Sueño con una ciudad y un centro histórico revitalizados

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Orgullo de todos los manizaleños y ejemplo de calidad de vida para Colombia y el mundo.

Por: Luis Fernando Acebedo R

Las últimas administraciones municipales han interpretado los imaginarios de futuro de los manizaleños a través de proyectos de infraestructura, especialmente viales. Todas estas iniciativas han buscado incrementar la sensación de vértigo bajo el supuesto de una sociedad que está en permanente movimiento y demanda una mayor velocidad en sus interacciones.

Este imaginario no ha estado acompañado de estudios y mucho menos de una visión sistémica e integral. Lo cierto del caso, es que la movilidad vehicular, especialmente de los autos privados es por desgracia la heroína en Manizales, a quien se le debe rendir pleitesía y admiración. Se busca que los carros puedan llegar hasta los lugares más inhóspitos, de ser posible parquear al frente del almacén o de la tienda. Se le abren nuevos espacios públicos para que descansen y se construyen nuevas vías y túneles para que circulen. Cualquier antejardín es susceptible de convertirse en parqueadero gratuito y la autoridad está dispuesta a perdonar toda infracción con tal de no debilitar el usufructo del espacio público por parte de estas máquinas en detrimento de los ciudadanos. Si es necesario expropiar a pequeños propietarios para construir nuevas avenidas, se hace, no importa si con ello se desarraigan o se expulsan familias enteras a las periferias hacinadas. De esta manera los gobernantes piensan que la ciudad “progresa” y se vuelve atractiva y competitiva a los ojos de los visitantes, principalmente extranjeros.

Bajo esta lógica, el centro histórico se llena cada vez más de vías y de vehículos, pero pierde paulatinamente su riqueza cultural e histórica; los escasos espacios públicos y las casas deterioradas se convierten en parqueaderos mal diseñados y concebidos. La calle se volvió un excelente negocio, dicen algunos, susceptible de vender o alquilar por metro cuadrado. Entre tanto, los policías vigilan las mercancías privadas pero ignoran la protección al buen uso del espacio público. En época de ferias, todos se sienten con el derecho de apropiarse del espacio público, y en no pocas oportunidades la administración concesiona las aceras a quienes comercian con la venta de licores, convirtiendo la ciudad en una cantina con derecho a música de altos decibeles en cada esquina.

En ferias, dicen, Manizales es una fiesta; los ciudadanos pierden su condición y se convierten en consumidores. Poco a poco el consumo invade la vida cotidiana y expulsa lo público del espacio citadino. Por eso muchos de sus nativos prefieren huir de la ciudad en esas festividades que en vez de dejar cultura agreden la convivencia, atraen la delincuencia y le producen a la ciudad la resaca de una semana de excesos etílicos y maltratos a algunos animales. Todo ello impulsado y patrocinado por quienes deberían ser los adalides de la cultura, la civilidad y el buen vivir.

Yo quiero soñar con otro centro histórico y por supuesto con otra ciudad. Quiero imaginar una ciudad lenta, diseñada para los peatones, porque Manizales se puede recorrer a pie sin ningún problema como lo hacen centenares de estudiantes que no tienen para pagar el transporte público. ¿Si las estadísticas demuestran que la ciudad no crece en población, por qué tiene que expandirse en suelo? Bastaría con elevar la calidad de vida de sus habitantes con trabajos estables y dignos; revitalizar los barrios mejorando la calidad de las viviendas o re-densificando moderadamente en algunos sectores; construir sistemas de espacios públicos que articulen las comunas, recuperen las quebradas y doten a los eco-parques de los equipamientos necesarios para que sean masivamente usados y vividos.

La cuenca del río Chinchiná debería ser el gran proyecto de integración subregional porque es la máxima expresión de la feminidad, proveedora de vida, oxígeno y de numerosas fuentes de agua que alimentan a todos los seres vivos dentro de su ecosistema. Un sistema asociativo pluricéntrico que aproveche complementariamente las ventajas comparativas de cada uno de los municipios que integran la Cuenca, es el mejor escenario para avanzar en equidad y en oportunidades para todos sus habitantes.

La recuperación, utilización y optimización del agua que brota de las montañas debería ser el gran reto del espacio público en Manizales. Ella debería circular libremente por los parques, regar los jardines, servir de abrevadero de las decenas de pájaros que aún conviven con la vida citadina, calmar la sed de los deportistas y de las mascotas que salen a pasear los fines de semana. Y obviamente, surtir del preciado líquido a los más pobres, a quienes no tienen cómo pagar una factura de una empresa de acueducto cada vez más deshumanizada y mercantilizada, tal y como quedó evidenciado en la pasada ola invernal del año 2012 y la escases del agua por más de 20 días, pese a publicitarse como la “capital mundial del agua”.

Imagino un sistema de movilidad lento, aunque no por ello ineficiente. Un tranvía, de esos de última tecnología, atravesando la ciudad por el lomo de la montaña que facilitó la expansión de la ciudad en sentido occidente-oriente, desde el parque Olaya Herrera hasta el Batallón Ayacucho. Al pasar por el centro, tomaría la carrera 22 para permitir la peatonalización definitiva de la carrera 23. Transversalmente, los Cables Aéreos pensados sistémicamente comunicando la ciudad de sur a norte y complementados con escaleras eléctricas y ascensores urbanos para facilitar la circulación de los ancianos, las personas en situación de discapacidad y las mujeres embarazadas, entre otros. Las busetas circularían por las avenidas Paralela y Kevin Ángel, atravesarían la carrera 23 en dirección a los barrios y complementarían el Sistema Integrado de Transporte.

Imagino un centro para caminar y circular, un centro para vivir plácidamente, sin la amenaza constante de los vehículos privados, atosigando. Ellos parquearán en las periferias del centro tradicional en edificios que tendrán por función recibirlos amablemente, en condiciones apropiadas. El centro histórico se merece no solo la peatonalización de la carrera 23 como su calle más referencial y emblemática. La retícula ortogonal del centro tradicional de pequeñas manzanas de 60x60 metros aproximadamente, permite pensar en intercalar la peatonalización de algunas de sus calles conforme a algunos usos ya existentes y otros que podrían venir: la calle del tango de tanta recordación; la calle de los cafés al lado de la plaza de Bolívar y más abajo, la calle de las frutas para conectar organizadamente la Plaza de Bolívar con la plaza de Mercado, recuperada como un gran “cluster” de distribución y procesamiento de alimentos, epicentro de la política de seguridad alimentaria del municipio; la calle del teatro para los grupos locales que carecen de salas dignas, pese a tener Festival Internacional de Teatro y un programa de formación para las artes escénicas; la calle de las librerías, porque una ciudad que se precia de ser culta –no necesariamente del conocimiento- las librerías, junto con las bibliotecas, deberían funcionar 24 horas. Pero en Manizales se cierran porque no pueden competir con los bares, los casinos o los centros comerciales.

Sueño con una ciudad que aplique los instrumentos de financiación y gestión del desarrollo urbano para obtener recursos económicos que permitan recuperar y sostener el patrimonio histórico, los espacios públicos de calidad, los colegios y equipamientos. Una ciudad bien planeada y con una política de distribución equitativa de los costos y beneficios en los desarrollos inmobiliarios, es una ciudad con recursos constantes para invertir en la calidad de vida, el ambiente y los espacios públicos.

En fin, un centro para todos, una ciudad también pluricéntrica pensada para hombres y mujeres, pues como bien lo decía un adulto mayor en un foro reciente sobre la carrera 23, los hombres y las mujeres usan de manera diferenciada el centro y la ciudad. Los hombres son más lineales y estacionarios, las mujeres más circulares y móviles. La perspectiva de género en el ordenamiento territorial es ya un imperativo como expresión de la democratización de la sociedad, el multiculturalismo y el reconocimiento de la diversidad.

