Obra de Teatro "Los inquilinos de la ira" de Jairo Anibal Niño. Montaje a cargo de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas.
Por: Luis Fdo. Acebedo R.
Los sucesos del pasado 16 de octubre en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia son de enorme gravedad y por eso me siento en la obligación de comentarlos. Un grupo de unos 300 estudiantes impidió la libre movilidad del profesor Wasserman, rector de la Universidad, dentro de las instalaciones del campus. Craso error que merece todo el rechazo de la comunidad académica, independientemente de sus motivaciones altruistas.
Como consecuencia de estos actos desesperados el gobierno decidió entrar a la universidad con sus tropas, pese a las recomendaciones hechas en el sentido contrario, tanto de las directivas universitarias como de la Alcaldía Distrital. Desde hacía mucho rato a la Seguridad Democrática se le había vuelto una obsesión ingresar a la Universidad Nacional, así como lo había hecho en otras universidades regionales. Sólo faltaba el hecho detonante que finalmente llegó. Ahora buscan como en el Viejo Oeste a uno o varios estudiantes para condenarlos como secuestradores o terroristas, con recompensas y publicidad incluidas. Con este trofeo el gobierno pretende consolidar una de sus más caras obsesiones: Considerar a los estudiantes -y a los profesores y a todos quienes desde las universidades ejerzan la crítica al gobierno y su política- como comunistas, auxiliadores de la subversión o terroristas. Adjetivos que la seguridad democrática insiste burdamente en presentarlos como sinónimos.
Sin pretender justificarlas, es evidente que las actitudes cada vez más radicales de algunos grupos de estudiantes universitarios pueden interpretarse como una consecuencia directa de la crisis de valores democráticos y políticos que está viviendo la sociedad por cuenta de una política que ha reeditado en el contexto nacional, lo que a nivel mundial ya creíamos superado: la guerra fría, el comunismo como el enemigo común. En torno a esta idea, la constitución política de 1991 se está volviendo añicos. La manipulación del derecho al sufragio universal, el constreñimiento de los procesos electorales como simples encuestas de opinión, la connivencia con el crimen organizado, los paraestados tratando de interceder en los hechos políticos a favor de quienes detentan el poder, la corrupción generalizada y la re-centralización político-administrativa, son entre otros, un listado de los nuevos valores que están imponiendo los inspiradores de la seguridad democrática. Y de cierta manera van permeando las diferentes organizaciones del estado y de la sociedad.
La universidad pública no es ajena a esta situación, porque como se ha dicho una y mil veces, es el reflejo de la sociedad. Quizás uno de los elementos que mayor sensibilidad genera entre la comunidad académica sea la crisis en el uso de los instrumentos democráticos por cuenta de unos procesos electorales que no son vinculantes. Esta es una de las razones por las cuales los organismos de representación universitaria se están eligiendo con las minorías que votan y con las mayorías que se abstienen por una actitud consciente o apática y desinteresada. De cierta manera, esto ha conducido a la generación de odios y desconfianzas al interior de la universidad. Y lo que es peor, a vernos entre miembros de la comunidad universitaria como enemigos, cuando en realidad trabajamos por causas comunes: La defensa de la universidad pública. Esto ha implicado, además, que las universidades no puedan convertirse en ejemplo de aplicación de los valores auténticamente democráticos y garantes de una cultura política fundamentada en la defensa de los derechos ciudadanos.
No quisiera que la Universidad Nacional entrara en el lenguaje de la política de la seguridad democrática y mucho menos en su juego macrabro. Sería una espiral sin retorno en la que los valores democráticos, la moral, la cultura política, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el carácter público y estatal de la universidad se verían seriamente amenazados. De hecho ya lo están. Y en buena medida es lo que explica la actual crisis. No de otra manera puede entenderse la radicalización a la que están llegando algunos estudiantes en desmedro del debate profundo de las ideas. No de otra manera puede entenderse el tratamiento de delincuentes que recibe la comunidad académica por un estado militarista, enceguecido en su lucha por eliminar de raíz cualquier vestigio de oposición sea ella democrática o armada. Para el caso es lo mismo. ¿Acaso hemos olvidado los intentos de algún fiscal por obtener la base de datos de los estudiantes para clasificar entre la multitud quienes son los buenos y quienes los malos?
