “¿Acaso no estamos frente al empleo amañado del instrumento MINS que configura, además, un uso ilegal?”. La Corte Constitucional ha interpretado una vez más nuestra indignación. Pero eso poco importa a los gobernantes locales, para quienes la aprobación del Macroproyecto San José por el gobierno nacional y su nivel de desarrollo actual, lo legitiman. La verdad es que otro juez de la república, apegado a las leyes y a la constitución, debería tomar la decisión de paralizar este proyecto.

La ciudad durará varios años en recuperarse de los costos y las frustraciones que dejará un estilo particular de gobierno de lo público a partir de las lógicas y los intereses del sector privado. Sólo queda hacer votos porque los jueces sigan ejerciendo el control legal y la ciudadanía continúe haciendo uso de sus derechos de expresión para echar para atrás semejantes abusos de autoridad.

3 de marzo de 2010

El TIM y el PIN no son tan inteligentes

Propaganda del TIM que los estudiantes sobrescribieron con la palabra "Farsa". Al fondo, escuadrones de policía detrás de la marcha de ciudadanos en contra del nuevo Sistema Integrado de Transporte.

Fuente: Elaboración propia

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Hace menos de una semana comenzó a operar el “nuevo” Transporte Integrado de Manizales –TIM-. Básicamente se trata de una solución híbrida en la cual se le incorpora a los buses y busetas tradicionales de transporte público que operan en la ciudad, la tecnología GPS (Global Positioning System, por sus siglas en inglés) para controlar por satélite el sistema de rutas, el movimiento de los vehículos y pasajeros, los tiempos empleados, el uso adecuado de los paraderos por parte de los conductores, el ingreso y salida de los pasajeros a los buses, entre otros temas. Prácticamente se nos dijo que era una especie de “Gran Hermano” con cámaras y satélites vigilándonos para controlar todos los movimientos derivados de la movilidad con el propósito de lograr que nadie se salga del sistema y que todos funcionemos como relojitos.

Pero lo que se anunciaba como una gran innovación tecnológica para mejorar y optimizar el servicio de transporte público de las ciudades de Manizales y Villamaría se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Las gentes inconformes comentan en las calles, en los paraderos y también en las marchas cívicas, todos los trastornos que han tenido que padecer durante estos primeros días de operación del sistema. Una verdadera asonada se presentó ayer en el centro de la ciudad por el rechazo a la improvisación, los sobrecostos, la falta de información, las dificultades en el uso de las “tarjetas inteligentes”, el desorden en las rutas, la pérdida de dinero en la carga de las tarjetas, la privatización de una parte importante del servicio y un largo etcétera que colmó la paciencia de los usuarios.

Las quejas van más allá de unas fallas coyunturales como producto del ajuste del sistema; se trata de un total cuestionamiento al diseño mismo del sistema y su puesta en operación.

Asambleas estudiantiles, protestas de los comités de usuarios de los servicios públicos, movilizaciones callejeras, asonadas, acciones populares, propuestas de cabildo abierto y de paro cívico, son algunas de las actividades y propuestas que se desarrollan a solo cinco días de funcionamiento del TIM.

¿Cómo podemos interpretar lo que está sucediendo? ¿Y qué alternativas se deben buscar?. Estas son algunas ideas que planteamos desde la academia, orientadas a enriquecer el debate.

El Sistema Integrado de Transporte –SIT- es definitivamente una opción válida para construir ciudades inteligentes y territorios del conocimiento, pero como lo hemos advertido en otras oportunidades, no se trata simplemente de importar nuevas tecnologías, sino y sobre todo, de aplicarlas a las condiciones locales con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las gentes. Es decir se requiere endogenizarlas. En los territorios del conocimiento deben confluir por lo menos cuatro fuerzas motoras que dinamizan y hacen posible las innovaciones urbanas: Tiempo, Espacio, Innovación y Movimiento. En el caso que nos ocupa ninguna de ellas operó como fuerza motora, lo cual explica la respuesta ciudadana. Veamos algunos ejemplos:

Tiempo: Las condiciones actuales que vive la ciudad, especialmente aquellas relacionadas con tasas de desempleo superiores al 15% y una informalidad productiva mayor al 60% obligan a una parte muy importante de los ciudadanos a vivir al día, a conseguir diariamente los recursos para su sustento. De hecho, muchos de ellos prefieren movilizarse a pie por la ciudad. El TIM es muy poco flexible con esta realidad al obligar a las personas a comprar una tarjeta para luego recargarla cuando escasamente cuentan con el valor del pasaje. Esta situación se aplica a la población estudiantil (más de 200 mil) para quienes no se pensó en una opción de tarifas preferenciales.

