30 de julio de 2009

Cuando el ordenamiento territorial llegó a la enseñanza de la arquitectura

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Al comenzar el siglo XXI era casi imposible hablar de odenamiento territorial en la enseñanza de la arquitectura en Colombia. Hoy, no sólo se ha generalizado en los contenidos curriculares, sino que se convirtió en un tema de enorme importancia en la práctica profesional. La incursión de estos conocimientos en el pensum de la carrera no vino sola, ni se debió al esfuerzo obstinado de algunos profesores por capacitar a sus estudiantes en unos temas que la práctica profesional estaba demandando con mayor fuerza. En realidad obedece a una serie de factores que comenzaron a actuar sistemáticamente y que las estructuras rígidas de la academia no lograban reconocer con la suficiente celeridad. Quizás los más importantes son:

- La crisis ambiental como producto de la transformación de un mundo rural en otro basado en ciudades.

- La revaloración del sentido de lo público como determinante fundamental de la ciudad y el urbanismo, y la mayor conciencia del Estado por retomar su liderazgo.

- La crisis urbana en Colombia, derivada del agotamiento del modelo desregularizado del desarrollo predio a predio.

- La aprobación de la Ley 388/97 o Ley de Ordenamiento Territorial y la necesidad de contar con profesionales capacitados para su implementación en los municipios colombianos.

- La presión cada vez más creciente por renovar el currículo de la enseñanza de la Arquitectura cuyos contenidos y metodologías han permanecido casi inmodificables desde la aprobación del primer programa de arquitectura en Colombia en la década de los años 30.

- La aparición de los primeros programas de formación posgradual en temas de urbanismo, planeación, ordenamiento territorial y medio ambiente en Colombia, luego de un largo período en que sólo un selecto número de profesionales de la arquitectura podían formarse en el exterior al nivel de maestrías o doctorados, a excepción del posgrado en Planeación Urbano-Regional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, fundado en la década de los 60.

- La diversificación de los campos de acción de los profesionales de la arquitectura que les ha demandado nuevos conocimientos y competencias.

Podríamos detenernos en ahondar la incidencia que cada uno de estos factores ha tenido en la enseñanza de la arquitectura, pero esto sería tema de otro escrito. Más bien, nos interesa constatar que al comenzar el siglo XXI se evidenció la necesidad de abrir los campos de estudio y sus posibilidades de proyección. En efecto, todos estos cambios en el contexto internacional, nacional y local, abrieron la discusión sobre la enseñanza de la arquitectura, y particularmente, sobre la conveniencia de superar la idea tradicional de formar un profesional orientado a la proyectación del edificio como objeto de análisis y núcleo de la profesión, a otra mucho más compleja y exigente para los nuevos tiempos, como la de abrirse al reconocimiento de la diversidad de áreas del actuación que el propio ejercicio profesional estaba generando.

Los cambios de eje en la enseñanza y el ejercicio profesional: Un antídoto contra la crisis de la arquitectura.

En la búsqueda de esos cambios se trataba de preguntarse si el eje de la arquitectura continuaba siendo el restringido campo del oficio en torno al diseño arquitectónico, o si por el contrario, ante la academia se desplegaba un sinnúmero de posibilidades de actuación del arquitecto que van desde el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en los diferentes campos del ejercicio profesional, pasando por las múltiples metodologías para abordar el proyecto, según la escala de análisis y de actuación, hasta la necesidad de reclamar un nuevo estatuto ético que ponga a la profesión en situación de igualdad con otras disciplinas en la generación de políticas públicas para cada uno de sus ámbitos de actuación. En últimas, el debate conducía hacia la posibilidad de reconocer o no una cierta mayoría de edad de la arquitectura, tanto a nivel profesional como disciplinar.

Lamentablemente, es muy posible que aún estemos en el escenario de un adulto que se niega a reconocer su condición y continúa bajo el abrazo protector de otras disciplinas en cuanto a sus preocupaciones epistemológicas y ontológicas, o peor aún, en franca dependencia con un ser asexuado llamado “cliente” que marca el devenir de la arquitectura en función de unos principios éticos ajenos a la disciplina, ligados a los intereses del capital y del mercado. Sin embargo, justo es reconocer que hay perspectivas promisorias de superación de tal estado de cosas.

