La “sana mezcla de usos”

Impacto urbanístico de una de las EPS del barrio La Estrella (Manizales)

Algunos efectos prácticos de esta política en una nueva centralidad de Manizales.

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Uno de los temas más polémicos de la formulación del POT de Manizales es el que tiene que ver con el uso del suelo. Casi nada, es la esencia de la planeación y el ordenamiento territorial desde sus orígenes, tanto en Alemania como en Inglaterra. Pero en esta ciudad “de las puertas abiertas” es considerado como tema que admite una gran flexibilidad. Pues bien, a algún ilustre consultor o secretario de planeación le pareció inteligente proponerle al Consejo de la ciudad adoptar la “sana mezcla de usos” como una de las políticas principales del modelo de ocupación territorial, con la idea de “establecer criterios para hacer compatibles las actividades entre sí”. Al son de hoy no se ha aplicado ni una cosa ni la otra.

En una ciudad como Manizales, tan sumisa a las directrices del mercado y los promotores inmobiliarios, la medida fue aceptada con todo el beneplácito. Para quienes asumieron con honestidad este criterio, se trataba de una oportunidad para superar la concepción ya revaluada y utópica del urbanismo CIAM de zonificar la ciudad por funciones (vivienda, industria, comercio, recreación y administración); para otros, defensores a ultranza de un urbanismo desregulado, era el momento perfecto para legitimar lo que ya venían haciendo desde hacía varias décadas.

Es el urbanismo desregulado el que sigue imponiéndose, a través de una metodología que ya ha sido ampliamente analizada por juristas y políticos estudiosos de la sociedad capitalista. Se trata básicamente de crear el derecho, luego limitarlo y finalmente, acabar con él. Su principal instrumento consiste en advertir que el derecho concedido estará sujeto a reglamentación, o como se dice en el caso que nos ocupa, “se establecerán los criterios…”.

Uno de los casos más patéticos para observar este comportamiento en Manizales es lo que está sucediendo en el sector Palogrande donde una nueva área de centralidad se viene consolidando, alterna a la fundacional, sin ningún tipo de planeación ni control urbanístico. Allí hay unas claras expresiones del deterioro progresivo que ya comenzaron a sufrir barrios como Palogrande, La Estrella y Belén, de una histórica tradición residencial.

Primero llegaron los grandes equipamientos urbanos: las universidades con sus respectivos Campus, el estadio de futbol y la unidad deportiva; más recientemente, aparecieron nuevos usos asociados a los servicios de salud, entre otros. Los primeros fueron expandiéndose con una gran autonomía, en muchos casos, sin cumplir con estándares mínimos de urbanismo. Los segundos, fueron ocupando las viviendas de mayor área, haciéndoles algunas reformas interiores para la atención de sus usuarios, luego fueron invadiendo parte de los espacios públicos con las ambulancias, dado que casi ninguna de ellas previó la necesidad de estacionamientos interiores para estos vehículos, y finalmente, los nuevos demandantes de estos servicios, comenzaron a ocupar las vías, las aceras, los antejardines y cuanto rincón fuera posible para estacionar sus vehículos particulares lo más cerca a cada una de las edificaciones. El resultado final, unos barrios convertidos en un gran parqueadero público por obra y gracia de la “sana mezcla de usos” como directriz fundamental del Plan de Ordenamiento Territorial.

Según el POT, las instituciones de salud requieren de edificaciones especializadas y deben incluir infraestructuras de parqueaderos. Sin embargo, se hacen algunas excepciones para los servicios de salud catalogados como IS-1, es decir, para los centros médicos, laboratorios y bancos de sangre considerados de “impacto medio” para los cuales se requiere parqueo a razón de dos (2) cupos por cada 50 M2 de área útil construida al interior del predio o en zona próxima (el subrayado es nuestro). Estas últimas no deberán estar a una distancia mayor a 300 metros. Buena parte de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) de hoy en día están incluidas dentro de esta categoría. Son los llamados centros de salud de garaje que se han vuelto tan comunes desde que el sistema de salud se privatizó. Casi todas ellas han optado por la norma más laxa, es decir, aquella que les permite desembarazarse de los parqueaderos, trasladándolos a una “zona próxima”, es decir, al espacio público de la ciudad. Lo dicho, el Estado crea la norma, luego la limita y finalmente acaba con ella.

De esta manera volvemos al principio de este problema: Las instituciones de salud pueden localizarse “donde se les dé la gana” porque la norma así lo permite. Si esta “lógica” de la planeación la hacemos extensiva a las demás actividades de comercio y de servicios que hacen presencia en el sector, podremos concluir porqué percibimos un deterioro progresivo de su medio ambiente urbano y la imposibilidad de poner un cierto orden por parte de las diferentes autoridades de control. Nada pudo hacer la planeación de escala intermedia que recientemente se ha inaugurado en la ciudad con relación al tema de parqueaderos. Nada, excepto aplicar el código de urbanismo y construcción vigente desde el año 1993.

Por fin, después de casi una década de formulación del POT, la administración municipal decide bajar las decisiones superiores de ordenamiento territorial a una escala intermedia, lo cual, sin duda, permitirá conocer mucho más la ciudad y facilitará su planeamiento. Sin embargo, y como lo hemos advertido en otras líneas, sin un nuevo código de urbanismo y construcción no podrá haber ordenamiento territorial posible. La PIP 10, encargada de planear este sector de la ciudad quedó acorralada desde el punto de vista normativo y de gestión por un código obsoleto y descontextualizado. Lo mismo sucede, obviamente, con las demás PIP de la ciudad.

Para poder superar este escollo, yo propondría varias acciones, a saber:

Que se aborde sin más aplazamientos, la reformulación del Código de Urbanismo y Construcción para contextualizarlo con las determinantes del ordenamiento territorial actual.

Que se desarrollen campañas ciudadanas orientadas al uso adecuado y responsable de los espacios públicos por parte de los usuarios de los vehículos privados.

Que se impulse un acuerdo entre los sectores públicos y privados del sector de Palogrande (especialmente entre el comercio, las instituciones de salud, las instituciones deportivas y las universidades) para materializar un modelo financiero y de gestión orientado a la construcción colectiva de edificios de parqueaderos que presten el servicio a todos estos usuarios con el fin de limitar al máximo las zonas de parqueo sobre las vía, recuperando y ampliando los espacios públicos para los peatones. Una Unidad de Gestión estratégicamente ubicada sería una opción viable.

Que se incentive el uso de los estacionamientos sobre la vía para perídos cortos de tiempo y no como parqueaderos permanentes como sucede en algunos casos.

Que la autoridad competente cumpla sus obligaciones en la aplicación de las normas de tránsito y ejerza los controles necesarios de manera oportuna.

18/08/09