Por: Luis Fdo. Acebedo R.
Y el gobierno persiste en su intención de involucrar a la comunidad universitaria en guerras y conflictos, a través de diferentes medios. Primero, impidiéndoles a un grupo considerable de jóvenes su ingreso a las aulas para incorporarlos a las fuerzas armadas mediante la figura del servicio militar obligatorio. Luego, mediante una oferta de cupos restringida que deja por fuera del sistema universitario a una población muy considerable de jóvenes, a merced de bandas criminales que los cooptan con ofertas de dinero para llevar a sus desvencijados hogares. Posteriormente, dándole tratamiento de delincuentes y terroristas a aquellos que logran ingresar a la universidad y en el camino descubren que es necesario estudiar y luchar contra las inequidades sociales. Y ahora, como si fuera poco, ofreciéndoles una bonificación de 100 mil pesos a cambio de volverse informantes de la fuerza pública en la lucha malograda contra el crimen.
La política de seguridad democrática demuestra una vez más su fracaso para combatir las diferentes manifestaciones delincuenciales, pero también la necesidad que le asiste de generar nuevas expresiones de violencia como alimento para su propia supervivencia. En esta oportunidad el blanco son los jóvenes universitarios, el mayor tesoro que tiene la nación para construir verdaderas salidas de paz mediante la superación de la pobreza y el atraso. ¿No son estas últimas las verdaderas causas de los conflictos sociales, las guerras y las múltiples manifestaciones delincuenciales?.
Tal parece que no ha sido suficiente ejemplo el desbordamiento en los años 90 de las llamadas Convivir como fuerzas armadas paraestatales, ni la perniciosa relación de las FFAA con el paramilitarismo, ni los “falsos positivos” como mecanismo para recibir compensaciones salariales en los batallones. Todas esas pervertidas sinergias entre militares y civiles no inquietan al gobierno y a sus asesores de seguridad, ni les sirven para tomar correctivos. Todas pasan de largo como causas de las espirales de violencia que ha vivido el país durante la implementación de la política de la seguridad democrática que se defiende con tanto ahínco en los sectores políticos del oficialismo.
Fue bajo esta misma lógica que una buena parte del Congreso de la República vio con buenos ojos su alianza macabra con los narco ejércitos de Castaño, primero como sus informantes, luego como sus líderes políticos y beneficiarios económicos. Nada hace prever que suceda lo contrario con esta estrategia, ahora reencauchada en las filas castrenses para vincular a los estudiantes a nuevos y sutiles actos de violencia por dentro y por fuera de las instituciones universitarias.
Mil jóvenes reclutados como sapos de las FFAA por 100 mil pesos mensuales para cada uno, podrían convertirse perfectamente en la posibilidad de asegurarle la matrícula en una universidad pública a otros mil estudiantes de los estratos más bajos de la sociedad que quedaron por fuera del sistema educativo universitario. Pero no. Fue necesario emprender una gran jornada de reflexión y de protesta al finalizar el año pasado para buscar que el Congreso de la República incrementara el presupuesto de las universidades públicas. Y no fue posible.
Y el gobierno persiste en su intención de involucrar a la comunidad universitaria en guerras y conflictos, a través de diferentes medios. Primero, impidiéndoles a un grupo considerable de jóvenes su ingreso a las aulas para incorporarlos a las fuerzas armadas mediante la figura del servicio militar obligatorio. Luego, mediante una oferta de cupos restringida que deja por fuera del sistema universitario a una población muy considerable de jóvenes, a merced de bandas criminales que los cooptan con ofertas de dinero para llevar a sus desvencijados hogares. Posteriormente, dándole tratamiento de delincuentes y terroristas a aquellos que logran ingresar a la universidad y en el camino descubren que es necesario estudiar y luchar contra las inequidades sociales. Y ahora, como si fuera poco, ofreciéndoles una bonificación de 100 mil pesos a cambio de volverse informantes de la fuerza pública en la lucha malograda contra el crimen.
La política de seguridad democrática demuestra una vez más su fracaso para combatir las diferentes manifestaciones delincuenciales, pero también la necesidad que le asiste de generar nuevas expresiones de violencia como alimento para su propia supervivencia. En esta oportunidad el blanco son los jóvenes universitarios, el mayor tesoro que tiene la nación para construir verdaderas salidas de paz mediante la superación de la pobreza y el atraso. ¿No son estas últimas las verdaderas causas de los conflictos sociales, las guerras y las múltiples manifestaciones delincuenciales?.
Tal parece que no ha sido suficiente ejemplo el desbordamiento en los años 90 de las llamadas Convivir como fuerzas armadas paraestatales, ni la perniciosa relación de las FFAA con el paramilitarismo, ni los “falsos positivos” como mecanismo para recibir compensaciones salariales en los batallones. Todas esas pervertidas sinergias entre militares y civiles no inquietan al gobierno y a sus asesores de seguridad, ni les sirven para tomar correctivos. Todas pasan de largo como causas de las espirales de violencia que ha vivido el país durante la implementación de la política de la seguridad democrática que se defiende con tanto ahínco en los sectores políticos del oficialismo.
Fue bajo esta misma lógica que una buena parte del Congreso de la República vio con buenos ojos su alianza macabra con los narco ejércitos de Castaño, primero como sus informantes, luego como sus líderes políticos y beneficiarios económicos. Nada hace prever que suceda lo contrario con esta estrategia, ahora reencauchada en las filas castrenses para vincular a los estudiantes a nuevos y sutiles actos de violencia por dentro y por fuera de las instituciones universitarias.
Mil jóvenes reclutados como sapos de las FFAA por 100 mil pesos mensuales para cada uno, podrían convertirse perfectamente en la posibilidad de asegurarle la matrícula en una universidad pública a otros mil estudiantes de los estratos más bajos de la sociedad que quedaron por fuera del sistema educativo universitario. Pero no. Fue necesario emprender una gran jornada de reflexión y de protesta al finalizar el año pasado para buscar que el Congreso de la República incrementara el presupuesto de las universidades públicas. Y no fue posible.
Ahora ya sabemos que el gobierno privilegia la estrategia de las recompensas a la de la educación de todos nuestros jóvenes.
¿Qué pensarán nuestros estudiantes?, ¿Y los que aún luchan por su ingreso a la Universidad?
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