Innovación: La nueva tecnología GPS aplicada al SIT se está incorporando con el único criterio de máxima rentabilidad y eficiencia en el negocio de transporte. Los ciudadanos han identificado que dentro de esa lógica, todos ganan menos el usuario. Ganan las empresas multinacionales distribuidoras de las nuevas tecnologías, gana el sistema financiero con la bancarización del sistema, gana una empresa de chance con la recarga de las tarjetas, gana la administración municipal con la constitución del TIM como empresa industrial y comercial del estado, gana el PIN (Proyectos Inteligentes) como empresa privada operadora de las nuevas tecnologías, gana la empresa Cable Aéreo que encontró quien subsidiara este otro sistema impuesto por la administración municipal anterior sin ningún estudio de factibilidad ni de demanda. Pierden los usuarios porque se les ha impuesto un sobrecosto en los pasajes para poder financiar y subsidiar a todos los intermediarios del sistema. En últimas, la percepción de los ciudadanos es que todo cambia para que el sistema de transporte siga igual o peor. Tampoco se pensó en soluciones tecnológicas adecuadas para la población en situación de vulnerabilidad.

Espacio: Es un sistema montado sobre los intangibles de la tecnología, sin un soporte real en los tangibles del espacio físico de la ciudad. Son proyectos sin ciudad, son la anticiudad. Es increíble que el nuevo SIT, haya comenzado a operar sin recualificar los espacios urbanos que le deben servir de soporte: Nuevos y mejores paraderos para evitar que los conductores de buses recojan y dejen los pasajeros en cualquier parte, verdaderas terminales de buses y no patios al aire libre que generan inseguridad en los barrios, nuevos y generosos espacios públicos que sirvan de soporte al sistema, estaciones de transferencia, señalización adecuada de rutas, etc, etc.

Movimiento: Se refiere fundamentalmente a la capacidad de gestión de la administración municipal y a la búsqueda de procesos sinergéticos orientados a lograr la participación de la sociedad en el proyecto. En efecto, desde el punto de vista de los gobernantes, el proyecto se ha impuesto como una unidad de negocios inspirado en la competitividad. La administración municipal en este caso ha fungido como promotora del negocio y en contra de los intereses públicos y colectivos de la ciudadanía. Es una gestión urbana sin participación ciudadana. Es la privatización de la gestión pública.

Bajo estas consideraciones todo ha salido mal. Podemos afirmar categóricamente que no es un proyecto inteligente para una ciudad inteligente. Más bien es un proyecto de competitividad empresarial en un entorno social altamente empobrecido y desigual.

Para superar estos escoyos, proponemos un nuevo giro caleidoscópico, un verdadero acuerdo ciudadano en torno a un SIT sostenible, un nuevo modelo de desarrollo de la ciudad en donde realmente se puedan activar estas fuerzas motoras en un sentido virtuoso, porque las nuevas tecnologías son necesarias, siempre y cuando no desvirtúen el verdadero propósito de las ciudades inteligentes, de los territorios del conocimiento: Elevar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.

1 de marzo de 2010

La “Canción del elegido” y el fracaso de la Reelección

Aspecto de la Comuna 13 en Medellín. La pintura de las fachadas de los ranchos no esconde la pobreza y la violencia que agobia a los habitantes de esos barrios.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

El reciente fallo de la corte constitucional sobre el referendo reeleccionista constituye un respiro democrático en medio de la cadena de violaciones a las normas y procedimientos legales contemplados por la ley para tramitar este tipo de iniciativas. Los más neófitos en el tema veíamos con absoluta sorpresa, las trapisondas de los uribistas para imponer a como diera lugar el referendo reeleccionista, con el autoritarismo que los ha caracterizado desde que triunfaron en las elecciones del 2002 y con el desprecio por las propias leyes que los congresistas juraron respetar y acatar. Todo les parecía posible en nombre del Estado de Opinión y nada les era vedado para lograr el objetivo supremo de prorrogar por segunda vez el mandato del presidente.

En un país profundamente católico, se orquestó todo un proyecto mediático en el cual las capacidades excepcionales de trabajo del presidente lo hacían asimilable a un ser de otro mundo, “a un animal de galaxia” como diría la “Canción del elegido” de Silvio Rodríguez. En él debíamos depositar toda la confianza y endosar todos los derechos constitucionales para que ese líder, el mesías, pudiera usarlos como a bien tuviera. “Y al fin bajo hacia la guerra…¡perdón!, quise decir a la tierra”, dice la canción de Silvio. Y en guerra nos mantuvo durante ocho años bajo el anhelo de lograr la paz. Pero la paz sigue aún esquiva, tanto en el campo como en la ciudad. Y un número creciente de jóvenes abandona las aulas para empuñar los fusiles, cada uno defendiendo sus propias causas, pero manteniendo al conjunto de la sociedad en constante zozobra por las balas que se cruzan a diario en las callejuelas de los barrios más humildes, matando niños inocentes en la tranquilidad de su cuna.