Ese plácido sueño, algún día, sustituirá las pesadillas que hoy me atormentan ante la insensatez de los gobernantes y sus ferias inmobiliarias.

Nuevos retos de los POT de segunda generación en Colombia

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Los municipios colombianos están abocados a la formulación de los POT de segunda generación, toda vez que la ley 388/97 dispuso la vigencia de los contenidos estructurales del plan luego de tres periodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales. En promedio, los POT municipales comenzaron a aprobarse a comienzos de la década del 2000, lo cual significa que ya han pasado 12 años desde que se puso en ejecución el Modelo de Ocupación del Territorio –MOT- en cada municipio. Pese a lo claro que pudiera parecer este concepto, en algunas ciudades el debate se circunscribe a si se deben hacer ajustes o reformulaciones a los POT vigentes. 

La ausencia de acompañamientos técnicos por parte del gobierno nacional en este proceso obnubila el panorama y ha hecho prácticamente improcedente e intrascendente el ejercicio de la planeación territorial, generando nuevas frustraciones entre los ciudadanos. En efecto, a estas alturas ya el Estado debería tener un balance en torno a los resultados de la primera generación de POT en el país y, sobre todo, mayor claridad en esta nueva etapa que ya se inició en varias ciudades; sin embargo, la creación de una sensación de caos parece ser el preámbulo para deslegitimar el OT y facilitar el libre ejercicio de la oferta y demanda del mercado del suelo como una de las mercancías más apetecidas en épocas de crisis productivas y burbujas financieras e inmobiliarias en proceso de desintegración. Como se sabe, la función principal del OT es regular los usos del suelo de acuerdo a las directrices del plan y en función de los tres principios que orientan esta actividad, a saber: La función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Pero es evidente que las recientes normas que regulan la ley 388/97 van en dirección contraria y enfatizan en el suelo como mercancía (Ver Decreto 199/2013).

Algunas evidencias empíricas producto de estudios realizados por las Corporaciones Autónomas Regionales nos dicen por ejemplo que una gran parte de los municipios colombianos que aprobaron Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT- o Esquemas de Ordenamiento Territorial –EOT- no pudieron o no quisieron llevarlos a cabo por múltiples razones: disputas políticas interpartidistas, contradicciones entre las directrices del POT y los Planes de Desarrollo –PD-, falta de capacidad técnica para ejecutarlos, ausencia de recursos financieros, o más grave aún, procesos de decrecimiento de la población, entre otras razones de peso. De entrada, esta sería una primera alarma que prendería las alertas del Estado –más que de los gobiernos- para hacer ajustes y tomar decisiones al respecto. Poco o nada ha sucedido y los municipios intermedios y pequeños siguen cargando este lastre como si de ellos dependieran exclusivamente las soluciones.

Debilitamiento de los POT por parte de los gobiernos nacionales. 

La experiencia de los municipios con más de 100 mil habitantes no ha sido tan dramática, pero no está exenta de conflictos y vicisitudes. Podría decirse que en estos casos el avance en el re-conocimiento del territorio ha sido una de sus mayores virtudes, pero siguen existiendo múltiples vacíos para hacer corresponder la visión estratégica del POT con las visiones tácticas de los PD. De hecho, los alcaldes han buscado más la adecuación de los POT a los PD, que lo contrario como ordena la ley. En este contexto de falta de liderazgo nacional para acompañar a los municipios en la adopción de una cultura del ordenamiento territorial, junto con la tergiversación de la autonomía municipal por parte de los gobernantes para decidir si se comprometen o no con los POT, se ha llegado a un punto que podríamos denominar como critica en la política de ordenamiento territorial. No se trata pues de una crisis del desarrollo de esta política, sino todo lo contrario, una acción persistente de los últimos gobiernos nacionales y locales para desmotar de hecho y de derecho la ley 388/97 como una de las conquistas democráticas más importantes, producto de la Constitución de 1991.

Los MOT de los POT de primera generación en Colombia fueron formulados bajo los criterios de competitividad global de los mercados planteados por Michel Porter en sus estudios Monitor de finales de los años 90. De esta manera, todos partieron de definir porqué sus territorios serían los más atractivos para los inversionistas extranjeros. Algunos defendieron su localización (la mejor esquina de América), otros le apostaron a ser intermediarios para la penetración de las compañías multinacionales hacia el continente (centro estratégico empresarial de los andes y exportador de educación superior), y también hubo algunos que ofrecieron las potencialidades geográficas y ambientales –propias y ajenas- definiéndose como punto estratégico de la biosfera. En términos generales, todos sin excepción eran eje, centro o epicentro de la globalización de los mercados; todos tenían las condiciones o estarían dispuestos a crearlas para que los mercados mundiales se fijaran en ellos y les ayudaran a figurar en los rankings más sobresalientes como ciudades de “clase mundial”. 

Tal parece que esta estrategia no resultó muy exitosa que digamos, especialmente para los municipios intemedios y pequeños, cuyas condiciones de atraso escasamente les permitieron atender las necesidades más inmediatas y primarias de sus habitantes y sus territorios. En esta última década los mercados mundiales escogieron otras regiones en el mundo para hacer sus principales inversiones. Colombia, en general, continúa siendo valorada esencialmente como proveedora de recursos y servicios ambientales para el mundo. Los gobiernos nacionales hacen ingentes esfuerzos para garantizar que nuestros ecosistemas sean depredados, entregando por doquier títulos mineros a compañías multinacionales a condición de incorporar algunos dólares a una economía cada vez más improductiva[1]. En las ciudades, son las actividades de comercio y servicios las que han inundado el paisaje urbano favoreciendo el consumo, pero sin una base productiva sólida o en franca decadencia, lo cual ha nivelado por lo bajo los empleos en estos sectores, inundando las ciudades de vendedores informales.

Más recientemente, la generación de suelo urbano se ha convertido en un sector salvavidas para la movilización de capitales especulativos sin importar las condiciones locales de demanda o sus afectaciones ambientales, mucho menos el cumplimiento de las determinantes estructurales de los POT, con tal de mostrar indicadores de crecimiento económico en medio de los “tsunamis” que amenazan la estabilidad del modelo de libre competencia del mercado mundial.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora que la desaceleración económica caracteriza a los países desarrollados y se contagia al resto del mundo; ahora que el libre mercado ha mostrado sus limitaciones y su inutilidad para abordar problemas globales como el cambio climático o el control de los efectos contaminantes que producen el crecimiento irracional de las economías, vale la pena repensar el MOT del país, de las regiones y municipios colombianos. 

La visión exógena del crecimiento basada en la atracción de capitales foráneos, centrada en economías de servicios, con ciudades improductivas de alto consumo de suelo e insostenibles ambientalmente, enfocadas a la construcción de infraestructuras inútiles e innecesarias y lideradas por empresarios usurpadores de lo público, debe ceder a una visión endógena de la sustentabilidad basada en la generación de conocimiento a partir de las potencialidades productivas locales y regionales, con ciudades compactas y pluricéntricas bien planeadas, integradas socialmente en torno al bienestar colectivo, diversas y multiculturales, lideradas por ciudadanías activas, participantes, fuertemente comprometidas con la defensa y protección del interés público y colectivo. 

Referencia: 
Acebedo, Luis Fdo. (2009). El Modelo de Ocupación Territorial en Manizales. Disponible en:
http://caleidoscopiosurbanos.blogspot.com/2009/10/el-modelo-de-ocupacion-territorial-en.html. Consultado el 16/04/2013.

