Arquitectura y soberanía

Restaurante en las playas de Juanchaco, Colombia.

Un grito desesperado por la dignidad de Colombia

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

¿Y qué tiene que ver arquitectura con soberanía?, preguntarán mis colegas. Yo diría que mucho, sobre todo si trasladamos nuestros recuerdos hasta hace dos décadas, un tiempo fugaz en el devenir de Colombia. No olvidamos el instante en que una escuelita y un puesto de salud construidos en Juanchaco y Ladrilleros -dos pequeñas aldeas en las costas del mar pacífico colombiano- echaron por la borda los sueños de democracia, soberanía y libertad consagrados en la reforma constitucional de 1991. Seis años después de que se abriera esa luz de esperanza para lograr la paz interna mil veces negada, se frustraron los sueños para miles de demócratas colombianos, entre los cuales me incluyo. En efecto, al finalizar esa década (1997) se reformó la constitución con dos temas fundamentales, la aprobación -una vez más- de la extradición de colombianos hacia EEUU, y la prohibición de la expropiación por motivos de utilidad pública e interés general, para devolver la “seguridad jurídica” a los capitales extranjeros. Un anticipo de lo que luego sería llamado eufemísticamente “la confianza inversionista” por parte del actual gobierno.

En 1998 esta reforma comenzó a tener sus primeros efectos. Un puñado de militares norteamericanos, aparentemente inofensivos, algunos vestidos de “contratistas”, salieron de la base Clayton en Panamá y desembarcaron en nuestras costas en un típico acto de colonización. Uno más. Trajeron médicos, ingenieros, saltimbanquis y peluqueros, donaron almuerzos y mercaditos a unas poblaciones históricamente olvidadas por el Estado colombiano. Y por supuesto, construyeron la escuelita y el puesto de salud como prolegómeno para ocupar la base militar de Málaga y hacer la pista aérea.

No intervinieron ni arquitectos, ni urbanistas, ni curadores urbanos en la selección del lugar o en los diseños de tales equipamientos, porque seguramente se aplicaron los mismos criterios contemplados en el Convenio de Manta (Ecuador), cuado se advierte que "estas actividades estarán excentas de permisos de construcción y tasas que prevé la legislación de la República del Ecuador". Tal vez ni existan planos que los respalden. Hoy el puesto de salud está cerrado por falta de equipos y la escuelita a duras penas se sostiene. Entre tanto, en la base militar y el aeropuerto se han ido instalando otros equipos altamente sofisticados para combatir el narcotráfico y de paso, hacer inteligencia geoestratégica en la región.

Dicen los historiadores que el gobierno norteamericano pagó al colombiano 25 millones de dólares de compensación por la segregación de Panamá y la posterior adquisición de los derechos sobre el Canal. Por su parte, el nuevo país debió aceptar por un siglo la presencia permanente de militares norteamericanos, controlando al canal y a los panameños. No sin resistencias, por supuesto. Posteriormente, los norteamericanos crearon en Panamá la tristemente célebre Escuela de Las Américas donde se formaron todos los dictadores que anegaron de sangre el suelo de Centro y Suramérica durante casi toda la segunda mitad del siglo XX.

Por contraste, en Colombia, la construcción de la escuelita y el puesto de salud en 1998, fue suficiente para pretender convertir al país, una década después, en una gigantesca base militar norteamericana policéntrica, luego de que los ecuatorianos, en un acto de soberanía y dignidad, suspendieran el convenio de ocupación de la base de Manta. Entonces, EEUU ofreció a Colombia la posibilidad de trasladar sus equipos militares a tres bases colombianas, Malambo en la costa norte, Palanquero a 100 kms de Bogotá y Apiay en el Meta.

Como anticipo de la toma militar de la base de Malambo, los ingenieros norteamericanos ya terminaron de construir otra escuelita y de ñapa un jardín infantil en una de las zonas más pobres y marginadas de Cartagena. Tampoco requirieron de permisos de construcción ni se asesoraron de un profesional competente para sus diseños arquitectónicos y constructivos.

Dicen también las noticias que el gobierno colombiano en un acto de gratitud por los favores recibidos, ofreció otras bases militares más, las de Larandia en Caquetá, Tolemaida en Tolima y Málaga en Buenaventura; en este último caso, el gobierno colombiano no tiene intensiones de reclamar nuevos recursos para garantizar el mantenimiento de la escuelita y el puesto de salud para no ponerle más arandelas a la firma del convenio. En todas ellas ya hay presencia militar norteamericana, así como en Puerto Carreño (Vichada) y Tres Esquinas (Caquetá) en donde sus radares monitorean el continente.

Una mentirilla piadosa de los gringos fue advertir que no se inmiscuirían en el conflicto interno colombiano. Hoy ese conflicto dejó de ser interno por las siguientes razones en las que han estado comprometidos personal civil y militar norteamericano: Cuando tres “contratistas” norteamericanos que hacían labores de inteligencia cayeron en las selvas colombianas y fueron apresados por un grupo subversivo; cuando la tristemente célebre United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) admitió públicamente que habían financiado a los paramilitares para asesinar sindicalistas y campesinos del Urabá antioqueño, sin ningún efecto penal en Colombia; y cuando un grupo de militares colombianos, con la asesoría técnica norteamericana, irrumpieron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de la guerrilla colombiana.

Con estos antecedentes, y el calificativo de auxiliadores de terroristas que de tanto en tanto se le zafa al presidente Uribe para referirse a sus homólogos de Venezuela y Ecuador, es difícil pensar que la generalizada presencia norteamericana en Colombia no se constituya en una verdadera amenaza para la región, menos aún cuando existen otros precedentes como la inmunidad diplomática para los militares norteamericanos que ha dejado impunes otros casos más, entre los cuales está el bombardeo a civiles en Santo Domingo (Arauca) con un saldo de 17 civiles muertos, luego de que “contratistas” norteamericanos le dieran a pilotos colombianos las coordenadas para el ataque o el episodio de los militares norteamericanos cogidos en flagrancia traficando cocaína desde Colombia o la violación de una menor por parte de dos marines norteamericanos en la base de Melgar. Ninguno de ellos ha pagado un solo día de cárcel, ni en Colombia ni en EE.UU.

Si la soberanía nacional y la paz en Latinoamérica depende de encontrar quién construya escuelitas y centros de salud en las áreas marginadas que rodean las bases militares colombianas, yo le propondría a mis colegas arquitectos que nos ofrezcamos como voluntarios para diseñar y construir gratuitamente los equipamientos civiles que sean necesarios, a condición de que los militares norteamericanos se queden tranquilitos en las bases de su país.

25/07/09