A pesar de que la propia administración encargó al Arquitecto Gerardo Arias el diseño de un proyecto de centro comercial para consolidar la manzana en donde se construyó la estación del cable aéreo en el centro de la ciudad, éste quedó aplazado a la espera de inversionistas privados. Es una de las consecuencias prácticas de la fragmentación de los proyectos urbanos y la ausencia de una planeación integral.Por: Luis Fdo. Acebedo R
El derrumbe del Transporte Integrado de Manizales –TIM- a una semana de haberse inaugurado, es sólo la punta del iceberg del fracaso de toda una concepción sobre la manera de planear y gestionar unos proyectos urbanos que pudieron haberse inscrito dentro de la categoría de “inteligentes” pero que resultaron ser verdaderos “paquetes chilenos”, megaobras con saldos en rojo, tanto en términos financieros como cívicos y culturales.
Las administraciones de Luis Roberto Rivas y Juan Manuel Llano, pusieron un especial énfasis en un concepto de gobernabilidad según los principios rectores del mercado, traducido en unas actuaciones públicas a favor de las empresas privadas. Sería injusto asimilar este concepto a lo que se conoce hoy en día como gobernanza. Son créditos que no se merecen, porque lo suyo es una mera vulgarización de una categoría de análisis mucho más compleja que involucra al sector público con el sector privado en redes horizontales de cooperación, complementariedad e intercambio en torno a la competitividad de las ciudades. Aunque no comparto la idea de convertir la gestión pública en una feroz carrera por la competitividad de los mercados, sí considero conveniente la búsqueda de alianzas entre los sectores públicos y privados para lograr propósitos de interés general y colectivo, tal y como lo concibe la ley de desarrollo territorial.
La Real Academia de la Lengua define la gobernanza como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Ciertamente se refiere a ideales de co-dirección, co-gestión y conducción (Brand, Prada, 2003) que han quedado prácticamente ausentes en la planeación-gestión de los proyectos y macroproyectos urbanos desarrollados en los últimos años por las administraciones municipales de Manizales.
Luego de que la ciudadanía rechazara categóricamente a los caciques electorales que por tanto tiempo administraron la ciudad de Manizales y el Departamento a partir de la corrupción, las clientelas y el CVY (Cómo Voy Yo ahí), se dio paso a una suerte de tecnócratas, o mejor, a políticos con formación de gerentes. En un principio, este giro fue apoyado por la ciudadanía como una manera de salirle al paso a las formas más arcaicas de gobierno. Pero superado el primer escoyo y luego de varios años de ejercicio por parte de los tecnócratas, los ciudadanos han puesto serios reparos a esa particular manera de gobernar la ciudad entregándole a los privados parte de los poderes y funciones públicas, junto con cuantiosos recursos financieros, en nombre de la eficiencia y la transparencia del gasto. Estas medidas no han dejado de ser alternativas ingeniosas para prorrogar por nuevos medios, la corrupción y el clientelismo.
Los ejemplos son muchísimos. Por su carácter más reciente resaltaría los proyectos de vivienda de interés social, el “Paseo de los Estudiantes”, el macroproyecto San José, el Cable Aéreo, los Call Center, el TIM, entre otros. Si se estudian con detenimiento estos proyectos, casi todos tienen un mismo patrón de comportamiento:
- Se asignan contratos a dedo o se crean empresas mixtas administradas por particulares y a favor de los intereses privados.
- Se debilitan los mecanismos de participación ciudadana o se suprimen. En el mejor de los casos se habilitan instrumentos de socialización e información.
- Se basan en estudios técnicos para legitimar los proyectos, pero generalmente se ignoran sus recomendaciones, especialmente cuando afectan los intereses privados. Estos últimos terminan por imponer sus conceptos y criterios en detrimento del interés público y colectivo.
- Se niega la posibilidad de participación de las comunidades en la estrategia de gestión (gestión asociada), especialmente de los pequeños propietarios. El Estado asume una costosa tarea de compra de los inmuebles para luego entregarlos saneados y a precios de feria a los promotores inmobiliarios, empresas privadas y sector financiero. Es por lo tanto, expulsor de la población más pobre en pro de una reapropiación de sectores sociales medios y altos.