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[1] Quizás estemos frente a una cuarta colonización: Primero la española (S XVI), segundo la inglesa (S XIX), tercero la norteamericana (S XX) y, por último, la global (S XXI). Todas ellas se han basado en  la explotación y exportación de los recursos naturales del país y el continente. Y parece que no hemos aprendido nada de las anteriores.

CANELAZO POR LA CIUDAD[1]

 

Facsímil de la programación del “Canelazo por la ciudad”

El “Canelazo por la ciudad” es un proyecto académico que surge de la Alianza Universitaria y Ciudadana orientada a desarrollar debates de actualidad en temas concernientes a la ciudad, el territorio y la ciudadanía. Es un espacio de encuentros y desencuentros, de tertulias y divagaciones de todos los enamorados de las ciudades y sus espacios concebidos, vividos e imaginados.

La única condición para participar de un “Canelazo por la ciudad” es la disposición a escuchar y participar activamente con tolerancia y respeto por las opiniones ajenas. Es un espacio de encuentro de expertos, neófitos, críticos y amigos de la vida urbana. Allí se encontrarán académicos, políticos, profesionales, ciudadanos del común, amas de casa, jubilados, estudiantes, trabajadores, en fin, todos los que viven y padecen la ciudad, todos los que tienen necesidad de expresar algo sobre las ciudades que habitan e imaginan.

Fecha de encuentros: A partir del próximo miércoles 6 de Marzo nos reuniremos cada 15 días de 6-8pm para compartir un “Cenelazo por la ciudad”.

Metodología: No es un ciclo de conferencias. Es un conversatorio que se inaugura con unas primeras ideas provocadoras a cargo de alguien que tiene un tema de debate sobre el cual los asistentes opinan, controvierten, aportan o simplemente comentan. Habrá relatoría y memorias del Canelazo.

Objetivos:

­Contribuir a la formación de opinión pública entre los ciudadanos en torno a los asuntos de la ciudad, el territorio y la región.

Establecer diálogos informados sobre asuntos de interés sobre la ciudad, el territorio y la región.

Consolidar un lazo de comunicación entre gobierno, universidad y sociedad sobre las relaciones entre ciudad y ciudadanía desde las concepciones, imaginarios y vivencias de sus múltiples protagonistas.

TEMÁTICA DEL I SEMESTRE DE 2013:

PRESENTE Y FUTURO DEL MACROPROYECTO SAN JOSÉ

FECHA	CANELAZO	RESPONSABLE	LUGAR/HORA
Marzo 6	Presente y futuro del Macro SJ: desde el Urbanismo	Luis Fernando Acebedo, U Nacional/Carolina Rojas, U Caldas	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Marzo 20	Presente y futuro del Macro SJ: desde lo jurídico.	Francisco Javier González, U Caldas/José Ricardo Álvarez, U Manizales	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Abril 10	Presente y futuro del Macro SJ: desde lo social	Colectivo Antonio García, U Caldas	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Abril 24	Una mirada al Macro SJ: desde el gobierno (por confirmar)	Alcaldía, ERUM, Infi Manizales, Secretaría de Planeación, Secretaria de Obras Públicas, Fiduprevisora, Ministerio de Vivienda.	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Mayo 8	Una mirada al Macro SJ: desde los organismos de control	Contraloría y Personería de Manizales	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Mayo 22	¿Presente y futuro del Macro SJ: desde lo comunal. Cuál es el proyecto de ciudad en Manizales y cómo se inscribe el Macroproyecto San José?	Comité de Voceros Comuna San José/ Luis Fernando Acebedo, U Nacional	Auditorio Principal Campus El Cable, UN, 6pm
Mayo 29	FORO POR LA REFORMULACIÓN DEL MACROPROYECTO SAN JOSÉ.	TODOS	Auditorio principal Universidad de Manizales

http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/23-ano-2012/3560-macroproyecto-san-jose-un-proceso-fallido

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[1] En el mundo académico existen dos revistas digitales que se dedican a estudiar los temas urbanos con espíritu crítico y de diálogo social. Ellos son: El “Café de las ciudades” (http://www.cafedelasciudades.com.ar/) dirigido por Marcelo Corti desde Argentina, y el “Carajillo de la ciudad” dirigido por Jordi Borja y Miguel Mayorga desde el programa de Gestión de la ciudad de la Universitat Oberta de Catalunya. El nombre que se propone de este seminario, se inspira en ese par de iniciativas, adaptándola al contexto local de las ciudades andinas en donde el“Canelazo” es una bebida caliente que ayuda a  contrarrestar el frío.

La crisis de la 23 en Manizales: un asunto de política pública

Por: Luis Fdo. Acebedo R

En buena hora la Procuraduría Regional de Caldas citó el pasado 22 de febrero a una mesa de trabajo a diferentes sectores de la sociedad de Manizales para analizar el presunto deterioro de la Carrera 23  en el marco de una acción preventiva iniciada por esta entidad de control.  Allí se hicieron presentes muchos de los dolientes directos de la 23, los vendedores de la calle formalizados y los locatarios, la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, la Cámara de Comercio, Fenalco, la Asociación de Consumidores, los representantes de la Alcaldía, el Concejo de la ciudad y otras instituciones como la Academia y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Todos a una expresaron su preocupación por el paulatino y constante deterioro de esta calle emblemática del centro de la ciudad, ligada a sus orígenes, a la historia y memoria de sus habitantes.

Han habido tantas reuniones sobre la carrera 23 que los asistentes coincidieron en expresar la intención de pasar de las palabras a los hechos. Sin embargo, quien tenía la función principal de liderar el proceso de recuperación de la 23 – la Alcaldía - estuvo más bien a la defensiva. Planteó que estaban cumpliendo el Acuerdo 443 del 20 de agosto de 1999 y el decreto reglamentario 136 de 2002, que el proceso de formalización ha venido en aumento al pasar de 1200 solicitudes de los vendedores ambulantes en 2002 hasta completar  2400 en la actualidad, que cuentan con 36 funcionarios que ejercen control sobre el espacio público y que han hecho diferentes campañas de aseo, recuperación arquitectónica, visual y auditiva, programas educativos que promueven el patrimonio, entre otras actividades. Expresaron adicionalmente que la revisión del POT tiene contemplado incluir políticas al respecto y que el Infimanizales está revisando el Plan Parcial de la Galería entregado en el año 2007 por la Universidad Nacional de Colombia, todo ello en respuesta a las críticas sobre cómo el centro de la ciudad se ha venido convirtiendo en una plaza de mercado al aire libre por el aplazamiento injustificado de la ejecución del Plan Parcial que contempla, entre otros aspectos, ordenar las actividades de comercio y distribución de alimentos de la tradicional Galería de la ciudad.

Las opiniones de la Secretaría de Planeación fueron muy polémicas en varios sentidos: Por un lado, en el argumento sobre el carácter muy conservacionista de las acciones del pasado para recuperar el Centro Histórico,  por otro, en su idea de que el Espacio Público se volvió muy rentable y finalmente, en que la 23 debe mantenerse como eje de movilidad y esparcimiento.  Los asistentes reaccionaron a estas aseveraciones controvirtiendo sus puntos de vista.

Respecto al primer punto, fue el Defensor del Pueblo y  la Directora Ejecutiva de la Asociación Cívica del Centro Histórico de Manizales, quienes argumentaron que si la actitud conservacionista se hubiera materializado, hoy tendríamos un verdadero Centro Histórico y no un conjunto desarticulado de bienes históricos de interés patrimonial en progresivo deterioro.

