Por: Luis Fdo. Acebedo R
Los municipios colombianos están abocados a la formulación de los POT de segunda generación, toda vez que la ley 388/97 dispuso la vigencia de los contenidos estructurales del plan luego de tres periodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales. En promedio, los POT municipales comenzaron a aprobarse a comienzos de la década del 2000, lo cual significa que ya han pasado 12 años desde que se puso en ejecución el Modelo de Ocupación del Territorio –MOT- en cada municipio. Pese a lo claro que pudiera parecer este concepto, en algunas ciudades el debate se circunscribe a si se deben hacer ajustes o reformulaciones a los POT vigentes.
La ausencia de acompañamientos técnicos por parte del gobierno nacional en este proceso obnubila el panorama y ha hecho prácticamente improcedente e intrascendente el ejercicio de la planeación territorial, generando nuevas frustraciones entre los ciudadanos. En efecto, a estas alturas ya el Estado debería tener un balance en torno a los resultados de la primera generación de POT en el país y, sobre todo, mayor claridad en esta nueva etapa que ya se inició en varias ciudades; sin embargo, la creación de una sensación de caos parece ser el preámbulo para deslegitimar el OT y facilitar el libre ejercicio de la oferta y demanda del mercado del suelo como una de las mercancías más apetecidas en épocas de crisis productivas y burbujas financieras e inmobiliarias en proceso de desintegración. Como se sabe, la función principal del OT es regular los usos del suelo de acuerdo a las directrices del plan y en función de los tres principios que orientan esta actividad, a saber: La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Pero es evidente que las recientes normas que regulan la ley 388/97 van en dirección contraria y enfatizan en el suelo como mercancía (Ver Decreto 199/2013).
La ausencia de acompañamientos técnicos por parte del gobierno nacional en este proceso obnubila el panorama y ha hecho prácticamente improcedente e intrascendente el ejercicio de la planeación territorial, generando nuevas frustraciones entre los ciudadanos. En efecto, a estas alturas ya el Estado debería tener un balance en torno a los resultados de la primera generación de POT en el país y, sobre todo, mayor claridad en esta nueva etapa que ya se inició en varias ciudades; sin embargo, la creación de una sensación de caos parece ser el preámbulo para deslegitimar el OT y facilitar el libre ejercicio de la oferta y demanda del mercado del suelo como una de las mercancías más apetecidas en épocas de crisis productivas y burbujas financieras e inmobiliarias en proceso de desintegración. Como se sabe, la función principal del OT es regular los usos del suelo de acuerdo a las directrices del plan y en función de los tres principios que orientan esta actividad, a saber: La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Pero es evidente que las recientes normas que regulan la ley 388/97 van en dirección contraria y enfatizan en el suelo como mercancía (Ver Decreto 199/2013).
Algunas evidencias empíricas producto de estudios realizados por las Corporaciones Autónomas Regionales nos dicen por ejemplo que una gran parte de los municipios colombianos que aprobaron Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT- o Esquemas de Ordenamiento Territorial –EOT- no pudieron o no quisieron llevarlos a cabo por múltiples razones: disputas políticas interpartidistas, contradicciones entre las directrices del POT y los Planes de Desarrollo –PD-, falta de capacidad técnica para ejecutarlos, ausencia de recursos financieros, o más grave aún, procesos de decrecimiento de la población, entre otras razones de peso. De entrada, esta sería una primera alarma que prendería las alertas del Estado –más que de los gobiernos- para hacer ajustes y tomar decisiones al respecto. Poco o nada ha sucedido y los municipios intermedios y pequeños siguen cargando este lastre como si de ellos dependieran exclusivamente las soluciones.
Debilitamiento de los POT por parte de los gobiernos nacionales.
La experiencia de los municipios con más de 100 mil habitantes no ha sido tan dramática, pero no está exenta de conflictos y vicisitudes. Podría decirse que en estos casos el avance en el re-conocimiento del territorio ha sido una de sus mayores virtudes, pero siguen existiendo múltiples vacíos para hacer corresponder la visión estratégica del POT con las visiones tácticas de los PD. De hecho, los alcaldes han buscado más la adecuación de los POT a los PD, que lo contrario como ordena la ley. En este contexto de falta de liderazgo nacional para acompañar a los municipios en la adopción de una cultura del ordenamiento territorial, junto con la tergiversación de la autonomía municipal por parte de los gobernantes para decidir si se comprometen o no con los POT, se ha llegado a un punto que podríamos denominar como critica en la política de ordenamiento territorial. No se trata pues de una crisis del desarrollo de esta política, sino todo lo contrario, una acción persistente de los últimos gobiernos nacionales y locales para desmotar de hecho y de derecho la ley 388/97 como una de las conquistas democráticas más importantes, producto de la Constitución de 1991.