- Son proyectos que se fraccionan, tanto en términos de planeación como de gestión, afectando el manejo unitario, integrado y sostenible, lo cual se traduce en sobrecostos, soluciones incompletas y deficitarias, perjudicando sensiblemente al ciudadano, usuario de los equipamientos y servicios que se ofrecen. Por lo general sólo se desarrollan los sectores más rentables del proyecto, aplazando indefinidamente las áreas que les representan gastos.
- El énfasis está en la rentabilidad del proyecto y no en la elevación de la calidad de vida de la población. Muchos menos en la producción sostenible de la ciudad porque su verdadero proyecto es la anticiudad.
- El tratamiento de terroristas para las legítimas protestas de los ciudadanos, ante tantos atropellos al pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y legales en la construcción de ciudad.
Lo paradójico de todo ello es que en Colombia existen las leyes que obligan a hacer todo lo contrario de estas prácticas, es decir, obligan a concebir el urbanismo, la planeación y el ordenamiento territorial como funciones públicas en procura de defender el interés colectivo, estimulan la gestión asociada de los proyectos, facilitan la participación social, promueven la repartición equitativa de las cargas y los beneficios, obligan a la protección del medio ambiente, etc. Lo que sucede es que desde el nivel central, es decir, desde la presidencia, las prácticas han sido contrarias al derecho y a la constitución política, lo cual ha dado patente de corso para que sus áulicos del nivel departamental y municipal se sientan con la fuerza suficiente para imitarlo.
Al cierre de esta columna, conocimos que la Corte Constitucional también declaró inexequible la disposición que le otorgaba al gobierno nacional la facultad de diseñar macroproyectos de inversión social. Ya habíamos advertido sobre la ilegalidad de estas medidas cuando el 1° de noviembre de 2009 publicamos un caleidoscopio titulado “MINS: Más subsidios pero para los ricos de la ciudad”. Allí nos hicimos la siguiente pregunta: “¿Acaso no estamos frente al empleo amañado del instrumento MINS que configura, además, un uso ilegal?”. La Corte Constitucional ha interpretado una vez más nuestra indignación. Pero eso poco importa a los gobernantes locales, para quienes la aprobación del Macroproyecto San José por el gobierno nacional y su nivel de desarrollo actual, lo legitiman. La verdad es que otro juez de la república, apegado a las leyes y a la constitución, debería tomar la decisión de paralizar este proyecto.
La ciudad durará varios años en recuperarse de los costos y las frustraciones que dejará un estilo particular de gobierno de lo público a partir de las lógicas y los intereses del sector privado. Sólo queda hacer votos porque los jueces sigan ejerciendo el control legal y la ciudadanía continúe haciendo uso de sus derechos de expresión para echar para atrás semejantes abusos de autoridad.
El derrumbe del Transporte Integrado de Manizales –TIM- a una semana de haberse inaugurado, es sólo la punta del iceberg del fracaso de toda una concepción sobre la manera de planear y gestionar unos proyectos urbanos que pudieron haberse inscrito dentro de la categoría de “inteligentes” pero que resultaron ser verdaderos “paquetes chilenos”, megaobras con saldos en rojo, tanto en términos financieros como cívicos y culturales.
Las administraciones de Luis Roberto Rivas y Juan Manuel Llano, pusieron un especial énfasis en un concepto de gobernabilidad según los principios rectores del mercado, traducido en unas actuaciones públicas a favor de las empresas privadas. Sería injusto asimilar este concepto a lo que se conoce hoy en día como gobernanza. Son créditos que no se merecen, porque lo suyo es una mera vulgarización de una categoría de análisis mucho más compleja que involucra al sector público con el sector privado en redes horizontales de cooperación, complementariedad e intercambio en torno a la competitividad de las ciudades. Aunque no comparto la idea de convertir la gestión pública en una feroz carrera por la competitividad de los mercados, sí considero conveniente la búsqueda de alianzas entre los sectores públicos y privados para lograr propósitos de interés general y colectivo, tal y como lo concibe la ley de desarrollo territorial.
