Algo más sobre el fracaso de los “proyectos inteligentes” en Manizales

A pesar de que la propia administración encargó al Arquitecto Gerardo Arias el diseño de un proyecto de centro comercial para consolidar la manzana en donde se construyó la estación del cable aéreo en el centro de la ciudad, éste quedó aplazado a la espera de inversionistas privados. Es una de las consecuencias prácticas de la fragmentación de los proyectos urbanos y la ausencia de una planeación integral.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

El derrumbe del Transporte Integrado de Manizales –TIM- a una semana de haberse inaugurado, es sólo la punta del iceberg del fracaso de toda una concepción sobre la manera de planear y gestionar unos proyectos urbanos que pudieron haberse inscrito dentro de la categoría de “inteligentes” pero que resultaron ser verdaderos “paquetes chilenos”, megaobras con saldos en rojo, tanto en términos financieros como cívicos y culturales.

Las administraciones de Luis Roberto Rivas y Juan Manuel Llano, pusieron un especial énfasis en un concepto de gobernabilidad según los principios rectores del mercado, traducido en unas actuaciones públicas a favor de las empresas privadas. Sería injusto asimilar este concepto a lo que se conoce hoy en día como gobernanza. Son créditos que no se merecen, porque lo suyo es una mera vulgarización de una categoría de análisis mucho más compleja que involucra al sector público con el sector privado en redes horizontales de cooperación, complementariedad e intercambio en torno a la competitividad de las ciudades. Aunque no comparto la idea de convertir la gestión pública en una feroz carrera por la competitividad de los mercados, sí considero conveniente la búsqueda de alianzas entre los sectores públicos y privados para lograr propósitos de interés general y colectivo, tal y como lo concibe la ley de desarrollo territorial.

La Real Academia de la Lengua define la gobernanza como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Ciertamente se refiere a ideales de co-dirección, co-gestión y conducción (Brand, Prada, 2003) que han quedado prácticamente ausentes en la planeación-gestión de los proyectos y macroproyectos urbanos desarrollados en los últimos años por las administraciones municipales de Manizales.

Luego de que la ciudadanía rechazara categóricamente a los caciques electorales que por tanto tiempo administraron la ciudad de Manizales y el Departamento a partir de la corrupción, las clientelas y el CVY (Cómo Voy Yo ahí), se dio paso a una suerte de tecnócratas, o mejor, a políticos con formación de gerentes. En un principio, este giro fue apoyado por la ciudadanía como una manera de salirle al paso a las formas más arcaicas de gobierno. Pero superado el primer escoyo y luego de varios años de ejercicio por parte de los tecnócratas, los ciudadanos han puesto serios reparos a esa particular manera de gobernar la ciudad entregándole a los privados parte de los poderes y funciones públicas, junto con cuantiosos recursos financieros, en nombre de la eficiencia y la transparencia del gasto. Estas medidas no han dejado de ser alternativas ingeniosas para prorrogar por nuevos medios, la corrupción y el clientelismo.

Los ejemplos son muchísimos. Por su carácter más reciente resaltaría los proyectos de vivienda de interés social, el “Paseo de los Estudiantes”, el macroproyecto San José, el Cable Aéreo, los Call Center, el TIM, entre otros. Si se estudian con detenimiento estos proyectos, casi todos tienen un mismo patrón de comportamiento:

- Se asignan contratos a dedo o se crean empresas mixtas administradas por particulares y a favor de los intereses privados.
- Se debilitan los mecanismos de participación ciudadana o se suprimen. En el mejor de los casos se habilitan instrumentos de socialización e información.
- Se basan en estudios técnicos para legitimar los proyectos, pero generalmente se ignoran sus recomendaciones, especialmente cuando afectan los intereses privados. Estos últimos terminan por imponer sus conceptos y criterios en detrimento del interés público y colectivo.
- Se niega la posibilidad de participación de las comunidades en la estrategia de gestión (gestión asociada), especialmente de los pequeños propietarios. El Estado asume una costosa tarea de compra de los inmuebles para luego entregarlos saneados y a precios de feria a los promotores inmobiliarios, empresas privadas y sector financiero. Es por lo tanto, expulsor de la población más pobre en pro de una reapropiación de sectores sociales medios y altos.
- Son proyectos que se fraccionan, tanto en términos de planeación como de gestión, afectando el manejo unitario, integrado y sostenible, lo cual se traduce en sobrecostos, soluciones incompletas y deficitarias, perjudicando sensiblemente al ciudadano, usuario de los equipamientos y servicios que se ofrecen. Por lo general sólo se desarrollan los sectores más rentables del proyecto, aplazando indefinidamente las áreas que les representan gastos.
- El énfasis está en la rentabilidad del proyecto y no en la elevación de la calidad de vida de la población. Muchos menos en la producción sostenible de la ciudad porque su verdadero proyecto es la anticiudad.
- El tratamiento de terroristas para las legítimas protestas de los ciudadanos, ante tantos atropellos al pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y legales en la construcción de ciudad.

Lo paradójico de todo ello es que en Colombia existen las leyes que obligan a hacer todo lo contrario de estas prácticas, es decir, obligan a concebir el urbanismo, la planeación y el ordenamiento territorial como funciones públicas en procura de defender el interés colectivo, estimulan la gestión asociada de los proyectos, facilitan la participación social, promueven la repartición equitativa de las cargas y los beneficios, obligan a la protección del medio ambiente, etc. Lo que sucede es que desde el nivel central, es decir, desde la presidencia, las prácticas han sido contrarias al derecho y a la constitución política, lo cual ha dado patente de corso para que sus áulicos del nivel departamental y municipal se sientan con la fuerza suficiente para imitarlo.

Al cierre de esta columna, conocimos que la Corte Constitucional también declaró inexequible la disposición que le otorgaba al gobierno nacional la facultad de diseñar macroproyectos de inversión social. Ya habíamos advertido sobre la ilegalidad de estas medidas cuando el 1° de noviembre de 2009 publicamos un caleidoscopio titulado “MINS: Más subsidios pero para los ricos de la ciudad”. Allí nos hicimos la siguiente pregunta: “¿Acaso no estamos frente al empleo amañado del instrumento MINS que configura, además, un uso ilegal?”. La Corte Constitucional ha interpretado una vez más nuestra indignación. Pero eso poco importa a los gobernantes locales, para quienes la aprobación del Macroproyecto San José por el gobierno nacional y su nivel de desarrollo actual, lo legitiman. La verdad es que otro juez de la república, apegado a las leyes y a la constitución, debería tomar la decisión de paralizar este proyecto.

La ciudad durará varios años en recuperarse de los costos y las frustraciones que dejará un estilo particular de gobierno de lo público a partir de las lógicas y los intereses del sector privado. Sólo queda hacer votos porque los jueces sigan ejerciendo el control legal y la ciudadanía continúe haciendo uso de sus derechos de expresión para echar para atrás semejantes abusos de autoridad.

El TIM y el PIN no son tan inteligentes

Propaganda del TIM que los estudiantes sobrescribieron con la palabra "Farsa". Al fondo, escuadrones de policía detrás de la marcha de ciudadanos en contra del nuevo Sistema Integrado de Transporte.

Fuente: Elaboración propia

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Hace menos de una semana comenzó a operar el “nuevo” Transporte Integrado de Manizales –TIM-. Básicamente se trata de una solución híbrida en la cual se le incorpora a los buses y busetas tradicionales de transporte público que operan en la ciudad, la tecnología GPS (Global Positioning System, por sus siglas en inglés) para controlar por satélite el sistema de rutas, el movimiento de los vehículos y pasajeros, los tiempos empleados, el uso adecuado de los paraderos por parte de los conductores, el ingreso y salida de los pasajeros a los buses, entre otros temas. Prácticamente se nos dijo que era una especie de “Gran Hermano” con cámaras y satélites vigilándonos para controlar todos los movimientos derivados de la movilidad con el propósito de lograr que nadie se salga del sistema y que todos funcionemos como relojitos.

