26 de julio de 2010

Terminal sin terminar.

Por Luis Fdo. Acebedo R

Hace más de un año que está en funcionamiento la nueva Terminal de Transportes Intermunicipales de la ciudad de Manizales en el sector de Los Cámbulos, sin mayores avances en la culminación definitiva del proyecto. El esfuerzo de los arquitectos e ingenieros por diseñar una obra de apariencia moderna se ha visto opacada por la decisión de la administración municipal de abrirla al público sin terminar, por lo cual no ha permitido valorar este proyecto arquitectónico y urbanístico en su real dimensión y alcances.

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Aspecto panorámico del área de espera de la Terminal Intermunicipal de Manizales.

Internamente, los espacios generosos de la sala de espera expresan una ausencia de mobiliario adecuadamente dispuesto para recibir a los viajeros. Las sillas se encuentran tiradas aquí y allá, no hay cestas de basura, mucho menos pantallas informativas que den cuenta de las horas de llegada o salida de las rutas; las puertas de salida no se encuentran debidamente señalizadas para reconocer las empresas que prestan el servicio o el lugar de abordaje de los pasajeros según su destino. Nada contribuye a la prestación adecuada del servicio del transporte como le corresponde a una Terminal intermunicipal de pasajeros recién inaugurada en donde se esperaría el cumplimiento de los máximos estándares nacionales e internacionales para la operatividad de este tipo de equipamientos.

Las plataformas de acceso a los buses intermunicipales siguen siendo lodazales que en períodos de invierno como los que estamos atravesando se convierten en verdaderos dolores de cabeza para los usuarios y conductores de los vehículos. Ellos deben acudir al ingenio y la iniciativa “paisa” para buscar soluciones inmediatas como por ejemplo, llenar los huecos a pico y pala para evitar estropear sus maquinas y brindar algo de seguridad al abordaje de los pasajeros.

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Trabajos de mantenimiento de las plataformas de abordaje de taxis y microbuses a cargo de los conductores de servicio público.

Las obras de urbanismo asociadas a la seguridad y al confort de los peatones definitivamente no llegan, dejando a los usuarios a merced de las inclemencias del tiempo o sometidos a la constante amenaza de un accidente de tránsito.

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A la derecha, cruce a nivel sobre la Avenida Panamericana (Regional) sin semaforización para peatones. A la izquierda, aceras peatonales que terminan en cualquier parte, poniendo en peligro a los peatones.

Entre tanto, el mercado inmobiliario en los alrededores de la Terminal de Transportes comienza a reaccionar lentamente, tal vez por el hecho de que a un año largo de haberse inaugurado, este proyecto sigue inconcluso o en obra negra. De manera espontánea, van apareciendo pequeños negocios, algunas ofertas hoteleras de dudosa calidad, servicios al transporte, entre otros. Todos ellos van presagiando la suerte que le espera a un sector históricamente residencial sometido a las presiones de los particulares por los cambios de usos.

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A la izquierda, nuevos usos del suelo en los barrios residenciales contiguos a la Terminal de Transporte. A la derecha, lote habilitado como parqueadero del parque automotor de la Terminal y al fondo, uno de los primeros hoteles improvisados en el segundo piso de un restaurante.

imageUna triste sorpresa me llevé cuando recientemente visité como usuario estos equipamientos. El parqueadero externo, abierto al público, está sin pavimentos, ni señalización e iluminación; sencillamente un potrero de arena afirmada. Aún así, esta realidad no podría inquietarme puesto que ha sido una constante la entrega incompleta de las infraestructuras públicas por parte de esta administración. La verdadera sorpresa fue encontrarme con unos estacionamientos en donde resulta imposible parquear un vehículo porque no cuentan con las mínimas medidas requeridas. Los hay de 1,50 o de 2 metros de ancho, para el caso es lo mismo. Los ciudadanos desconcertados intentan infructuosamente utilizar estos parqueaderos rayando sus vehículos contra los andenes o golpeando a los otros carros estacionados. Es verdaderamente una ofensa a la inteligencia colectiva y una estafa al erario público.

Si las autoridades municipales aún no han sido capaces de entregar esta obra pública completamente terminada, adecuadamente dotada y con los estándares de calidad que se requieren, mucho menos podrá liderar los procesos de reordenamiento y planificación de los usos del suelo del sector para evitar su deterioro paulatino y progresivo. Sólo a estas últimas administraciones le cabe la responsabilidad histórica de haber construido unas nuevas infraestructuras que en vez de provocar la cualificación de los espacios públicos propios y adyacentes, signifique su deterioro progresivo, aún antes de haberlas terminado. La administración de Juan Manuel Llano en particular, bien podría caracterizarse como la de “la primera etapa”, con lo cual se intenta ocultar la improvisación y el mal gobierno de la ciudad.

