Universidades del conocimiento o “industrias exportadoras de alta complejidad”.

Levantemos la mano por construir colectivamente un nuevo proyecto de reforma a la Educación Superior en Colombia. Foto Acebedo 2011.

Por: Luis Fernando Acebedo R

El debate sobre el proyecto de reforma a la ley 30 o Ley de Reforma a la Educación Superior en Colombia presentado por el gobierno nacional en cabeza de la Ministra de Educación María Fernanda Campo generó un cierto consenso entre la comunidad académica y la sociedad en general acerca de su inconveniencia, especialmente en cuanto a considerar la educación como una mercancía sometida a las leyes del mercado. En apenas medio siglo, la educación pasó de ser un “derecho” sin mayores desarrollos en términos constitucionales y legales, a convertirse en un “servicio” regulado por el Estado pero ofrecido cada vez más bajo criterios de competitividad, oferta y demanda del mercado.

El proyecto de marras concebía la educación como un “capital cultural”, pero al fin y al cabo un “capital”, que prácticamente obligaba a transformar las universidades públicas y privadas en empresas con ánimo de lucro, como lo son los servicios de comunicaciones, financieros, y más recientemente, las empresas básicas de acueducto y aseo.

Estas pretensiones no son nuevas. Se trata de consolidar una tendencia iniciada con mayor fuerza desde mediados de los años 90, cuando el profesor Michel Porter, gurú de la competitividad de los mercados en épocas de globalización neoliberal, visitó a Colombia contratado por las Cámaras de Comercio, apoyado por la Corporación Andina de Fomento y el gobierno nacional, para realizar los Planes Monitor de Competitividad en las principales ciudades colombianas. Los gobiernos distritales de Antanas Mockus, Paul Bromberg y Enrique Peñalosa dieron amplio despliegue a esta iniciativa, respaldada con la técnica de la Planeación Estratégica de corte empresarial para identificar los principales intereses de mercado de las compañías multinacionales y sus requerimientos en materia de seguridad, flexibilidad laboral, reformas jurídicas a la protección del capital extranjero y transformaciones espaciales orientadas a reproducir los “estándares” de calidad de vida de los principales centros financieros y de servicios de los países desarrollados. El propósito fundamental: expandir sus capitales y convertir a Bogotá en una “ciudad de clase mundial”, con todo el significado clasista que tiene intrínseco el concepto para los mercados globales.

La educación superior fue identificada por el Plan Monitor como un potencial “capital del conocimiento” de interés para los empresarios extranjeros, especialmente de las compañías multinacionales. Al respecto, demandaban de Bogotá que siendo considerada una Ciudad Universitaria y teniendo una importante oferta de educación formal y de investigaciones, debía “exponerse” mucho más a las exigencias de la demanda global y las empresas multinacionales que operaban localmente. En ese sentido, identificó el potencial que tenía la ciudad para convertirse en un “cluster” educativo orientado a atraer estudiantes de Latinoamérica y de otros países. Para ello puso como ejemplo la experiencia de las universidades europeas y norteamericanas, las cuales han recibido desde hace varias décadas muchísimos estudiantes de Latinoamérica, Asia y África, han permitido que las empresas multinacionales inviertan cuantiosos capitales en la financiación de programas y laboratorios para vincular investigadores de posgrado (Maestrías y Doctorados) en las áreas y los temas que a tales empresas les interesan para el mejoramiento de sus productos y mercados. No en vano, los programas académicos más dinámicos han estado en el campo de los negocios y las ingenierías.

Los referentes paradigmáticos de universidades norteamericanas localizadas en ciudades como Boston, Illinois y Seattle, entre otras, sirvieron para proponer un modelo de educación implementado como “industria exportadora de alta complejidad”, justificada por los efectos que generan las exportaciones de estudiantes como materia prima básica de tales industrias culturales en las economías dolarizadas y por el apoyo económico privado para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades.