Pero lo que se anunciaba como una gran innovación tecnológica para mejorar y optimizar el servicio de transporte público de las ciudades de Manizales y Villamaría se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Las gentes inconformes comentan en las calles, en los paraderos y también en las marchas cívicas, todos los trastornos que han tenido que padecer durante estos primeros días de operación del sistema. Una verdadera asonada se presentó ayer en el centro de la ciudad por el rechazo a la improvisación, los sobrecostos, la falta de información, las dificultades en el uso de las “tarjetas inteligentes”, el desorden en las rutas, la pérdida de dinero en la carga de las tarjetas, la privatización de una parte importante del servicio y un largo etcétera que colmó la paciencia de los usuarios.

Las quejas van más allá de unas fallas coyunturales como producto del ajuste del sistema; se trata de un total cuestionamiento al diseño mismo del sistema y su puesta en operación.

Asambleas estudiantiles, protestas de los comités de usuarios de los servicios públicos, movilizaciones callejeras, asonadas, acciones populares, propuestas de cabildo abierto y de paro cívico, son algunas de las actividades y propuestas que se desarrollan a solo cinco días de funcionamiento del TIM.

¿Cómo podemos interpretar lo que está sucediendo? ¿Y qué alternativas se deben buscar?. Estas son algunas ideas que planteamos desde la academia, orientadas a enriquecer el debate.

El Sistema Integrado de Transporte –SIT- es definitivamente una opción válida para construir ciudades inteligentes y territorios del conocimiento, pero como lo hemos advertido en otras oportunidades, no se trata simplemente de importar nuevas tecnologías, sino y sobre todo, de aplicarlas a las condiciones locales con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las gentes. Es decir se requiere endogenizarlas. En los territorios del conocimiento deben confluir por lo menos cuatro fuerzas motoras que dinamizan y hacen posible las innovaciones urbanas: Tiempo, Espacio, Innovación y Movimiento. En el caso que nos ocupa ninguna de ellas operó como fuerza motora, lo cual explica la respuesta ciudadana. Veamos algunos ejemplos:

Tiempo: Las condiciones actuales que vive la ciudad, especialmente aquellas relacionadas con tasas de desempleo superiores al 15% y una informalidad productiva mayor al 60% obligan a una parte muy importante de los ciudadanos a vivir al día, a conseguir diariamente los recursos para su sustento. De hecho, muchos de ellos prefieren movilizarse a pie por la ciudad. El TIM es muy poco flexible con esta realidad al obligar a las personas a comprar una tarjeta para luego recargarla cuando escasamente cuentan con el valor del pasaje. Esta situación se aplica a la población estudiantil (más de 200 mil) para quienes no se pensó en una opción de tarifas preferenciales.

Innovación: La nueva tecnología GPS aplicada al SIT se está incorporando con el único criterio de máxima rentabilidad y eficiencia en el negocio de transporte. Los ciudadanos han identificado que dentro de esa lógica, todos ganan menos el usuario. Ganan las empresas multinacionales distribuidoras de las nuevas tecnologías, gana el sistema financiero con la bancarización del sistema, gana una empresa de chance con la recarga de las tarjetas, gana la administración municipal con la constitución del TIM como empresa industrial y comercial del estado, gana el PIN (Proyectos Inteligentes) como empresa privada operadora de las nuevas tecnologías, gana la empresa Cable Aéreo que encontró quien subsidiara este otro sistema impuesto por la administración municipal anterior sin ningún estudio de factibilidad ni de demanda. Pierden los usuarios porque se les ha impuesto un sobrecosto en los pasajes para poder financiar y subsidiar a todos los intermediarios del sistema. En últimas, la percepción de los ciudadanos es que todo cambia para que el sistema de transporte siga igual o peor. Tampoco se pensó en soluciones tecnológicas adecuadas para la población en situación de vulnerabilidad.