En cuanto al segundo aspecto, el representante de la Universidad Nacional puso en evidencia el tratamiento diferenciado e inequitativo que hace la administración cuando le cobra a los vendedores formalizados un arriendo para ejercer la actividad comercial en la vía pública y en cambio regala el usufructo del espacio público aéreo al futuro centro comercial Cable Plaza II, concediéndoles sin ninguna contraprestación el permiso para construir un Puente Peatonal que los una con Cable Plaza I. Otras ciudades con mayor visión sobre lo público han logrado conseguir por esta vía recursos muy cuantiosos para mejorar sus estándares de espacio público o para proveer de viviendas a familias afectadas por riesgos naturales. Igualmente subrayó la manera irresponsable y anti-ética con que la administración permite el uso y abuso del espacio público en épocas de ferias y fiestas para la venta y consumo de licores en la vía pública.

Imagen del puente peatonal que comunica a Cable Plaza I con Cable Plaza II. Fuente:  http://www.lapatria.com/economia/planeacion-da-libre-al-cable-plaza-ii-26742

Preocupa mucho que existiendo ya un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas en el año 2004 (7 de octubre) que obligó al retiro del puente peatonal de acceso al Centro Comercial Parque Caldas en el centro de la ciudad protegiendo “los intereses colectivos o generales (art. 1° constitucional), como serían, se insiste, el derecho a un espacio público (art. 82 C.N) libre de obstáculos que impidan su goce y utilización; y el derecho a un ambiente sano (art. 79 C.N. y literal b) art. 4° Ley 472 de 1998) y dentro de este, el goce o disfrute visual…”, la administración municipal ignore este antecedente y le de licencia a titulo gratuito a un nuevo proyecto comercial repitiendo los mismos errores cometidos por sus antecesores.

Y finalmente, varios de los asistentes cuestionaron la idea de continuar permitiendo la circulación de vehículos por la 23 para avanzar definitivamente hacia la peatonalización de la calle como lo han hecho muchas ciudades del mundo. Buenos Aires peatonalizó parcialmente la calle La Florida en 1910 y definitivamente en 1975 a solicitud de los comerciantes; hoy es una calle turística y comercial de gran dinamismo.  La histórica calle Jirón de la Unión de Lima, fue peatonalizada en los años 70 y en los 90 fue intervenida nuevamente a la par con las tareas de reordenamiento del centro histórico emprendidas por la Alcaldía. En Ciudad de México la calle (Francisco) Madero que conduce a la plaza El Zócalo fue peatonalizada en año más reciente; fue en 2009 cuando se formuló el plan de rescate del Centro Histórico y hoy constituye un lugar de gran demanda por parte de las actividades comerciales, articulada a un sistema de recorridos turísticos del centro de la ciudad. En fin, la lista sería larga, pero lo que es común es la decisión de las administraciones municipales de planear este tipo de proyectos dentro de la oferta de un sistema de espacios públicos de carácter céntrico que contribuyen a hacer más atractivo el centro de sus ciudades.

A la derecha, la calle Florida en Buenos Aires; en el centro, la calle Jirón de la Unión de Lima; a la izquierda, la calle Madero de Ciudad de México.  Foto Acebedo

La Procuraduría Regional de Caldas hizo acopio de todas estas ideas y planteó cuatro (4) tareas para los próximos meses:

1. Que la Administración Municipal aclare cuál es la política pública para la recuperación de la carrera 23.

2. Que la Procuraduría reciba informes de avance de la reformulación del POT en lo atinente al Espacio Público y la carrera 23 para conocimiento de los interesados.

3. Continuar las tareas de la mesa para hacerle seguimiento a la carrera 23 involucrando más actores.

4. Reunirse el próximo 22 de Marzo a las 9am para evaluar avances.

Imaginarios urbanos: ciudad vivida, ciudad soñada, ciudad observada

Por: Luis Fdo. Acebedo R

Como parte de los ejercicios que hacemos en la asignatura “Territorio y Sociedad” del pregrado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, realizamos el pasado viernes 9 de noviembre una instalación con imaginarios urbanos de más de 40 estudiantes. A continuación se presenta la introducción a este ejercicio y un registro fotográfico de la muestra. En próxima entrega publicaremos algunos de los resultados. La instalación permanecerá abierta al público durante la semana del 12 al 16 de noviembre, frente a la Biblioteca Germán Arciniegas de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la sede de El Cable.

García Canclini (2010: 103) define los imaginarios urbanos como un “Conjunto de repertorios de símbolos con que una sociedad sistematiza y legaliza las imágenes de sí misma, y también se proyecta hacia lo diferente”. Los Imaginarios Urbanos hacen parte de una búsqueda por encontrar nuevas maneras de interpretación de la ciudad a partir de las prácticas cotidianas de los ciudadanos y de las percepciones que se generan con sus vivencias. No niegan las formas y técnicas tradicionales de interpretación urbana en torno a la producción y reproducción del espacio, más bien abren nuevas posibilidades desde ópticas que cuestionan la unidimensionalidad del espacio como expresión física, expandiéndola al espacio como vivencia y al espacio como expresión de una realidad re-presentada que deviene imagen simbólica.

La fotografía es uno de los múltiples instrumentos que se emplean para develar los imaginarios urbanos. Lo interesante es que se logra desde una doble condición, es decir, desde el ciudadano objetivado en las prácticas del espacio vivido y también desde el fotógrafo como sujeto activo en la captura de una imagen detenida en el tiempo como expresión de los múltiples fragmentos que le dan sentido a la ciudad. Ambos se funden en esa suerte de visión caleidoscópica sobre la ciudad imaginada que refleja múltiples espacialidades y temporalidades en el movimiento infinito e incontrolado de los actores sociales, junto con la velocidad de los cambios producidos en el espacio, generando una especie de vértigo en la vida urbana. Tal parece que hoy ese vértigo sólo puede ser medianamente controlado en la complicidad y el anonimato de los espacios virtuales.

Esta instalación tiene tres espejos de re-presentación:

1. Los imaginarios en torno a la ciudad vivida, en donde la fotografía devela la recurrencia de determinados temas generadores de conflicto en las prácticas cotidianas de sus habitantes, entre las cuales se destacan: Las diferentes formas de apropiación del espacio público, los actores sociales en su intento por re-significar las calles y las plazas, el empleo precario con toda su carga de imaginación en el uso y apropiación de lo público, la movilidad urbana como expresión de cultura o in-cultura ciudadana, y finalmente, los conflictos de usos del suelo que generan las tensiones entre urbanidad y ruralidad.

2. Los imaginarios en torno a la ciudad percibida, en donde los autores de las fotografías usan el lenguaje de las palabras para re-interpretar sus propias fotos asignándole a ellas un nuevo significado, quizás más poético o en todo caso más subjetivo. Son pequeños relatos imaginarios construidos desde los sentimientos, los deseos y las visiones del mundo y de las cosas que cada uno de ellos tiene en su relación con el espacio de la ciudad.

3. Los imaginarios del observador, en donde usted podrá armar sus propios relatos con las relaciones contextuales y nuevas ficciones individuales o colectivas surgidas de su inmersión en este recorrido de imágenes y evocaciones a esos lugares que posiblemente usted ya ha experimentado o vivido. A la manera de Benjamin (2004:427), usted podrá pasearse por estos paisajes sin umbrales como un verdadero flâneur y dejar una nota en un muro que con su «prohibido fijar carteles» podría ser la pizarra para construir su propio imaginario.

Referencias Bibliográficas:

BENJAMIN, Walter (2004) El libro de los pasajes. Ediciones Akal, S.A. Madrid.