Con el mensaje de “si no es él, entonces quién”, los colombianos se fueron acostumbrando a aceptar dócil y acríticamente cada una de sus decisiones personales, tomadas espontáneamente en cada consejo comunitario, transmitido por la televisión en vivo y en directo o desde los Call Center como máximas expresiones de la democracia directa, o del Estado de Opinión, según José Obdulio Gaviria, el llamado “Goebbels” de la seguridad democrática.

Pero diferentes sectores de opinión fueron despertando poco a poco del sedante mediático desde cuando los jueces comenzaron a fallar en contra de los congresistas parapolíticos, o cuando se nombró un procurador general para pronunciarse en nombre de la comunidad católica y no de los intereses superiores del Estado contra los derechos de los homosexuales o de las mujeres para decidir la interrupción de los embarazos no deseados; y también cuando el procurador comenzó a suplantar a los jueces legítimos en los procesos judiciales de los amigos del gobierno. Luego llegaron los llamados “falsos positivos” como novedoso sistema de estímulos económicos en las FFAA, el descubrimiento de una fosa común en la Macarena con más de 2000 cuerpos baleados que apenas si recibió un tratamiento de segundo orden en los medios masivos de comunicación y la ausencia de explicaciones por parte del gobierno, el rechazo generalizado a la idea de convertir a los estudiantes en informantes y los decretos de emergencia económica y social para reformar la salud a imagen y semejanza de las EPS privadas.

Cuando ya habíamos superado cualquier capacidad para sorprendernos, llegó el fallo de la corte constitucional, “descubriendo” una veintena de irregularidades cometidas por los promotores del referendo que ya eran vox populi, tales como el aporte de dineros ilegales y la violación de los topes a la financiación de la campaña, el incumplimiento de los procedimientos trazados por la Comisión Nacional Electoral para el trámite de la iniciativa, el cambio de la pregunta del referendo por parte del Congreso de la República, y otra cantidad de irregularidades que no alcanzaríamos a reseñar en este corto espacio. Lo que verdaderamente sorprende es que para el Procurador General de la Nación estas irregularidades, algunas de las cuales constituyen delitos, eran simples asuntos de forma que no impedían el paso airoso de esta iniciativa por los controles constitucionales. Lo que sorprende es que ningún juez eleve cargos contra esos delincuentes de cuello blanco.

Algunos uribistas, tratando de cubrir el oso que hizo el procurador, justifican su decisión con el pretexto de que hay tantas interpretaciones legales como abogados. Pero no puede ser posible que la constitución política esté sometida a semejantes vaivenes. Más bien, tendremos que darle el crédito que se merece Marx cuando en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte describió con total maestría la ética burguesa al afirmar que ella crea el derecho, luego lo limita y posteriormente lo suprime. Lo crea como una posibilidad de disfrute para sí mismo sobre la idea del interés colectivo, lo limita cuando este disfrute del derecho por otras clases pone en peligro su propio goce como privilegio y lo suprime finalmente en nombre de la seguridad pública. Ahí está la esencia del modus operandi de la burguesía y las limitaciones mismas de la democracia.

No estoy muy seguro de la independencia de poderes en Colombia como pilar de la democracia, mucho menos cuando los responsables de los órganos del poder terminan siendo elegidos por el guiño del presidente. Lo cierto del caso es que por alguna suerte del destino no operaron las cadenas de oración en la Procuraduría para declarar la constitucionalidad del referendo; tal vez, otra cadena, la de las irregularidades y abusos cometidos por los uribistas con la anuencia del gobierno en los diferentes frentes que comentamos más arriba, generó un gran desgaste de opinión pública en la figura del presidente y su equipo, lo cual provocó el pronunciamiento final de la Corte Constitucional, constituyéndose en un juicio histórico por lo que ello representa para el mapa político y electoral de los próximos meses y el futuro de Colombia.

Lo cierto del caso es que la hegemonía de la seguridad democrática se ha venido a pique y hoy saludamos que por fin Álvaro Uribe finiquite su largo mandato y regrese con Lina y los niños a la hacienda El Ubérrimo a ejercer sus labores de capataz en los límites de su parcela. Pobre Lina.