Ciudad productiva o ciudad rentista

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Hay ciudades que gastan ingentes recursos financieros en obras que no necesariamente significan progreso, al contrario, siempre se ven incompletas, conflictivas, inconclusas. Los proyectos urbanos que se desarrollan nunca logran culminarse o están sujetos a permanentes cambios e intervenciones. Más aún, en términos generales no contribuyen a solucionar problemas sino todo lo contrario, son nuevas fuentes generadoras de conflictos. Las razones de esta situación pueden ser múltiples, pero quizás la principal esté asociada al abandono paulatino de la productividad real por el surgimiento de las ciudades rentistas, más conocidas como “parásitas”.

En efecto, la confianza en los ideales de progreso ilimitado tan promocionado por la industrialización tardía en Colombia, se ha esfumado en los vericuetos pragmáticos de unas ciudades cada vez más desindustrializadas, volcadas a los servicios, especialmente financieros, con muy bajos niveles de empleo productivo y altos índices de informalidad. Muchos gobernantes locales ya no promueven el desarrollo de actividades productivas sino la venta de la ciudad, con lo cual se han convertido en asiduos promotores inmobiliarios, en redistribuidores de la renta pública hacia los inversionistas privados o simplemente en especuladores financieros.

Manizales es una de esas típicas ciudades rentistas en donde las cuantiosas inversiones públicas en poco o nada contribuyen a elevar los niveles de productividad de la ciudad, por eso ocupa uno de los más altos índices de desempleo, informalidad y pobreza extrema del país. La Alcaldía de la ciudad, a través de la Oficina de Renovación Urbana, se está convirtiendo en el principal “lotifundista” del municipio, congelando importantes recursos que bien podrían utilizarse en actividades o proyectos que promocionen el desarrollo o contribuyan a redistribuir la riqueza mediante la generación de empleos productivos estables. Ejemplos paradigmáticos de esta afirmación son los siguientes, entre otros:

1. Desde hace casi una década, diferentes administraciones municipales se dedicaron a comprar –expropiar- los predios de pequeñas fincas en el sector de la Baja Suiza que habían quedado agrupadas como en una pequeña isla en torno a la expansión de la urbanización hacia el norte de la ciudad. Inicialmente argumentaron el interés de desarrollar un gran proyecto de desarrollo urbanístico que incorporaría edificios de viviendas, centros comerciales, oficinas y espacios públicos. Una vez culminado el proceso de compra, la administración municipal comenzó a promover el proyecto sin lograr despertar el interés del sector privado. Al son de hoy, estos predios se encuentran sin urbanizar y los cuantiosos recursos públicos invertidos quedaron allí congelados o mejor dicho, enterrados, a la espera de un momento propicio para entregarlos a una o varias empresas privadas que garanticen el máxima aprovechamiento de las rentas del suelo y de las plusvalías urbanas.

2. En el Macroproyecto San José, la oficina de Renovación Urbana de la municipalidad se dedicó a comprar predios, descapitalizando a la ciudad para el desarrollo de proyectos de inversión. Esto es especialmente grave, sobre todo cuando en la ley 388/97 existen los instrumentos financieros y de gestión que le permiten a la municipalidad promover la gestión asociada de proyectos inmobiliarios en donde los particulares aportan el valor de sus predios como parte del negocio, lo cual posibilita que los recursos públicos no se inviertan en la compra de terrenos –quizás la actividad más costosa en el desarrollo de  un proyecto urbanístico- sino en la construcción de espacios públicos, equipamientos y obras de infraestructura para beneficio del conjunto de la ciudad.

3. Los equipamientos públicos construidos en la ciudad (Terminal de Transporte, Cable Aéreo, ampliación o construcción de nuevas vías, Transporte Inteligente de Manizales, entre otros) han sido deficitarios en el cumplimiento de mínimos estándares de calidad, por lo cual deben ser sometidos a permanentes procesos de adecuación y mejoramiento. En estos casos, lo que menos importa es el beneficio común y la elevación de la calidad de vida. Lo realmente importante, es mantener la circulación de un flujo permanente de capitales que irriguen a un grupo de empresas constructoras y financieras como reales beneficiarias de las inversiones públicas. Hay dos casos en desarrollo casi peripatéticos: La remodelación del proyecto vial asociado al túnel de la calle 52, cuya construcción no tiene más de dos años; y el proyecto en desarrollo de la segunda línea del Cable que va desde el edificio de la empresa Luker al Parque Los Yarumos, recientemente declarado en quiebra y cerrado por falta de recursos para su mantenimiento. En este último caso, nada justifica que se inviertan cuantiosos recursos públicos con préstamos internacionales, cuando se sabe de antemano que este proyecto no podrá encontrar su punto de equilibrio financiero porque no puede garantizar la suficiente demanda de pasajeros. Pero estos argumentos poco importan porque como se sabe, la ciudad tarde que temprano deberá subsidiarlos.

4. Varios proyectos impulsados por Infimanizales han resultado un fracaso como proyectos sociales y unidades de negocio, con lo cual los recursos públicos se están poniendo en riesgo. Quizás el más reciente sea la nueva infraestructura construida sobre la Avenida Panamericana, en predios del Municipio de Villamaría, cuyo propósito era trasladar a los supuestos “mayoristas” de la Plaza de Mercado de La Galería. Ningún “mayorista” aceptó la reubicación de su lugar histórico de ubicación en el centro de la ciudad porque representaría su ruina. Ahora esas nuevas infraestructuras, cuyo propósito principal era buscar golpear la economía de pequeños y medianos distribuidores de alimentos para facilitar las rentas inmobiliarias del Macroproyecto San José, se ofrecen para la venta o alquiler sin resultados favorables.

Es evidente que en todos estos casos, existen procesos de especulación financiera e inmobiliaria, estimulados directamente por la administración municipal.  La lógica de funcionamiento es relativamente clara: Se capturan los recursos públicos, bien sea propios o en calidad de préstamos nacionales e internacionales, se formulan proyectos cuyos estudios técnicos y de factibilidad están orientados a demostrar una falsa necesidad y un supuesto éxito financiero, el municipio da el primer paso haciendo las inversiones más costosas y subsidiando a inversionistas privados con cuantiosos recursos que movilizan durante el tiempo estimado de la obra y finalmente se los apropian, para lo cual se crean empresas privadas o mixtas que luego entran en quiebra. El municipio acude a su rescate por su calidad de socio inyectando nuevos recursos públicos y se abre otro ciclo especulativo en el cual el sector privado se chupa una nueva tajada del presupuesto local.

No es que la ciudad no genere recursos, lo hace y en cantidades suficientes como para avanzar en la solución de los problemas sociales fundamentales; sin embargo, una clase dirigente rentista los está dilapidando en un círculo especulativo que enriquece a unas cuantas empresas, en detrimento del interés público y colectivo de la ciudad.