GARCÍA CANCLINI, Néstor (2010) Imaginarios urbanos. Eudeba, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Estudiantes de la UN en Manizales preocupados por el espacio público

Formas de intervenir el espacio a partir de los sentidos.

En este capítulo de Conexión UN tendremos a un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UN en Manizales que alteraron la cotidianidad de diferentes sectores de la ciudad con objetos magnificados, para llamar la atención de la comunidad con problemáticas que se están viviendo a diario en plazas y avenidas. Fuente: http://www.prismatv.unal.edu.co/nc/detalle-serie/detalle-programa/article/estudiantes-de-la-un-en-manizales-preocupados-por-el-espacio-publico.html

ASIGNATURA: Territorio y Sociedad. Pregrado en Arquitectura, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

DOCENTES: Luis Fernando Acebedo Restrepo (lfacebedor@unal.edu.co) y Sara Ivone Marín Castro (Estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo).

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes de la Asignatura Territorio y Sociedad tuvieron la oportunidad de acercarse en la teoría y la práctica al estudio de las interrelaciones entre territorio y sociedad en sus formas de materialización en el espacio público. Esto se logró mediante el uso de diferentes metodologías y técnicas asociadas a la investigación cualitativa que les permitiera a los estudiantes relaciones atractivas de contacto con el espacio público, la ciudad y la sociedad.

Como trabajo final se propuso la realización de una Intervención urbana entendida como un acontecimiento en el espacio público, una “acción”, una dinámica, una alteración, un cambio, una sorpresa, el desenvolvimiento de un proceso de subjetivación que pueda devenir una experiencia de creación diferente al diseño arquitectónico.

Para lograr este propósito se emplearon durante el transcurso del semestre diferentes prácticas investigativas de tipo cualitativo por medio de técnicas como el fotolenguaje, la cartografía social, el diario de campo, las encuestas, videos, entrevistas y escritura de textos cortos.
Se presentaron 11 propuestas, de las cuales los estudiantes escogieron 4 para ser materializadas.

La materialización de estas propuestas implicó el desarrollo de diferentes roles, a saber:

a. Ejecutores: Tienen a su cargo la “puesta en escena” de la intervención urbana.
b. Fotógrafos: Realizan un registro fotográfico antes, durante y después de la intervención urbana.
c. Video de la Intervención: Realizan un registro fílmico a los Ejecutores en el proceso de “puesta en escena” de la intervención.
d. Video de entrevistas: Realizan un registro fílmico de entrevistas acerca de las opiniones ciudadanas sobre la interpretación de la intervención urbana.
e. Diario de Campo: Hacen una bitácora registrando los principales acontecimientos que se suceden antes, durante y después de la intervención urbana.

(1) Bicicleta y espacio público. (2) Comercio y tabaquismo. (3) Espacio Público e higiene en la Plaza Alfonso López Pumarejo.

(4 y 5) Espacio Público e higiene en la Plaza de Bolívar. (6) Espacio público e higiene en la Plaza Alfonso López Pumarejo.

Todo este material desarrollado por más de 50 estudiantes de la asignatura es parte constitutiva de la intervención urbana y será posteriormente clasificado para producir nuevos materiales pedagógicos y memorias. Se espera escribir próximamente un artículo condensando los principales resultados del trabajo investigativo.

Autonomía y democracia en la sociedad del conocimiento.

 

Celebración de cientos de jóvenes en el emblemático lugar de La Bastilla en Paris, el pasado 6 de Mayo, luego del triunfo de François Hollande para la presidencia de la República Francesa. Foto Jean-Frédéric Chevallier, 2012.

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Autonomía y democracia hacen parte de una misma condición en el gobierno de la Universidad. Es decir, no puede haber democracia sin autonomía y viceversa, no puede haber autonomía sin la garantía de una democracia en expansión y profundidad. Así se hace explícito desde el primer artículo de la constitución política colombiana que hace alusión a los principios fundamentales en donde se relaciona la descentralización con la autonomía en una república unitaria, y se reitera en el artículo 69 en donde se “garantiza la autonomía universitaria” para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. También lo hace la ley 30 de 1992 en sus artículos 28, 29 y 57, aunque desde allí comienzan a establecerse las limitaciones al derecho consagrado mediante la reglamentación de la organización y elección de sus directivas, dándole al sector privado y a diferentes instancias de representación política del gobierno nacional mayores prerrogativas que a los profesores, estudiantes y egresados en la composición del Consejo Superior Universitario, máximo órgano directivo de las universidades.

Ya lo había planteado Marx cuando estudió las limitaciones de la democracia capitalista hace más de 100 años al advertir que la lógica del comportamiento de la burguesía en estos casos era – y sigue siendo - crear el derecho en la carta constitucional y luego limitarlo hasta que se “impidiese su aplicación real y efectiva” (Marx, 1976: 420):

Por tanto – decía Marx – mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva –por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecería íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente. [1]

La pérdida progresiva de la autonomía universitaria en Colombia, pese a ser un asunto de principios constitucionales, ha venido consolidándose paulatinamente por las reglamentaciones sucesivas de los derechos constitucionales y la interpretación amañada de los gobiernos nacionales de las dos últimas décadas. En últimas, se expresa en el miedo a la profundización de la democracia, a la participación ciudadana en asuntos decisorios, y en general, a cualquier instrumento que le permita al constituyente primario la posibilidad de elegir y ser elegido.

Es increíble que para el Ministerio de Educación –MEN- la Universidad Nacional de Colombia sea considerada la de mayor calidad del país, la más seria y respetada institución universitaria, pero inexplicablemente, su comunidad académica, que es lo más preciado que tiene la universidad, sea incapaz de elegir con responsabilidad sus cuerpos directivos. Esa ha sido la constante cuando la voluntad mayoritaria de estudiantes y profesores en la escogencia de sus directivas no tiene carácter vinculante, dejando en manos del Consejo Superior Universitario -de control mayoritario del gobierno- la opción de decidir sobre éste y otros asuntos de trascendental importancia para la Universidad. Es lo que diferentes autores del siglo XX llamaron el “cesarismo democrático” para significar el autoritarismo ejercido por caudillos sin legitimidad en la base de la sociedad para sobreponer su voluntad a la de las mayorías, sin que ellas le hayan delegado su derecho al voto.

Frente a esta pérdida progresiva de la autonomía, así ella esté reconocida como derecho en la constitución política pero escamoteada en sus reglamentaciones, hay quienes han planteado la entrega definitiva de este derecho al gobierno nacional para que él continúe tomando decisiones en nombre de toda la comunidad universitaria. Este sería un grave error, pues lo que corresponde es continuar exigiendo la profundización de la democracia interna en la universidad para que podamos tener la coherencia ética de promover los valores democráticos en la enseñanza diaria y a su vez, ser ejemplo ante el país en su estricto y cabal cumplimiento en la vida interna universitaria. Sólo de esta manera podremos demostrarle a la sociedad unas prácticas correctas que sirvan de ejemplo en la búsqueda de opciones de paz, convivencia y ejercicio pleno de los derechos civiles.