Varias reflexiones motivan estas primeras evidencias -que deseo continuar ampliando en las próximas entradas al blog- . La primera y más evidente es la explicación de porqué el presidente Santos seleccionó a su nueva Ministra María Fernanda Campo, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y consultora privada del sector financiero. La reforma a la Ley de Educación como una de sus principales tareas no podía tener otra orientación distinta a aquella trazada por el Plan Monitor de Competitividad que ella acuciosamente impulsó siendo Vicepresidenta de esa institución que aglutina al sector empresarial de la Capital y del país. El rechazo mayoritario que recibió esta tendencia en la comunidad académica de las universidades debería ser motivo suficiente para que la Ministra renuncie a su cargo para facilitar un nuevo debate a la Reforma de la Ley de Educación.

La segunda reflexión es mucho más de fondo. Se trata de determinar cuál es el papel de la educación superior en Colombia frente a otras realidades en el contexto internacional. Es claro que en los países desarrollados uno de los problemas que más preocupa a sus gobiernos es la falta de interés de sus propios ciudadanos en acceder al sistema educativo de segundo y tercer ciclo, lo cual no solamente comienza a poner en riesgo a sus economías sino que compromete la supervivencia de las universidades mismas al punto de no encontrar profesionales en determinados campos del conocimiento o porque esos profesionales no quieren trasladarse a regiones periféricas a las grandes metrópolis.

Pero en Colombia, la realidad es otra. Tiene que ver con una gran demanda de los jóvenes para acceder a la educación universitaria y con las precarias condiciones de las universidades para ampliar su cobertura con los recursos cada vez más limitados del gobierno nacional, ligados al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el primer caso, se ha dicho que tres millones 600 mil estudiantes no han podido ingresar a la universidad en los últimos 10 años, lo cual los vuelca inevitablemente al rebusque en una débil economía que ofrece pocos empleos formales y estables. En el segundo caso, no sólo el gobierno disminuye sus recursos al presupuesto de las universidades públicas al amarrarlos al IPC, desconociendo los costos de vincular más profesores, cualificar su planta docente, ampliar y dotar de aulas para atender una mayor cobertura, etc. La contradicción se expresa también en el hecho de exigirle mayores esfuerzos de autofinanciación pero limitándole las posibilidades de hacer convenios o contratos con entidades públicas y privadas que siempre le exigen a la universidad un producto de alta calidad, pero con pocos recursos disponibles. Ese tratamiento no lo tienen con las grandes empresas contratistas para quienes los presupuestos generalmente son inflados y sus productos finales discutibles y de baja calidad.

Como se observa, el asunto va más allá de la financiación. Se trata de definir si la educación pública – y en términos más amplios, el conocimiento -puede ser el instrumento de transformación de las condiciones de atraso y dependencia de Colombia; si la educación puede hacer verdadero contrapeso a las economías emergentes, bien sea como exportadores netos de materias primas –ahora desde la llamada bonanza minero-petrolera que se abrió a partir de la firma de los TLC y que tendrá incalculables efectos perversos sobre la sustentabilidad de nuestros territorios- o desde la ilegalidad del narcotráfico, el contrabando y otras mafias.

¿Es el conocimiento el principal generador de economías fuertes, industrializadas y altamente tecnificadas que elevan la calidad de vida y reduzcan las desigualdades?, o ¿es la delincuencia, a través de sus múltiples expresiones, quienes recluten a nuestros jóvenes como alternativas al desempleo, subempleo y empleo mal remunerado que ofrece nuestra débil economía cada vez más desindustrializada, orientada a los servicios de baja remuneración o a la explotación irracional de nuestros recursos naturales, traducido todo ello en la crisis social y ambiental que estamos padeciendo?.

No son temas de poca monta en la apertura de las discusiones sobre la futura ley de educación superior.

Referencia bibliográfica: Cámara de Comercio de Bogotá. 1998. La Bogotá que todos soñamos.  Resumen del Estudio Monitor de Competitividad para Bogotá 1997.  Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá. Santa Fe de Bogotá.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-263571-educacion-un-deber-del-estado