La Real Academia de la Lengua define la gobernanza como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Ciertamente se refiere a ideales de co-dirección, co-gestión y conducción (Brand, Prada, 2003) que han quedado prácticamente ausentes en la planeación-gestión de los proyectos y macroproyectos urbanos desarrollados en los últimos años por las administraciones municipales de Manizales.
Luego de que la ciudadanía rechazara categóricamente a los caciques electorales que por tanto tiempo administraron la ciudad de Manizales y el Departamento a partir de la corrupción, las clientelas y el CVY (Cómo Voy Yo ahí), se dio paso a una suerte de tecnócratas, o mejor, a políticos con formación de gerentes. En un principio, este giro fue apoyado por la ciudadanía como una manera de salirle al paso a las formas más arcaicas de gobierno. Pero superado el primer escoyo y luego de varios años de ejercicio por parte de los tecnócratas, los ciudadanos han puesto serios reparos a esa particular manera de gobernar la ciudad entregándole a los privados parte de los poderes y funciones públicas, junto con cuantiosos recursos financieros, en nombre de la eficiencia y la transparencia del gasto. Estas medidas no han dejado de ser alternativas ingeniosas para prorrogar por nuevos medios, la corrupción y el clientelismo.
Los ejemplos son muchísimos. Por su carácter más reciente resaltaría los proyectos de vivienda de interés social, el “Paseo de los Estudiantes”, el macroproyecto San José, el Cable Aéreo, los Call Center, el TIM, entre otros. Si se estudian con detenimiento estos proyectos, casi todos tienen un mismo patrón de comportamiento:
- Se asignan contratos a dedo o se crean empresas mixtas administradas por particulares y a favor de los intereses privados.
- Se debilitan los mecanismos de participación ciudadana o se suprimen. En el mejor de los casos se habilitan instrumentos de socialización e información.
- Se basan en estudios técnicos para legitimar los proyectos, pero generalmente se ignoran sus recomendaciones, especialmente cuando afectan los intereses privados. Estos últimos terminan por imponer sus conceptos y criterios en detrimento del interés público y colectivo.
- Se niega la posibilidad de participación de las comunidades en la estrategia de gestión (gestión asociada), especialmente de los pequeños propietarios. El Estado asume una costosa tarea de compra de los inmuebles para luego entregarlos saneados y a precios de feria a los promotores inmobiliarios, empresas privadas y sector financiero. Es por lo tanto, expulsor de la población más pobre en pro de una reapropiación de sectores sociales medios y altos.
- Son proyectos que se fraccionan, tanto en términos de planeación como de gestión, afectando el manejo unitario, integrado y sostenible, lo cual se traduce en sobrecostos, soluciones incompletas y deficitarias, perjudicando sensiblemente al ciudadano, usuario de los equipamientos y servicios que se ofrecen. Por lo general sólo se desarrollan los sectores más rentables del proyecto, aplazando indefinidamente las áreas que les representan gastos.
- El énfasis está en la rentabilidad del proyecto y no en la elevación de la calidad de vida de la población. Muchos menos en la producción sostenible de la ciudad porque su verdadero proyecto es la anticiudad.
- El tratamiento de terroristas para las legítimas protestas de los ciudadanos, ante tantos atropellos al pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y legales en la construcción de ciudad.
Lo paradójico de todo ello es que en Colombia existen las leyes que obligan a hacer todo lo contrario de estas prácticas, es decir, obligan a concebir el urbanismo, la planeación y el ordenamiento territorial como funciones públicas en procura de defender el interés colectivo, estimulan la gestión asociada de los proyectos, facilitan la participación social, promueven la repartición equitativa de las cargas y los beneficios, obligan a la protección del medio ambiente, etc. Lo que sucede es que desde el nivel central, es decir, desde la presidencia, las prácticas han sido contrarias al derecho y a la constitución política, lo cual ha dado patente de corso para que sus áulicos del nivel departamental y municipal se sientan con la fuerza suficiente para imitarlo.