Pero la autonomía no solo está comprometida en el ejercicio de la democracia, sino también en muchos otros factores asociados a procesos de recentralización de funciones del Estado que por fortuna –y sólo en algunos casos- la corte constitucional ha protegido declarando su inexequibilidad[2]. Otra muy importante es la autonomía asociada a la generación misma de conocimiento que es la esencia de la universidad contemporánea. Es claro que en la sociedad del conocimiento la universidad debe replantearse muchos de los principios con los cuales ha fundamentado su presencia y consolidación histórica. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de trascender la formación de profesionales para convertirse en generadora de nuevo conocimiento. Pero en esta absurda hegemonía de los mercados en los procesos de globalización neoliberal, que también ha penetrado a las universidades en su afán de doblegar al conocimiento para responder prioritariamente a las necesidades y demandas de las empresas, la autonomía ha sido una de las principales sacrificadas, comprometiendo la calidad de las investigaciones, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las calidades éticas de nuestras instituciones educativas. Una cosa es establecer las necesarias alianzas con el sector productivo, entre otros, para generar nuevo conocimiento, y otra muy distinta es volverse funcional y subsidiario del mundo empresarial.

Según Castells y Halls (2001), el papel de las universidades en la sociedad de la información y el conocimiento es considerado fundamental en la generación de sinergias, mucho más que los gobiernos o las instituciones privadas. Por eso se habla hoy en día de una “universidad urbana”, más que de una “ciudad universitaria”. La diferencia radica en la calidad de sus relaciones con la sociedad y no exclusivamente con el sector empresarial. Lo cierto es que en la medida en que las universidades rediscuten el nuevo papel que se les está demandando en la sociedad del conocimiento, es evidente que no pueden eludir la discusión sobre la manera de replantear sus relaciones con la sociedad, la ciudad, la región y el territorio en una época marcada por la conformación de redes y el replanteamiento de los límites político-administrativos del Estado-Nación.

La idea de “campus universitario” como espacio diferenciado, como lugar aislado, generador de un conocimiento “no contaminado” por las dinámicas sociales, debe replantearse por unas relaciones dinámicas y sinergéticas con todos los actores sociales, lo cual sugiere nuevos tejidos académicos, culturales, científicas y espaciales más abiertos y generosos en donde pueda confluir la sociedad entera en búsqueda de soluciones a sus problemáticas y conflictos. Es por tanto, una universidad proyectada en primer lugar a la solución de problemáticas de naturaleza pública y colectiva, más que individual o privada. Obviamente, sin que ello implique deslizarse por caminos que extravíen sus tareas misionales en el vasto campo del conocimiento y protegiendo a la universidad de las malas prácticas asociadas a la politiquería, el clientelismo y las presiones de grupos delincuenciales interesados en comprometer la autonomía e independencia de la universidad mediante prácticas corruptas e ilegales.  Dicen Castells y Halls (2011: 324):

“ (…) las universidades sólo podrán desempeñar su papel innovador si siguen siendo instituciones fundamentalmente autónomas, fijando sus propias agendas en la investigación y estableciendo sus propios criterios de calidad científica y de promoción interna. Las universidades <internas> o los programas de investigación totalmente dependientes de una fuente de financiación externa son extremadamente vulnerables a presiones por intereses especiales, que a la larga minarán la calidad de su propia investigación y formación.”

La innovación, como ya se ha insinuado, no se da solo en tecnologías, productos y procesos, la innovación es también social, política y cultural, y muchas veces está fuertemente ligada al territorio por dinámicas históricas y culturales que nada tienen que ver con fenómenos globales, hegemónicos o universales. En estos casos, la innovación es de características endógenas, bien sea local, regional o nacional, y por lo tanto están asociados a procesos autonómicos –que no autárquicos- que tienen su base en las realidades y potencialidades de los territorios, con lo cual el concepto de autonomía se enriquece, diversifica y se hace más complejo en el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad social, cultural y cognitiva.

Referencias bibliográficas:

Castells, Manuel; Hall, Peter. (2001). Tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI. Alianza Editorial. Madrid, España.

Marx, Carlos. (1885). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. En: Marx, Carlos; Engels, Federico. (1976). Obras escogidas. Tomo I, Editorial Progreso. Moscú, URSS.

Romero, José Luis. (2001). Situaciones e ideologías en América Latina. 1ª edición, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

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[1] Los subrayados son del texto original.

[2] Uno de esos casos tiene que ver con la Sentencia C-149 que protege los principios constitucionales de cooperación, concurrencia y subsidiariedad, relacionados con el reconocimiento de la autonomía de las entidades descentralizadas del Estado.

La universidad en la región y la región en la universidad.

Imagen 1. Localización de universidades en Manizales. Fuente: Acebedo 2010. Imagen 2: Intervención urbana del campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Fuente: Oficina de Administración y Control de espacios públicos, UN.

Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Tanto en Colombia como en el mundo el concepto de región está cambiando significativamente al tenor de los procesos de globalización. En algunos casos como respuesta consciente  a procesos cada vez más complejos de organización cultural, económica y ecosistémica del territorio; y en otros, como actitud reactiva frente a las agresivas dinámicas de los mercados o a las actitudes neo-colonizadoras de los estados imperialistas. Sea en una u otra dirección, las regiones se están abriendo camino como respuesta al debilitamiento progresivo del Estado-nación, pero también como alternativas nuevas y más complejas de organización del territorio que las concepciones caducas de la división político-administrativa de muchos países –entre ellos Colombia- no han querido modificar.

La LOOT que recientemente aprobó el Congreso de la República de Colombia no logró colmar las expectativas que territorios como los de la Eco-región Eje Cafetero o la Región Caribe, entre otros, han venido reclamando históricamente para reconocer en derecho lo que se ha venido experimentando de hecho: unos procesos de integración que tienen una fuerte raigambre cultural, pero también una base ecosistémica cada vez más amenazada por la globalización de los mercados y sus efectos perversos sobre el planeta, traducidos en los fenómenos catastróficos del calentamiento global.

La contradicción es evidente entre las dinámicas globales y locales. Por un lado, una tímida legislación en lo local que controla cualquier posibilidad de regionalización integral del territorio mediante el constreñimiento normativo al uso de los llamados contratos-plan en torno al emprendimiento de macroproyectos sectoriales. Estas normas no logran estimular los suficientes procesos sinergéticos, de asociatividad y cooperación para organizar regionalmente el territorio. Pero en lo global, un gobierno nacional estimulando procesos de desregulación, apertura y tratamientos preferenciales para que empresas multinacionales no encuentren ningún obstáculo jurídico, político y financiero en explotar recursos minero-energéticos como en las épocas de la colonización española o inglesa. En estos casos, y como lo resalta Saskia Sassen (2007) “los procesos globales pueden prescindir de la jerarquía de los estados-nación y articularse directamente con cierto tipo de territorios y actores locales”. El 10% de las regalías que producirá la explotación minera en Colombia, se constituye en el nuevo espejito a través del cual se intentarán acallar las voces de resistencia ante los daños ambientales que ya se están generando por la contaminación de los mares y los ríos, la tala indiscriminada de bosques, el uso de químicos y el agotamiento de recursos no renovables, entre otras consecuencias.

En ese contexto, es claro que las universidades públicas, pero especialmente la Universidad Nacional de Colombia que tiene sus sedes andinas, de frontera e insular, deben repensar no sólo sus objetivos en la construcción del proyecto de nación, sino también su proyección regional y el papel que las sedes vienen cumpliendo en esa dirección. Y la pregunta obvia es si la Universidad Nacional quiere ser funcional al carácter instrumental que le quiere otorgar el proyecto globalizador de los mercados, o si en su defecto, quiere hacer del conocimiento su principal baluarte para liderar un proyecto de nación que permita responder en primer lugar a la superación de los problemas de pobreza, marginalidad y empleo precario de sus territorios. 