Los MOT de los POT de primera generación en Colombia fueron formulados bajo los criterios de competitividad global de los mercados planteados por Michel Porter en sus estudios Monitor de finales de los años 90. De esta manera, todos partieron de definir porqué sus territorios serían los más atractivos para los inversionistas extranjeros. Algunos defendieron su localización (la mejor esquina de América), otros le apostaron a ser intermediarios para la penetración de las compañías multinacionales hacia el continente (centro estratégico empresarial de los andes y exportador de educación superior), y también hubo algunos que ofrecieron las potencialidades geográficas y ambientales –propias y ajenas- definiéndose como punto estratégico de la biosfera. En términos generales, todos sin excepción eran eje, centro o epicentro de la globalización de los mercados; todos tenían las condiciones o estarían dispuestos a crearlas para que los mercados mundiales se fijaran en ellos y les ayudaran a figurar en los rankings más sobresalientes como ciudades de “clase mundial”.
Tal parece que esta estrategia no resultó muy exitosa que digamos, especialmente para los municipios intemedios y pequeños, cuyas condiciones de atraso escasamente les permitieron atender las necesidades más inmediatas y primarias de sus habitantes y sus territorios. En esta última década los mercados mundiales escogieron otras regiones en el mundo para hacer sus principales inversiones. Colombia, en general, continúa siendo valorada esencialmente como proveedora de recursos y servicios ambientales para el mundo. Los gobiernos nacionales hacen ingentes esfuerzos para garantizar que nuestros ecosistemas sean depredados, entregando por doquier títulos mineros a compañías multinacionales a condición de incorporar algunos dólares a una economía cada vez más improductiva[1]. En las ciudades, son las actividades de comercio y servicios las que han inundado el paisaje urbano favoreciendo el consumo, pero sin una base productiva sólida o en franca decadencia, lo cual ha nivelado por lo bajo los empleos en estos sectores, inundando las ciudades de vendedores informales.
Más recientemente, la generación de suelo urbano se ha convertido en un sector salvavidas para la movilización de capitales especulativos sin importar las condiciones locales de demanda o sus afectaciones ambientales, mucho menos el cumplimiento de las determinantes estructurales de los POT, con tal de mostrar indicadores de crecimiento económico en medio de los “tsunamis” que amenazan la estabilidad del modelo de libre competencia del mercado mundial.
Fuente: Elaboración propia.
Ahora que la desaceleración económica caracteriza a los países desarrollados y se contagia al resto del mundo; ahora que el libre mercado ha mostrado sus limitaciones y su inutilidad para abordar problemas globales como el cambio climático o el control de los efectos contaminantes que producen el crecimiento irracional de las economías, vale la pena repensar el MOT del país, de las regiones y municipios colombianos.
La visión exógena del crecimiento basada en la atracción de capitales foráneos, centrada en economías de servicios, con ciudades improductivas de alto consumo de suelo e insostenibles ambientalmente, enfocadas a la construcción de infraestructuras inútiles e innecesarias y lideradas por empresarios usurpadores de lo público, debe ceder a una visión endógena de la sustentabilidad basada en la generación de conocimiento a partir de las potencialidades productivas locales y regionales, con ciudades compactas y pluricéntricas bien planeadas, integradas socialmente en torno al bienestar colectivo, diversas y multiculturales, lideradas por ciudadanías activas, participantes, fuertemente comprometidas con la defensa y protección del interés público y colectivo.
Referencia:
Acebedo, Luis Fdo. (2009). El Modelo de Ocupación Territorial en Manizales. Disponible en:
http://caleidoscopiosurbanos.blogspot.com/2009/10/el-modelo-de-ocupacion-territorial-en.html. Consultado el 16/04/2013.
Acebedo, Luis Fdo. (2009). El Modelo de Ocupación Territorial en Manizales. Disponible en:
http://caleidoscopiosurbanos.blogspot.com/2009/10/el-modelo-de-ocupacion-territorial-en.html. Consultado el 16/04/2013.
[1] Quizás
estemos frente a una cuarta colonización: Primero la española (S
XVI), segundo la inglesa (S XIX), tercero la norteamericana (S XX) y, por último,
la global (S XXI). Todas ellas se han basado en
la explotación y exportación de los recursos naturales del país y el
continente. Y parece que no hemos aprendido nada de las anteriores.
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