Espacio: Es un sistema montado sobre los intangibles de la tecnología, sin un soporte real en los tangibles del espacio físico de la ciudad. Son proyectos sin ciudad, son la anticiudad. Es increíble que el nuevo SIT, haya comenzado a operar sin recualificar los espacios urbanos que le deben servir de soporte: Nuevos y mejores paraderos para evitar que los conductores de buses recojan y dejen los pasajeros en cualquier parte, verdaderas terminales de buses y no patios al aire libre que generan inseguridad en los barrios, nuevos y generosos espacios públicos que sirvan de soporte al sistema, estaciones de transferencia, señalización adecuada de rutas, etc, etc.

Movimiento: Se refiere fundamentalmente a la capacidad de gestión de la administración municipal y a la búsqueda de procesos sinergéticos orientados a lograr la participación de la sociedad en el proyecto. En efecto, desde el punto de vista de los gobernantes, el proyecto se ha impuesto como una unidad de negocios inspirado en la competitividad. La administración municipal en este caso ha fungido como promotora del negocio y en contra de los intereses públicos y colectivos de la ciudadanía. Es una gestión urbana sin participación ciudadana. Es la privatización de la gestión pública.

Bajo estas consideraciones todo ha salido mal. Podemos afirmar categóricamente que no es un proyecto inteligente para una ciudad inteligente. Más bien es un proyecto de competitividad empresarial en un entorno social altamente empobrecido y desigual.

Para superar estos escoyos, proponemos un nuevo giro caleidoscópico, un verdadero acuerdo ciudadano en torno a un SIT sostenible, un nuevo modelo de desarrollo de la ciudad en donde realmente se puedan activar estas fuerzas motoras en un sentido virtuoso, porque las nuevas tecnologías son necesarias, siempre y cuando no desvirtúen el verdadero propósito de las ciudades inteligentes, de los territorios del conocimiento: Elevar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.

La “Canción del elegido” y el fracaso de la Reelección

Aspecto de la Comuna 13 en Medellín. La pintura de las fachadas de los ranchos no esconde la pobreza y la violencia que agobia a los habitantes de esos barrios.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

El reciente fallo de la corte constitucional sobre el referendo reeleccionista constituye un respiro democrático en medio de la cadena de violaciones a las normas y procedimientos legales contemplados por la ley para tramitar este tipo de iniciativas. Los más neófitos en el tema veíamos con absoluta sorpresa, las trapisondas de los uribistas para imponer a como diera lugar el referendo reeleccionista, con el autoritarismo que los ha caracterizado desde que triunfaron en las elecciones del 2002 y con el desprecio por las propias leyes que los congresistas juraron respetar y acatar. Todo les parecía posible en nombre del Estado de Opinión y nada les era vedado para lograr el objetivo supremo de prorrogar por segunda vez el mandato del presidente.

En un país profundamente católico, se orquestó todo un proyecto mediático en el cual las capacidades excepcionales de trabajo del presidente lo hacían asimilable a un ser de otro mundo, “a un animal de galaxia” como diría la “Canción del elegido” de Silvio Rodríguez. En él debíamos depositar toda la confianza y endosar todos los derechos constitucionales para que ese líder, el mesías, pudiera usarlos como a bien tuviera. “Y al fin bajo hacia la guerra…¡perdón!, quise decir a la tierra”, dice la canción de Silvio. Y en guerra nos mantuvo durante ocho años bajo el anhelo de lograr la paz. Pero la paz sigue aún esquiva, tanto en el campo como en la ciudad. Y un número creciente de jóvenes abandona las aulas para empuñar los fusiles, cada uno defendiendo sus propias causas, pero manteniendo al conjunto de la sociedad en constante zozobra por las balas que se cruzan a diario en las callejuelas de los barrios más humildes, matando niños inocentes en la tranquilidad de su cuna.