Para la primera alternativa, las prioridades están en cómo convertir a nuestros estudiantes en “empresarios innovadores” y a la universidad en una empresa del conocimiento de “clase mundial”. Sus criterios de evaluación están medidos por indicadores cuantitativos que le permitan compararse con las universidades más importantes del mundo, especialmente en cuanto a productividad académica y científica en revistas indexadas o libros publicados, número de patentes registradas, cantidad de estudiantes con segunda lengua (inglesa), número de graduandos de doctorados y maestrías al año, etc, etc. Su paradigma está basado en la llamada triple hélice, es decir, en la materialización de la alianza entre Universidad-Empresa-Estado para promover el empresarialismo y la investigación aplicada para la generación de innovaciones tecnológicas en productos y servicios con fines de exportación. El modelo de universidad es el de un Parque Tecnológico que presta servicios a empresas multinacionales, de las cuales recibe recursos progresivos orientados a lograr la total financiación privada.

Para la segunda alternativa, el propósito es garantizar el derecho a la educación pública y de calidad como el principal instrumento para hacer del conocimiento el medio a través del cual la sociedad logra liberarse del determinismo tecnológico mercantil, promueve el diálogo multi, inter y transdisciplinario entre ciencia y cultura preservando siempre su condición humanista, reconoce la multiculturalidad y trabaja bajo los principios de la sustentabilidad de los territorios, estimula la asociatividad, la cooperación y el trabajo en red   de las organizaciones académicas, sociales y productivas para promover Sistemas Territoriales de Innovación y Creatividad desde el reconocimiento de sus preexistencias y potencialidades, de sus historias, memorias y culturas diversas. Las TIC son concebidas como un instrumento de apoyo a la creatividad y la innovación, pero son los procesos de aprendizaje colectivo en el territorio los que determinan las tendencias productivas y la apropiación de tecnologías. Sus posibilidades de éxito están medidas por indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten evidenciar la superación de la pobreza, el acceso mayoritario de los jóvenes a la educación permanente, a la cultura y al ocio creativo, al empleo digno y cada vez más cualificado; la aplicación de eco-tecnologías en armonía con el ambiente, la protección de las minorías étnicas y culturales. La universidad en este caso está en  la región, así como también la región está en la universidad, resignificándola.

Esto no quiere decir que sea una alternativa autárquica, todo lo contrario, a partir del compromiso decidido del Estado – y por supuesto de la Universidad- en el fortalecimiento de las capacidades productivas regionales mediante fuertes inversiones en investigación, innovación, aprendizaje y fortalecimiento de los valores democráticos, podrán consolidarse las capacidades de integración regional, nacional y mundial, no sólo en términos de exportación de sus productos, sino de sus conocimientos, sistemas culturales, productivos y ambientales. Como diría Giménez (2000) “sin identidad no hay autonomía, y sin autonomía no puede haber participación de la población en el desarrollo de su región”.

Referencias bibliográficas:

Acebedo Restrepo, Luis Fernando. (2010). Territorios del conocimiento en la Ecoregión Eje Cafetero. Calidoscopios a partir de tres espejos de representación.: Sociedad-Espacio-Naturaleza. Tesis para optar al título de Doctor en Urbanismo. UCV, Caracas.

Giménez Gilberto. (2000). Territorios, cultura e identidades. La región sociocultural. En: Barbero, López de la Roche, Robledo (eds). Cultura y región. CES, Universidad Nacional, Mincultura. Colombia.

Saskia Sassen. (2007). Una sociología de la globalización. Editorial Katz. Argentina.

Reflexiones en torno a una reforma pertinente a la educación.

Por: Luis Fdo. Acebedo R

“Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. Edgar Morin

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El movimiento global de los “indignados” ha tocado a las puertas del sistema educativo para reclamar educación pública, rechazar los fines de lucro y exigir calidad de la enseñanza; adicionalmente, los reclamos en torno al derecho al trabajo se unen a las consignas de los jóvenes que cuestionan las consecuencias de la globalización de los mercados, entre las que se encuentran la destrucción masiva de empleos productivos y estables . Educación y trabajo nuevamente hacen parte de las preocupaciones de las nuevas generaciones, sólo que ahora se valoran como interdependientes.

Los estudiantes en Santiago de Chile o Londres ya están cansados de dos décadas de aplicación de un modelo educativo que le transfiere los costos de la educación a sus padres de familia, privatiza el conocimiento en función de los intereses de unas cuantas empresas multinacionales o de los bancos de crédito y libera al Estado de la responsabilidad de garantizar este derecho. Hasta los jóvenes franceses ya han visto opacados los derechos humanos  universales con los cuales nació y se consolidó su república liberal y sirvieron de ejemplo para las demás naciones. Hessel (2011), autor de ¡Indignaos! e inspirador de ese movimiento en Francia nos recuerda el fracaso de algunas de las principales consignas de la resistencia en la posguerra “El interés general debía primar sobre el particular y el reparto justo de las riquezas creadas por el mundo del trabajo, sobre el poder del dinero”. Muchos de los derechos universales del hombre que él contribuyó a formular en 1948 hoy hacen parte del pasado. “No cabe transigir respecto a [la violación a] estos derechos”, advierte Hessel  en su reciente proclama.

Casi todos los pensadores contemporáneos coinciden en identificar las causas de la crisis que hoy padecemos: “Es el dominio financiero, pero también el de las ciencias y las técnicas” plantea Hessel advirtiendo sobre sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana en el planeta; Morin (2011) por su parte sostiene que “la gigantesca crisis planetaria es la crisis de la humanidad que no logra acceder a la humanidad”, extraviada en la sed de conocimiento (ciencia), de poder (técnica), posesión y riquezas. Es la crisis socio-ambiental que se ha traducido también en una crisis del conocimiento que ha permeado las aulas de clase y se traduce en la incapacidad generalizada de tener miradas contextuales en la vida profesional y cotidiana, por las barreras cada vez más sutiles pero efectivas del conocimiento fragmentado, disperso, compartimentado, disciplinar, de una modernidad exhausta por la carrera del progreso y el desarrollismo.

Una verdadera reforma a la educación tiene que plantearse cómo romper las barreras cognitivas y materiales que hoy le impiden a nuestros jóvenes encontrar alternativas ciertas de futuro. Por eso están en las calles y en las plazas, indignados, fuertemente interconectados a través de las redes sociales buscando otras formas de insurrección por vías pacíficas. Los nuestros no quieren repetir ese camino escabroso y evanescente seguido por los países que hicieron de la educación una mercancía y redujeron el conocimiento al uso y consumo de TIC. Todos a uno plantean otras formas de globalización posibles, otras vías emergentes para acceder al conocimiento pertinente y al empleo digno.

Bien vale la pena pensar en la posibilidad de romper los compartimentos estancos de la formación disciplinar y las formas caducas de organización en facultades para lograr una formación más abierta que integre los núcleos duros del conocimiento disciplinar o profesional con un entramado contextual de conocimientos pertinentes, comunes a todas las carreras, inspirados en una reflexión crítica y en un reencuentro con las utopías para salir de la crisis actual. Un entramado que comience por explorar la relación indisoluble entre Sociedad-Espacio-Naturaleza que el pensamiento moderno escindió haciendo de la crisis planetaria contemporánea una crisis civilizatoria. Una crisis en la concepción antropocéntrica de la sociedad, una crisis del espacio invisibilizado en su concepción de objeto inmóvil o plataforma, una crisis de la naturaleza como recurso verde para el consumo.

Entidad relacional Espacio-Sociedad-Naturaleza. Fuente: (Acebedo Restrepo, 2010).

Esta nueva entidad cognitiva, concebida en su entramado de relaciones múltiples en los que las partes y el todo se generan y organizan mutuamente deberá promover un nuevo tejido de complejidades en las que será posible relativizar y encontrar nuevas sinergias en las tensiones espacio-tiempo-innovación-movimiento que dinamizan el conocimiento y la sociedad actual.