18 de julio de 2010

El medio ambiente y la reorganización de los ministerios.

 

Vacaciones 2009 243

Por: Luis Fdo. Acebedo R

El presidente electo Juan Manuel Santos ha anunciado la división del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT- en dos nuevos ministerios, a saber: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio. La alternativa aparentemente se ha justificado por el interés de devolverle la autonomía a los temas ambientales para abordarlos especialmente desde la perspectiva ecológica, ahora que ya nadie parece ignorar la degradación de los conflictos ambientales en el mundo y por supuesto en Colombia por cuenta de unos modelos de desarrollo totalmente insostenibles. Para el efecto, se ha designado a la bióloga Sandra Bessudo como nueva Ministra de esa cartera, quien se ha dedicado a la protección de la biodiversidad en algunos ecosistemas marinos a través de su Fundación Malpelo.

Del ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial se ha hablado poco, excepto por el  interés del nuevo gobierno de darle un nuevo impulso a los proyectos de vivienda, un tema en el que se vienen rajando todos los gobiernos desde hace varias décadas, toda vez que la construcción de nuevas soluciones habitacionales siembre ha sido inferior al crecimiento exponencial de la demanda por cuenta de su ligazón y dependencia del sistema financiero privado. No en vano, se anunció la designación de Beatriz Uribe, asidua representante de los promotores inmobiliarios desde hace varios años, como Ministra de esta nueva cartera, con lo cual las inquietudes se multiplican.

Habrá que esperar la manera como se implementarán estas medidas pues los simples compromisos de campaña electoral no son garantía de cambios importantes en los temas del ordenamiento ambiental y territorial de la nación y las regiones. De hecho, los primeros anuncios dejan más preocupaciones que buenas expectativas, sobre todo cuando comienzan a develarse los nuevos proyectos mineros a cielo abierto y la posibilidad de convertir a Colombia en un exportador neto de recursos naturales en un mundo globalizado que compite por conocimiento e innovación. Como se sabe, los inversionistas privados odian cualquier tipo de regulación que implique el uso de tecnologías orientadas a mitigar los impactos ambientales, a proteger la biodiversidad y las fuentes de agua. Y obviamente, los gobiernos han preferido la seguridad jurídica para la protección del capital extranjero y no la sostenibilidad ambiental para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las especies animales y vegetales, incluyendo la humana.

La creación del MAVDT en el gobierno que declina, por ejemplo, fue anunciada como una posibilidad de lograr una mayor integración entre medio ambiente y desarrollo con criterios de sostenibilidad, más sin embargo, resultó todo lo contrario: Un ministerio de segunda categoría completamente laxo en los asuntos ambientales, más orientado a promover la explotación irracional de los recursos naturales y la desregulación en materia de ordenamiento territorial, debilitando los POT municipales al punto de superponerles los Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- como instrumentos centralizados,  y autoritarios de mayor jerarquía. Se impuso la “confianza inversionista” sobre la sostenibilidad ambiental y con ello se borró de  un tajo los avances alcanzados en la constitución de 1991, haciendo de estos últimos y largos años una década perdida en procura de lograr ciudades y territorios sostenibles.

Sólo queda esperar que el Pacto Ambiental Colombiano que suscribieron los precandidatos presidenciales y que ahora compromete al electo presidente Santos, sea inspirador de las reformas que se prevén en esta materia y que no sea uno más de los compromisos políticos de campaña que se abandonan cuando comienzan a gobernar. El compromiso, como dice el pacto de marras es “ir reemplazando un modelo de desarrollo insostenible por otro que coloque la sostenibilidad como el empeño primordial de la sociedad colombiana y de su gobierno”. La verdad es que quizás el primer paso no sea de orden organizativo como la creación de dos nuevos ministerios, sino el debate en torno a ese nuevo modelo de desarrollo, que por lo que se ha anunciado, no tendrá lugar en el nuevo gobierno al declararse continuador del que tanto daño le hizo a la sostenibilidad ambiental en los últimos años.

 

 

9 de julio de 2010

Mérida: universidad + parque tecnológico + zona libre.

       
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Localización de la ZOLCCYT en el Estado de Mérica. Fuente: ZOLCCYT, 2006

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

En Venezuela se desarrollan varios proyectos relacionados con Parques Tecnológicos: En Caracas, la Universidad Simón Bolívar impulsa con empresas del sector privado el Parque Tecnológico de Sartenejas; en Mérida, la Universidad de Los Andes (ULA) hace lo propio con el Parque Tecnológico de Mérida; también hay experiencias en Barquisimeto y en Maracaibo, esta última con la Universidad del Zulia.

La experiencia más relevante y consolidada de este país es, sin duda, la de Mérida, una ciudad intermedia, anclada en la cordillera de los Andes, con muy baja presencia industrial[1], retirada de aeropuertos de relevancia internacional y con dificultades topográficas para acceder rápidamente al Golfo de Maracaibo en donde se encuentra el Puerto Marítimo más cercano.