Al cierre de esta columna, conocimos que la Corte Constitucional también declaró inexequible la disposición que le otorgaba al gobierno nacional la facultad de diseñar macroproyectos de inversión social. Ya habíamos advertido sobre la ilegalidad de estas medidas cuando el 1° de noviembre de 2009 publicamos un caleidoscopio titulado “MINS: Más subsidios pero para los ricos de la ciudad”. Allí nos hicimos la siguiente pregunta: “¿Acaso no estamos frente al empleo amañado del instrumento MINS que configura, además, un uso ilegal?”. La Corte Constitucional ha interpretado una vez más nuestra indignación. Pero eso poco importa a los gobernantes locales, para quienes la aprobación del Macroproyecto San José por el gobierno nacional y su nivel de desarrollo actual, lo legitiman. La verdad es que otro juez de la república, apegado a las leyes y a la constitución, debería tomar la decisión de paralizar este proyecto.
La ciudad durará varios años en recuperarse de los costos y las frustraciones que dejará un estilo particular de gobierno de lo público a partir de las lógicas y los intereses del sector privado. Sólo queda hacer votos porque los jueces sigan ejerciendo el control legal y la ciudadanía continúe haciendo uso de sus derechos de expresión para echar para atrás semejantes abusos de autoridad.
Felicitaciones por esta columna.
ResponderEliminar"El tratamiento de terroristas para las legítimas protestas de los ciudadanos, ante tantos atropellos al pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y legales en la construcción de ciudad". Ha sido la parte que más me ha sulfurado de todo el texto, porque yo asistí a la marcha pacífica en contra del TIM y aunque no pude quedarme porque, Primero: Desde el comienzo de este sistema de transporte, no estuve de acuerdo con él por lo que me abstuve completamente de comprar la tarjeta y preferí caminar, y Segundo: debido a la lluvia la gente se dispersó y yo no tenía paraguas así que tuve que irme. La protesta fue una reacción justa, y para mi fue muy triste percatarme una vez más que la policía no es más que una entidad PRIVADA que estuvo ahí para escoltar al alcalde y darle salida rápida y creer que los restantes, nosotros los CIUDADANOS, éramos unos "terroristas".
Al día siguiente en la radio, escuché cómo alguien -no alcancé a saber quién era la persona, pero era de gran autoridad en Manizales- decía que los que estábamos allí en los disturbios ocasionados, éramos jóvenes "marihuaneros" que estábamos "completamente drogados".
No éramos nosotros los que teníamos armas, no habían siquiera los dichosos elementos de los que se valen algunos protestantes en universidades públicas a veces. En la protesta habían niños y persona de edad, jóvenes casi no habían en comparación con las personas de otras edades.
Agradezco su columna, porque no tenía muy claro los estatus de nuestros gobernantes ni cómo han sido a través de la historia Manizaleña. Este año va a ser la primera vez que vote, a pesar de que podía hacerlo desde hace 4 años. Sería interesante -y mucho- si algún día se respetaran las leyes; sin embargo nunca dejo de preguntarme, ¿serán las cosas según desde el ángulo del que se miren?
Creo que el fracaso del teleferico (cable aereo para vosotros) es el concepto en si mismo. Un teleferico no es un metodo de transporte serio. Solo caben 10 personas por cabina y se tarda 14 minutos en recorrer 1,7 km. Es decir que casi se tarda un minuto por cada 100 m debido a la escasa velocidad (5 m/s). Yo he estado en Manizales varias veces, es la mejor ciudad que visto de Colombia pero un teleferico es una tomadura de pelo. Tanto como lo es el MIO, Megabus, Transmilenio etc. Os venden como avances medios de transporte obsoletos e ineficaces. En Madrid (España) tenemos un teleferico pero se concibe como uso recreativo para ver la panoramica de la ciudad. Os tienen engañado, que dejen de hacer chapuzas en Colombia y os pongan transporte de verdad. Los tranvias creo que serian el medio perfecto por eficacia y coste. Lo ideal seria el metro (no eso de Medellin que es un tren elevado que ha sepultado las calles bajo un amasijo de hierros) pero es muy caro construir tuneles...
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