Los rectores de las universidades han puesto el dedo en la llaga en torno al tema presupuestal y al problema pensional. Dos asuntos de gran sensibilidad que amenazan el presente y el futuro de las universidades públicas. Pero obviamente, son apenas las puntas del iceberg. En el fondo de todo ello está la necesidad de una nueva política de educación que supere la ley 30 de 1992.
Las universidades están haciendo la tarea. Han incrementado sus indicadores en todos los órdenes con los mismos recursos de hace 10 años. En cobertura, en calidad, en oferta de posgrados, en capacitación de su cuerpo docente, en infraestructura, en investigación y extensión, en número de alumnos por profesor, en sus relaciones con el sector productivo, etc. Y a cambio, solo han recibido palmaditas en la espalda. El gobierno, por su parte, anuncia tímidos incrementos presupuestales en Ciencia, Tecnología e Innovación, que están muy por debajo de los vigentes en países de la región como Brasil o Venezuela. Y siente que con ello está haciendo la gran “revolución educativa”. Sumado a lo anterior, y como si fuera poco, el gobierno local en Manizales anunció hace algunos meses que sometería a consideración un acuerdo en el Concejo Municipal para suspender por una sola vez el cobro a la estampilla prouniversitaria a 2500 predios que serán expropiados para construir la Avenida Colón en la Comuna San José, para luego entregárselos completamente urbanizados al sector privado. ¡Qué despropósito para con la educación universitaria¡.
Todo esto da cuenta del poco interés que tiene el gobierno colombiano en la educación como factor de desarrollo, lo cual contrasta con los abultados presupuestos para financiar la seguridad democrática o las clientelas electorales a través de Agro Ingreso Seguro –AIS- para el sector rural o Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- para el sector urbano. Necesitamos que los valores auténticamente democráticos vuelvan a guiar el devenir de la nación y que la educación adquiera la verdadera importancia como eje estructurante de la construcción de un nuevo contrato social en Colombia.
19/10/09
Los sucesos del pasado 16 de octubre en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia son de enorme gravedad y por eso me siento en la obligación de comentarlos. Un grupo de unos 300 estudiantes impidió la libre movilidad del profesor Wasserman, rector de la Universidad, dentro de las instalaciones del campus. Craso error que merece todo el rechazo de la comunidad académica, independientemente de sus motivaciones altruistas.
Como consecuencia de estos actos desesperados el gobierno decidió entrar a la universidad con sus tropas, pese a las recomendaciones hechas en el sentido contrario, tanto de las directivas universitarias como de la Alcaldía Distrital. Desde hacía mucho rato a la Seguridad Democrática se le había vuelto una obsesión ingresar a la Universidad Nacional, así como lo había hecho en otras universidades regionales. Sólo faltaba el hecho detonante que finalmente llegó. Ahora buscan como en el Viejo Oeste a uno o varios estudiantes para condenarlos como secuestradores o terroristas, con recompensas y publicidad incluidas. Con este trofeo el gobierno pretende consolidar una de sus más caras obsesiones: Considerar a los estudiantes -y a los profesores y a todos quienes desde las universidades ejerzan la crítica al gobierno y su política- como comunistas, auxiliadores de la subversión o terroristas. Adjetivos que la seguridad democrática insiste burdamente en presentarlos como sinónimos.
Sin pretender justificarlas, es evidente que las actitudes cada vez más radicales de algunos grupos de estudiantes universitarios pueden interpretarse como una consecuencia directa de la crisis de valores democráticos y políticos que está viviendo la sociedad por cuenta de una política que ha reeditado en el contexto nacional, lo que a nivel mundial ya creíamos superado: la guerra fría, el comunismo como el enemigo común. En torno a esta idea, la constitución política de 1991 se está volviendo añicos. La manipulación del derecho al sufragio universal, el constreñimiento de los procesos electorales como simples encuestas de opinión, la connivencia con el crimen organizado, los paraestados tratando de interceder en los hechos políticos a favor de quienes detentan el poder, la corrupción generalizada y la re-centralización político-administrativa, son entre otros, un listado de los nuevos valores que están imponiendo los inspiradores de la seguridad democrática. Y de cierta manera van permeando las diferentes organizaciones del estado y de la sociedad.