Es precisamente el cambio de eje, de lo privado a lo público, o mejor, del edificio a la ciudad, que la arquitectura ha comenzado a salir de su propia crisis. Es en torno a la perspectiva de orientar la arquitectura hacia la solución de problemas complejos como máxima expresión del aporte de la profesión al interés general, público y colectivo, por donde comienzan a evidenciarse los caminos para trascender del oficio a la profesión y de ésta a la disciplina con sus propios estatutos teóricos y metodológicos.

Que no nos de temor abordar esos nuevos retos.

30/07/09

24 de julio de 2009

Arquitectura y soberanía

Restaurante en las playas de Juanchaco, Colombia.

Un grito desesperado por la dignidad de Colombia

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

¿Y qué tiene que ver arquitectura con soberanía?, preguntarán mis colegas. Yo diría que mucho, sobre todo si trasladamos nuestros recuerdos hasta hace dos décadas, un tiempo fugaz en el devenir de Colombia. No olvidamos el instante en que una escuelita y un puesto de salud construidos en Juanchaco y Ladrilleros -dos pequeñas aldeas en las costas del mar pacífico colombiano- echaron por la borda los sueños de democracia, soberanía y libertad consagrados en la reforma constitucional de 1991. Seis años después de que se abriera esa luz de esperanza para lograr la paz interna mil veces negada, se frustraron los sueños para miles de demócratas colombianos, entre los cuales me incluyo. En efecto, al finalizar esa década (1997) se reformó la constitución con dos temas fundamentales, la aprobación -una vez más- de la extradición de colombianos hacia EEUU, y la prohibición de la expropiación por motivos de utilidad pública e interés general, para devolver la “seguridad jurídica” a los capitales extranjeros. Un anticipo de lo que luego sería llamado eufemísticamente “la confianza inversionista” por parte del actual gobierno.

En 1998 esta reforma comenzó a tener sus primeros efectos. Un puñado de militares norteamericanos, aparentemente inofensivos, algunos vestidos de “contratistas”, salieron de la base Clayton en Panamá y desembarcaron en nuestras costas en un típico acto de colonización. Uno más. Trajeron médicos, ingenieros, saltimbanquis y peluqueros, donaron almuerzos y mercaditos a unas poblaciones históricamente olvidadas por el Estado colombiano. Y por supuesto, construyeron la escuelita y el puesto de salud como prolegómeno para ocupar la base militar de Málaga y hacer la pista aérea.

No intervinieron ni arquitectos, ni urbanistas, ni curadores urbanos en la selección del lugar o en los diseños de tales equipamientos, porque seguramente se aplicaron los mismos criterios contemplados en el Convenio de Manta (Ecuador), cuado se advierte que "estas actividades estarán excentas de permisos de construcción y tasas que prevé la legislación de la República del Ecuador". Tal vez ni existan planos que los respalden. Hoy el puesto de salud está cerrado por falta de equipos y la escuelita a duras penas se sostiene. Entre tanto, en la base militar y el aeropuerto se han ido instalando otros equipos altamente sofisticados para combatir el narcotráfico y de paso, hacer inteligencia geoestratégica en la región.

Dicen los historiadores que el gobierno norteamericano pagó al colombiano 25 millones de dólares de compensación por la segregación de Panamá y la posterior adquisición de los derechos sobre el Canal. Por su parte, el nuevo país debió aceptar por un siglo la presencia permanente de militares norteamericanos, controlando al canal y a los panameños. No sin resistencias, por supuesto. Posteriormente, los norteamericanos crearon en Panamá la tristemente célebre Escuela de Las Américas donde se formaron todos los dictadores que anegaron de sangre el suelo de Centro y Suramérica durante casi toda la segunda mitad del siglo XX.

Por contraste, en Colombia, la construcción de la escuelita y el puesto de salud en 1998, fue suficiente para pretender convertir al país, una década después, en una gigantesca base militar norteamericana policéntrica, luego de que los ecuatorianos, en un acto de soberanía y dignidad, suspendieran el convenio de ocupación de la base de Manta. Entonces, EEUU ofreció a Colombia la posibilidad de trasladar sus equipos militares a tres bases colombianas, Malambo en la costa norte, Palanquero a 100 kms de Bogotá y Apiay en el Meta.

Como anticipo de la toma militar de la base de Malambo, los ingenieros norteamericanos ya terminaron de construir otra escuelita y de ñapa un jardín infantil en una de las zonas más pobres y marginadas de Cartagena. Tampoco requirieron de permisos de construcción ni se asesoraron de un profesional competente para sus diseños arquitectónicos y constructivos.