A pesar de estas características, para nada prototípicas de las condiciones exigidas por la globalización de los mercados para poder ingresar a la sociedad del conocimiento, Mérida cuenta con más de una década en el desarrollo de una política para promover la Ciencia y la Tecnología dentro de sus territorios. Su principal baluarte es el capital humano, es decir, casi 60 mil estudiantes; 14 instituciones universitarias; 176 centros, laboratorios y centros de investigación y desarrollo humanístico, científico y tecnológico; la formación de 500 ingenieros de alta calidad al año aproximadamente; la concentración de 1600 de los 5400 investigadores que disponía el país en el año 2004 en las áreas de ciencia, tecnología y humanidades (30% del total nacional) y el liderazgo académico y social de la ULA en la ciudad[2].

Fue así como la ULA comenzó a promover la creación de un Parque Tecnológico (PT) desde la década de los años 60 del siglo pasado. Finalmente, a mediados de los años 90, un grupo de profesores con el apoyo de la Universidad, el auspicio de la OEA y el CONICIT, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, lograron materializar el proyecto bajo la idea de hacer una “fábrica de fábricas”. A esta iniciativa, se le sumó la aprobación del Congreso de la República de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica (ZOLCCYT) del Estado de Mérida, en el año 1995.

De esta manera se crearon unas bases aparentemente sólidas para abordar un proyecto estratégico en el cual están involucrados la Universidad de Los Andes, con una fuerte presencia física y académica en diferentes partes de la ciudad; el PT, localizado en el centro de la ciudad, con empresas orientadas a la producción y desarrollo de software, biotecnología, biomecánica, biomedicina, cálculo científico, entre otras; y la Zona Libre, localizada en el área metropolitana de Mérida y a lo largo de cuatro (4) municipios que abarcan 2.632 Km2 conformando un estrecho valle rodeado de montañas, lo cual facilita su control territorial. Son los municipios de Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina del Estado Mérida que corresponden al 23,2% de su superficie. Se diferencia de una Zona Franca, entre otros aspectos, porque no es un espacio físico cerrado y tiene como propósito el desarrollo y afianzamiento de la soberanía cultural, científica y tecnológica del país.

Aún así, parece que las características políticas actuales de Venezuela han dificultado el desarrollo de sinergias entre cada uno de los sectores – especialmente entre la ULA y los gobiernos municipal y estadal - por las contradicciones que existen entre ellos. Los líderes del PT sostienen que es muy precario el apoyo de la ULA, aunque esta última haya donado un predio en la sede de La Hechicera para el desarrollo de un edificio de 8mil m2 que aún no ha culminado; sin embargo, no hay participación de estudiantes dentro del PT, por ejemplo. La academia critica la Zona Libre por estar controlada por el Gobierno del Estado y la Nación. Tanto la Universidad como el PT lamentan el desinterés del gobierno municipal en torno a este proyecto de ciudad y territorio. El municipio aduce falta de recursos.

Recientemente, la ciudad inauguró “Trolmerida”, un sistema masivo de transporte tipo trolebús articulado que combina un motor eléctrico con otro de combustible diesel. La solución ha sido fuertemente criticada por la academia local, entre otros factores porque ignoró estudios e investigaciones que se han venido perfeccionando desde los años 60 por varios grupos de investigación de la ULA encabezados por el profesor Alberto Serra-Valls, y orientados a desarrollar un tren electromagnético (TELMAG)[3] que no requiere fricción mecánica para su propulsión. Estas tecnologías endógenas, amigables con el medio ambiente tienen un nivel muy consolidado de desarrollo; sin embargo, no han recibido el suficiente apoyo institucional para su puesta en práctica.

Desde el punto de vista espacial, estas contradicciones y dificultades han llevado a la ausencia de un proyecto territorial que le permita a Mérida consolidarse como ciudad y territorio del Conocimiento, pese a tener condiciones muy favorables para ello.


[1] En el año 2001 había 591 empresas industriales en el Estado Mérida. El 28,26% estaban dedicadas a la rama de alimentos, bebidas y tabaco. El 17,17% en textiles e industria de cueros. Otras ramas destacadas son: Madera incluido Muebles (15,4%), Productos metálicos, maquinaria y equipo (14,38%). Fuente: ZOLCCYT, 2006.

[2] Una expresión simbólica de la presencia social de la ULA en la ciudad es la localización del Rectorado de la Universidad en uno de los edificios más antiguos y representativos de la Plaza de Bolívar. La Alcaldía de Mérida, en cambio, tiene sus oficinas descentralizadas.

[3] Cfr: http://es.wikipedia.org/wiki/TELMAG