La universidad pública no es ajena a esta situación, porque como se ha dicho una y mil veces, es el reflejo de la sociedad. Quizás uno de los elementos que mayor sensibilidad genera entre la comunidad académica sea la crisis en el uso de los instrumentos democráticos por cuenta de unos procesos electorales que no son vinculantes. Esta es una de las razones por las cuales los organismos de representación universitaria se están eligiendo con las minorías que votan y con las mayorías que se abstienen por una actitud consciente o apática y desinteresada. De cierta manera, esto ha conducido a la generación de odios y desconfianzas al interior de la universidad. Y lo que es peor, a vernos entre miembros de la comunidad universitaria como enemigos, cuando en realidad trabajamos por causas comunes: La defensa de la universidad pública. Esto ha implicado, además, que las universidades no puedan convertirse en ejemplo de aplicación de los valores auténticamente democráticos y garantes de una cultura política fundamentada en la defensa de los derechos ciudadanos.
No quisiera que la Universidad Nacional entrara en el lenguaje de la política de la seguridad democrática y mucho menos en su juego macrabro. Sería una espiral sin retorno en la que los valores democráticos, la moral, la cultura política, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el carácter público y estatal de la universidad se verían seriamente amenazados. De hecho ya lo están. Y en buena medida es lo que explica la actual crisis. No de otra manera puede entenderse la radicalización a la que están llegando algunos estudiantes en desmedro del debate profundo de las ideas. No de otra manera puede entenderse el tratamiento de delincuentes que recibe la comunidad académica por un estado militarista, enceguecido en su lucha por eliminar de raíz cualquier vestigio de oposición sea ella democrática o armada. Para el caso es lo mismo. ¿Acaso hemos olvidado los intentos de algún fiscal por obtener la base de datos de los estudiantes para clasificar entre la multitud quienes son los buenos y quienes los malos?
Los rectores de las universidades han puesto el dedo en la llaga en torno al tema presupuestal y al problema pensional. Dos asuntos de gran sensibilidad que amenazan el presente y el futuro de las universidades públicas. Pero obviamente, son apenas las puntas del iceberg. En el fondo de todo ello está la necesidad de una nueva política de educación que supere la ley 30 de 1992.
Las universidades están haciendo la tarea. Han incrementado sus indicadores en todos los órdenes con los mismos recursos de hace 10 años. En cobertura, en calidad, en oferta de posgrados, en capacitación de su cuerpo docente, en infraestructura, en investigación y extensión, en número de alumnos por profesor, en sus relaciones con el sector productivo, etc. Y a cambio, solo han recibido palmaditas en la espalda. El gobierno, por su parte, anuncia tímidos incrementos presupuestales en Ciencia, Tecnología e Innovación, que están muy por debajo de los vigentes en países de la región como Brasil o Venezuela. Y siente que con ello está haciendo la gran “revolución educativa”. Sumado a lo anterior, y como si fuera poco, el gobierno local en Manizales anunció hace algunos meses que sometería a consideración un acuerdo en el Concejo Municipal para suspender por una sola vez el cobro a la estampilla prouniversitaria a 2500 predios que serán expropiados para construir la Avenida Colón en la Comuna San José, para luego entregárselos completamente urbanizados al sector privado. ¡Qué despropósito para con la educación universitaria¡.
Todo esto da cuenta del poco interés que tiene el gobierno colombiano en la educación como factor de desarrollo, lo cual contrasta con los abultados presupuestos para financiar la seguridad democrática o las clientelas electorales a través de Agro Ingreso Seguro –AIS- para el sector rural o Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN- para el sector urbano. Necesitamos que los valores auténticamente democráticos vuelvan a guiar el devenir de la nación y que la educación adquiera la verdadera importancia como eje estructurante de la construcción de un nuevo contrato social en Colombia.