Dicen también las noticias que el gobierno colombiano en un acto de gratitud por los favores recibidos, ofreció otras bases militares más, las de Larandia en Caquetá, Tolemaida en Tolima y Málaga en Buenaventura; en este último caso, el gobierno colombiano no tiene intensiones de reclamar nuevos recursos para garantizar el mantenimiento de la escuelita y el puesto de salud para no ponerle más arandelas a la firma del convenio. En todas ellas ya hay presencia militar norteamericana, así como en Puerto Carreño (Vichada) y Tres Esquinas (Caquetá) en donde sus radares monitorean el continente.

Una mentirilla piadosa de los gringos fue advertir que no se inmiscuirían en el conflicto interno colombiano. Hoy ese conflicto dejó de ser interno por las siguientes razones en las que han estado comprometidos personal civil y militar norteamericano: Cuando tres “contratistas” norteamericanos que hacían labores de inteligencia cayeron en las selvas colombianas y fueron apresados por un grupo subversivo; cuando la tristemente célebre United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) admitió públicamente que habían financiado a los paramilitares para asesinar sindicalistas y campesinos del Urabá antioqueño, sin ningún efecto penal en Colombia; y cuando un grupo de militares colombianos, con la asesoría técnica norteamericana, irrumpieron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de la guerrilla colombiana.

Con estos antecedentes, y el calificativo de auxiliadores de terroristas que de tanto en tanto se le zafa al presidente Uribe para referirse a sus homólogos de Venezuela y Ecuador, es difícil pensar que la generalizada presencia norteamericana en Colombia no se constituya en una verdadera amenaza para la región, menos aún cuando existen otros precedentes como la inmunidad diplomática para los militares norteamericanos que ha dejado impunes otros casos más, entre los cuales está el bombardeo a civiles en Santo Domingo (Arauca) con un saldo de 17 civiles muertos, luego de que “contratistas” norteamericanos le dieran a pilotos colombianos las coordenadas para el ataque o el episodio de los militares norteamericanos cogidos en flagrancia traficando cocaína desde Colombia o la violación de una menor por parte de dos marines norteamericanos en la base de Melgar. Ninguno de ellos ha pagado un solo día de cárcel, ni en Colombia ni en EE.UU.

Si la soberanía nacional y la paz en Latinoamérica depende de encontrar quién construya escuelitas y centros de salud en las áreas marginadas que rodean las bases militares colombianas, yo le propondría a mis colegas arquitectos que nos ofrezcamos como voluntarios para diseñar y construir gratuitamente los equipamientos civiles que sean necesarios, a condición de que los militares norteamericanos se queden tranquilitos en las bases de su país.

25/07/09

10 de julio de 2009

La intrascendencia del oficio en Arquitectura

Aspecto de la Biblioteca Nacional Francoise Mitterrand. París.

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Una corta mirada a la enseñanza de la Arquitectura permite descifrar que luego de la creación del primer programa académico en Colombia a partir de los años 30 del siglo XX, la profesión tuvo especial relevancia hacia los años 50 bajo la influencia del movimiento moderno y los Congresos CIAM, por un lado, y de la búsqueda de alternativas concretas a la solución de problemas relacionados con la vivienda, a través del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento – CINVA– auspiciados por la OEA y la Universidad Nacional de Colombia, por otro. En ambos casos, tanto la universidad como las ciudades se volvieron laboratorios permanentes de experimentación, y los temas de la Arquitectura en Colombia y Latinoamérica adquirieron gran relevancia nacional e internacional como puede constatarse en una significativa producción literaria de la época que aún permanece a la espera de su racionalización en los anaqueles de la biblioteca del SINDU de la Universidad Nacional en Bogotá.

Posterior a estos hechos, podría decirse que la arquitectura en Colombia entró en crisis, no solamente porque perdió el liderazgo nacional e internacional que alcanzó en aquellos tiempos, sino porque no logró trascender el nivel del oficio, perdiendo toda credibilidad como instrumento para la solución de problemas complejos. Desde el punto de vista académico, la formación en torno al oficio del arquitecto, como preocupación de primer orden, tuvo diversas implicaciones: El taller de arquitectura, en donde se debatían las grandes tendencias nacionales e internacionales y se concretaban propuestas para la solución de problemas en diferentes escalas de análisis, se redujo a un proceso mecánico y mecanicista de transmisión de habilidades y destrezas en el oficio del diseño arquitectónico. En este sentido, la perspectiva humanista y la búsqueda de liderazgo que ello implicaba en las diferentes áreas del conocimiento de la arquitectura se fueron difuminando en torno a la subdivisión en compartimentos estancos, dejándo de confrontarse con la práctica social cotidiana.