Con el mensaje de “si no es él, entonces quién”, los colombianos se fueron acostumbrando a aceptar dócil y acríticamente cada una de sus decisiones personales, tomadas espontáneamente en cada consejo comunitario, transmitido por la televisión en vivo y en directo o desde los Call Center como máximas expresiones de la democracia directa, o del Estado de Opinión, según José Obdulio Gaviria, el llamado “Goebbels” de la seguridad democrática.

Pero diferentes sectores de opinión fueron despertando poco a poco del sedante mediático desde cuando los jueces comenzaron a fallar en contra de los congresistas parapolíticos, o cuando se nombró un procurador general para pronunciarse en nombre de la comunidad católica y no de los intereses superiores del Estado contra los derechos de los homosexuales o de las mujeres para decidir la interrupción de los embarazos no deseados; y también cuando el procurador comenzó a suplantar a los jueces legítimos en los procesos judiciales de los amigos del gobierno. Luego llegaron los llamados “falsos positivos” como novedoso sistema de estímulos económicos en las FFAA, el descubrimiento de una fosa común en la Macarena con más de 2000 cuerpos baleados que apenas si recibió un tratamiento de segundo orden en los medios masivos de comunicación y la ausencia de explicaciones por parte del gobierno, el rechazo generalizado a la idea de convertir a los estudiantes en informantes y los decretos de emergencia económica y social para reformar la salud a imagen y semejanza de las EPS privadas.

Cuando ya habíamos superado cualquier capacidad para sorprendernos, llegó el fallo de la corte constitucional, “descubriendo” una veintena de irregularidades cometidas por los promotores del referendo que ya eran vox populi, tales como el aporte de dineros ilegales y la violación de los topes a la financiación de la campaña, el incumplimiento de los procedimientos trazados por la Comisión Nacional Electoral para el trámite de la iniciativa, el cambio de la pregunta del referendo por parte del Congreso de la República, y otra cantidad de irregularidades que no alcanzaríamos a reseñar en este corto espacio. Lo que verdaderamente sorprende es que para el Procurador General de la Nación estas irregularidades, algunas de las cuales constituyen delitos, eran simples asuntos de forma que no impedían el paso airoso de esta iniciativa por los controles constitucionales. Lo que sorprende es que ningún juez eleve cargos contra esos delincuentes de cuello blanco.

Algunos uribistas, tratando de cubrir el oso que hizo el procurador, justifican su decisión con el pretexto de que hay tantas interpretaciones legales como abogados. Pero no puede ser posible que la constitución política esté sometida a semejantes vaivenes. Más bien, tendremos que darle el crédito que se merece Marx cuando en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte describió con total maestría la ética burguesa al afirmar que ella crea el derecho, luego lo limita y posteriormente lo suprime. Lo crea como una posibilidad de disfrute para sí mismo sobre la idea del interés colectivo, lo limita cuando este disfrute del derecho por otras clases pone en peligro su propio goce como privilegio y lo suprime finalmente en nombre de la seguridad pública. Ahí está la esencia del modus operandi de la burguesía y las limitaciones mismas de la democracia.

No estoy muy seguro de la independencia de poderes en Colombia como pilar de la democracia, mucho menos cuando los responsables de los órganos del poder terminan siendo elegidos por el guiño del presidente. Lo cierto del caso es que por alguna suerte del destino no operaron las cadenas de oración en la Procuraduría para declarar la constitucionalidad del referendo; tal vez, otra cadena, la de las irregularidades y abusos cometidos por los uribistas con la anuencia del gobierno en los diferentes frentes que comentamos más arriba, generó un gran desgaste de opinión pública en la figura del presidente y su equipo, lo cual provocó el pronunciamiento final de la Corte Constitucional, constituyéndose en un juicio histórico por lo que ello representa para el mapa político y electoral de los próximos meses y el futuro de Colombia.

Lo cierto del caso es que la hegemonía de la seguridad democrática se ha venido a pique y hoy saludamos que por fin Álvaro Uribe finiquite su largo mandato y regrese con Lina y los niños a la hacienda El Ubérrimo a ejercer sus labores de capataz en los límites de su parcela. Pobre Lina.