19/10/09
Dice una canción...
ResponderEliminar"Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro. Y para vivir, morimos..."
¿hasta donde damos el aguante? Que mas le vamos a permitir a la Seguridad Democrática? de qué libertad hablamos bajo un Estado comunitario?...
Comparto unas conclusiones de un trabajo que espero se entiendan (por estar fuera del contexto que las soporta) y promuevan la discusión... porque lo que pasa en la Unal, nos pasa a todos, permitir el ingreso de una tropa policial a la universidad pública sin pronunciarnos es ponerle una soga en el cuello al conocimiento y al pensamiento crítico y quitarle la butaca sobre el que se soporta!.
"El triunfo pues de la derecha colombiana ha sido lograr introducirse social y culturalmente en la cama de los colombianos, matizándose en la idea de la paz y el progreso vertiginoso que permitiría recuperar los años perdidos en intentos fallidos por conseguir la solución definitiva al conflicto interno, esta vez a través de un líder carismático, diligente, supuestamente íntegro y honesto, que curiosamente no se ha visto afectado por las investigaciones de la llamada “parapolítica” de los partidos políticos que le garantizaron el ascenso al poder, pero que cumple con el perfil de una sociedad preeminentemente católica que aún cree en la idea mesiánica de un salvador y no ha logrado confiar en su capacidad de transformación colectiva sin la delegación de su poder de cambio. La solución, tal como lo plantea Fals Borda, parece estar en la subversión moral de la sociedad colombiana"
No me salio el nombre con el comentario anterior pero soy Sofía.
ResponderEliminarHago un llamado a la sociedad civil y en especial a la comunidad universitaria de Colombia y muy especialmente a los estudiantes. Tenemos la fuerza política para transformar la dirigencia de nuestra Universidad y nuestro País; solo falta dejar la apatía generalizada que ha convivido en nuestro pueblo y hemos dejado con ello, que los dirigentes sean elegidos por las maquinarias electoreras que se pasean por nuestra sociedad.
ResponderEliminarHola Luis Fernando. Comparto contigo estas preocupaciones relacionadas con la situación de la región y el país.
ResponderEliminarDentro de las propuestas que hoy debemos movilizar para recuperar el sendero de la democracia y la decencia, no nos queda otro camino que seguir alentando las que desde la Universidad es posible plantearle al país por la vía de la educación, camino a una sociedad del conocimiento.
En ella son claves los escenarios de inclusión y de profundización del desarrollo.
Insistir en darle sentido a la urgencia política de la Universidad.
Que tal si promovemos un manifiesto por una nueva sociedad, o algo por estilo.
Es hora de actuar.
Bravo¡¡¡ Doctor Luis fernando,su actitud es valiente desde el momento mismo que publica este artículo con nombre propio, como docente de la universidad Nacional y no como muchos/as cuyos comentarios semejantes se hacen en voz baja y en los pasillos. Ojalá la comuniad docente se pronunciara en defenza de la Universidad Pública como usted valientemente lo ha hecho y que no sigan resguardados en posiciones "políticamente correctas" que cada día están en detrimento del pensamiento crítico, base fundamental dela vida académica.
ResponderEliminarEstimado profesor:
ResponderEliminarHe leído con satisfacción su artículo "Educación superior u orden superior", pero creo que sobrestima los logros de la Universidad Nacional, desgraciadamente requiere de cambios de fondo, como lo puede apreciar en la clasificación de instituciones iberoamericanas de investigación que adjunto.
Aunque en ella se considera el lapso 2001-2005, no deja de ser valiosa. Creo que la concientización de la realidad es fundamental para motivar los cambios... como decía A. Einstein:
"No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo...".
Desconozco la forma de difundir esta información a la comunidad universitaria, y por ello se la hago llegar, esperando que usted tenga los medios para hacerlo.
Sin más por el momento.
Mario F. Rosales
Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Unal.
Cfr: http://investigacion.universia.net/isi/isi.html