Es el momento en que los énfasis se colocaron en la práctica del oficio y no en el desarrollo de la disciplina. En la formación como especie de “artesanos” del diseño de objetos y no en el liderazgo para la solución de asuntos problemáticos del espacio y el territorio en las diferentes dimensiones y connotaciones del hábitat. Esa práctica desafortunada, también nos colocó del lado del “arquitecto y su obra” como expresión de reafirmación de la individualidad, abandonando una concepción más amplia, universal y colectiva relacionada con la “arquitectura y el hábitat humano”. En consecuencia con ello, se debilitaron o desaparecieron asignaturas que nacieron con la arquitectura, tales como el urbanismo, la historia, las teorías del arte y la arquitectura, la vivienda, entre otras, que poco significaban para la tarea de formar en la práctica rutinaria del oficio específico del diseño arquitectónico. Ellas adquirieron, en el mejor de los casos, un carácter instrumental, secundario, contextual, o simplemente, desaparecieron de los programas de enseñanza.
Pero los hechos fueron más contundentes que el inmovilismo académico en la enseñanza de la arquitectura. Mientras los programas académicos reducían cada vez más su objeto de estudio en una especie de suicidio intelectual, al concentrar sus esfuerzos en la formación de un profesional exitoso por el número de edificios diseñados a las corporaciones financieras o al diseño de la casa de un ilustre empresario o político, o la satisfacción de las excentricidades arquitectónicas de las economías emergentes, la práctica de la profesión exigía unos niveles de actuación cada vez más diversificados y casi todos ellos orientados a la búsqueda de soluciones a problemas sociales de gran impacto colectivo. Se trataba por supuesto de la recuperación del espacio público, la atenuación de los problemas ambientales urbanos, la vivienda de calidad para los sectores más pobres de la población, los equipamientos colectivos, la movilidad urbana, la renovación de las áreas céntricas deterioradas, entre otros temas que el Estado había delegado en el mercado y que obviamente el mercado había aplazado indefinidamente.

Muy tímidamente, los primeros en ver la necesidad de ampliar el campo de actuación fueron las asociaciones de arquitectos y especialmente el Consejo Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines, quienes impulsaron la aprobación de la Ley 435 de 1998 por la cual se reglamentó el ejercicio de la profesión. Allí se definió el ejercicio profesional de la arquitectura como una “actividad desarrollada por los arquitectos en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de un edificio o de un grupo de edificios”. Y a renglón seguido planteó que tal ejercicio profesional “incluye (sic) la planificación estratégica y del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano”. Un gran esfuerzo, valga la pena decirlo, para una actitud tan dogmática como la que prevaleció en los años precedentes. Pero era entendible, pues luego de la Ley de Ordenamiento Territorial (ley 388 de 1997) y sus decretos reglamentarios, una buena parte de las nuevas contrataciones y concursos públicos estarían originados en aquellas temáticas que con tanta dificultad se incluyeron como parte del ejercicio profesional.

En últimas, podría afirmarse que había razones de naturaleza económica, más que disciplinares, presionando por esta apertura a nuevas áreas del conocimiento. Aún así, la academia seguía sorda y muda a estos cambios, imbuida en una torre de marfil casi impenetrable. Sólo hasta comenzar el siglo XXI las escuelas de arquitectura iniciaron la discusión sobre la posibilidad de incluir nuevos temas en la última fase de la formación profesional como una opción para brindarles a los estudiantes de últimos semestres y a sus profesores, la oportunidad de volver por los fueros de la investigación en torno al proyecto arquitectónico, urbano y territorial. Ojalá pueda seguirse avanzando en esa dirección, por que claro, hay quienes también encuentran una contradicción entre la creatividad y la investigación y defienden la idea de que ésta última sólo puede alcanzarse en el tercer ciclo de formación universitaria. Craso error.

12/07/09

3 de julio de 2009

¿Es la región Eje Cafetero un territorio del conocimiento?

Lo que dicen los indicadores de casi una década en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

A comienzos del mes de marzo de 2009, se publicaron los indicadores en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación –ACTI– del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Lo interesante de este informe es que cubre un período bastante amplio, desde los años 2000 a 2007, lo cual permite mirar en perspectiva la situación de la investigación en Colombia. Lamentablemente este informe no integra otros resultados muy interesantes que miden los avances del sector productivo en estas materias, como la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (2005), publicada por el DANE. A pesar de ello, su lectura sugiere muchas reflexiones. Quisiéramos hacer algunos comentarios relacionados con la región del Eje Cafetero, especialmente los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda:

La región, a pesar de tener un tamaño relativamente pequeño en el concierto nacional ocupa un quinto lugar en el desarrollo de proyectos ACTI en el país. Sin embargo, a nivel nacional es evidente la marcada tendencia a la concentración de la inversión en Bogotá y Medellín, principalmente.

Desde el punto de vista de los proyectos de investigación, a nivel regional se observa un mayor interés por orientarse hacia los siguientes Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología (PNCyT): Ciencia y tecnología agropecuaria; desarrollo tecnológico, industrial y calidad; electrónica, telecomunicaciones e informática, estudios científicos de la educación; biotecnología; ciencias del medio ambiente y el hábitat; ciencia y tecnología de la salud; ciencias básicas. Cada departamento reporta sus propias fortalezas y debilidades en estos campos: Caldas es fuerte en ciencia y tecnología agropecuaria y desarrollo tecnológico industrial y calidad, pero paradójicamente débil en ciencias del medio ambiente y el hábitat; Quindío concentra únicamente sus esfuerzos en ciencias y tecnología de la salud y ciencias básicas; Risaralda es fuerte en ciencias del medio ambiente y el hábitat y ciencia y tecnología de la salud. Caldas y Risaralda van mostrando indicadores crecientes en biotecnología.

Al comparar los proyectos ACTI –que son principalmente los resultados de los grupos de investigación adscritos a Colciencias– con las agendas internas para la productividad y la competitividad –que reflejan principalmente el interés del gobierno y las cámaras de comercio– se observa cierta incoherencia entre unos y otros, o mejor, entre las capacidades reales de investigación (academia) y los propósitos de los sectores productivos (empresas). Veamos:

De acuerdo a los indicadores de ACTI, en Caldas hay muy poca tradición en investigación asociada a la energía y minería, sin embargo, se ha seleccionado como una de las principales apuestas productivas; mientras que es destacada la investigación en electrónica, telecomunicaciones e informática, pero no hay una apuesta productiva al respecto. En Quindío no hay tradición de investigación en ciencias del medio ambiente y el hábitat, sin embargo, se ha propuesto valorar y proteger la biodiversidad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible como una de las tareas prioritarias. Las investigaciones principales están en salud, pero tampoco hay ninguna estrategia productiva al respecto. Se da un valor muy importante al software como una de las cinco apuestas productivas, pero los grupos asociados en el departamento son todavía muy débiles. Los proyectos de investigación en Risaralda son mucho más diversificados y guardan coherencia con sus apuestas productivas.

En general, hay una gran diáspora de grupos de investigación en toda la región, con muy pocos investigadores adscritos. Sobresalen en fortaleza los grupos asociados al café, especialmente Cenicafé en Caldas.

En el campo de las revistas indexadas se evidencia una mayor presencia de las ciencias sociales y humanas y una gran deficiencia en las áreas de tecnologías en general. Evidentemente, las ciencias sociales demuestran una mayor capacidad de difusión de sus conocimientos a través de los medios impresos o electrónicos nacionales. La otra posibilidad, que no excluye lo anterior, es que las llamadas “ciencias duras” privilegien la publicación de sus artículos en revistas extranjeras, lo cual es bastante factible. La Universidad Nacional, sede Manizales, paradójicamente, no tiene ninguna revista indexada. Aquí hay una señal de alerta grave para esta institución.

Estos datos nos remiten a la urgente necesidad de avanzar en la formulación de una política regional en Ciencia, Tecnología e Innovación, que aún no existe. Y obviamente, el imperativo de concretarla con la sinergia de todos los actores: Academia, gobierno, sector productivo y sociedad civil. O mejor, trabajemos por un sistema territorial de innovación en la ecoregión Eje Cafetero para que los intangibles del conocimiento puedan materializarse integralmente en los tangibles del desarrollo territorial.

Para mayor información, ver: http://www.ocyt.org.co/

04/07/09