Quizás de lo que se trate sea de lograr que el humanismo penetre nuevamente a las ciencias, extraviado en los falsos paradigmas de la innovación tecnológica y que la cultura (incluyendo la creatividad y la innovación) inspire al arte para recuperar sus orígenes humanistas opacados por las formas y las estéticas sin sentido. Es la efervescencia de una nueva ética basada en esta entidad cognitiva que vuelva a tejer las relaciones entre ecosistema y cultura inspirada en los anhelos de una vida digna en el planeta tierra.

Referencias bibliográficas:

Acebedo Restrepo, Luis Fernando. (2010). Territorios del conocimiento en la Ecoregión Eje Cafetero. Calidoscopios a partir de tres espejos de representación: Sociedad-Espacio-Conocimiento. Tesis para optar al título de Doctor en Urbanismo. UCV. Caracas.

http://www.lapatria.com/story/actitud-para-reforma-seria-de-la-dducaci%C3%B3n

Morin, Edgar. 2011. La vía para el futuro de la humanidad. Ed. Paidós. España.

Hessel, Stéphane. 2011. ¡Indignaos!. Primera edición en libro electrónico. Ediciones Destino, Barcelona.

Universidades del conocimiento o “industrias exportadoras de alta complejidad”.

Levantemos la mano por construir colectivamente un nuevo proyecto de reforma a la Educación Superior en Colombia. Foto Acebedo 2011.

Por: Luis Fernando Acebedo R

El debate sobre el proyecto de reforma a la ley 30 o Ley de Reforma a la Educación Superior en Colombia presentado por el gobierno nacional en cabeza de la Ministra de Educación María Fernanda Campo generó un cierto consenso entre la comunidad académica y la sociedad en general acerca de su inconveniencia, especialmente en cuanto a considerar la educación como una mercancía sometida a las leyes del mercado. En apenas medio siglo, la educación pasó de ser un “derecho” sin mayores desarrollos en términos constitucionales y legales, a convertirse en un “servicio” regulado por el Estado pero ofrecido cada vez más bajo criterios de competitividad, oferta y demanda del mercado.

El proyecto de marras concebía la educación como un “capital cultural”, pero al fin y al cabo un “capital”, que prácticamente obligaba a transformar las universidades públicas y privadas en empresas con ánimo de lucro, como lo son los servicios de comunicaciones, financieros, y más recientemente, las empresas básicas de acueducto y aseo.

Estas pretensiones no son nuevas. Se trata de consolidar una tendencia iniciada con mayor fuerza desde mediados de los años 90, cuando el profesor Michel Porter, gurú de la competitividad de los mercados en épocas de globalización neoliberal, visitó a Colombia contratado por las Cámaras de Comercio, apoyado por la Corporación Andina de Fomento y el gobierno nacional, para realizar los Planes Monitor de Competitividad en las principales ciudades colombianas. Los gobiernos distritales de Antanas Mockus, Paul Bromberg y Enrique Peñalosa dieron amplio despliegue a esta iniciativa, respaldada con la técnica de la Planeación Estratégica de corte empresarial para identificar los principales intereses de mercado de las compañías multinacionales y sus requerimientos en materia de seguridad, flexibilidad laboral, reformas jurídicas a la protección del capital extranjero y transformaciones espaciales orientadas a reproducir los “estándares” de calidad de vida de los principales centros financieros y de servicios de los países desarrollados. El propósito fundamental: expandir sus capitales y convertir a Bogotá en una “ciudad de clase mundial”, con todo el significado clasista que tiene intrínseco el concepto para los mercados globales.

La educación superior fue identificada por el Plan Monitor como un potencial “capital del conocimiento” de interés para los empresarios extranjeros, especialmente de las compañías multinacionales. Al respecto, demandaban de Bogotá que siendo considerada una Ciudad Universitaria y teniendo una importante oferta de educación formal y de investigaciones, debía “exponerse” mucho más a las exigencias de la demanda global y las empresas multinacionales que operaban localmente. En ese sentido, identificó el potencial que tenía la ciudad para convertirse en un “cluster” educativo orientado a atraer estudiantes de Latinoamérica y de otros países. Para ello puso como ejemplo la experiencia de las universidades europeas y norteamericanas, las cuales han recibido desde hace varias décadas muchísimos estudiantes de Latinoamérica, Asia y África, han permitido que las empresas multinacionales inviertan cuantiosos capitales en la financiación de programas y laboratorios para vincular investigadores de posgrado (Maestrías y Doctorados) en las áreas y los temas que a tales empresas les interesan para el mejoramiento de sus productos y mercados. No en vano, los programas académicos más dinámicos han estado en el campo de los negocios y las ingenierías.

Los referentes paradigmáticos de universidades norteamericanas localizadas en ciudades como Boston, Illinois y Seattle, entre otras, sirvieron para proponer un modelo de educación implementado como “industria exportadora de alta complejidad”, justificada por los efectos que generan las exportaciones de estudiantes como materia prima básica de tales industrias culturales en las economías dolarizadas y por el apoyo económico privado para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades.

Varias reflexiones motivan estas primeras evidencias -que deseo continuar ampliando en las próximas entradas al blog- . La primera y más evidente es la explicación de porqué el presidente Santos seleccionó a su nueva Ministra María Fernanda Campo, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y consultora privada del sector financiero. La reforma a la Ley de Educación como una de sus principales tareas no podía tener otra orientación distinta a aquella trazada por el Plan Monitor de Competitividad que ella acuciosamente impulsó siendo Vicepresidenta de esa institución que aglutina al sector empresarial de la Capital y del país. El rechazo mayoritario que recibió esta tendencia en la comunidad académica de las universidades debería ser motivo suficiente para que la Ministra renuncie a su cargo para facilitar un nuevo debate a la Reforma de la Ley de Educación.

La segunda reflexión es mucho más de fondo. Se trata de determinar cuál es el papel de la educación superior en Colombia frente a otras realidades en el contexto internacional. Es claro que en los países desarrollados uno de los problemas que más preocupa a sus gobiernos es la falta de interés de sus propios ciudadanos en acceder al sistema educativo de segundo y tercer ciclo, lo cual no solamente comienza a poner en riesgo a sus economías sino que compromete la supervivencia de las universidades mismas al punto de no encontrar profesionales en determinados campos del conocimiento o porque esos profesionales no quieren trasladarse a regiones periféricas a las grandes metrópolis.

Pero en Colombia, la realidad es otra. Tiene que ver con una gran demanda de los jóvenes para acceder a la educación universitaria y con las precarias condiciones de las universidades para ampliar su cobertura con los recursos cada vez más limitados del gobierno nacional, ligados al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el primer caso, se ha dicho que tres millones 600 mil estudiantes no han podido ingresar a la universidad en los últimos 10 años, lo cual los vuelca inevitablemente al rebusque en una débil economía que ofrece pocos empleos formales y estables. En el segundo caso, no sólo el gobierno disminuye sus recursos al presupuesto de las universidades públicas al amarrarlos al IPC, desconociendo los costos de vincular más profesores, cualificar su planta docente, ampliar y dotar de aulas para atender una mayor cobertura, etc. La contradicción se expresa también en el hecho de exigirle mayores esfuerzos de autofinanciación pero limitándole las posibilidades de hacer convenios o contratos con entidades públicas y privadas que siempre le exigen a la universidad un producto de alta calidad, pero con pocos recursos disponibles. Ese tratamiento no lo tienen con las grandes empresas contratistas para quienes los presupuestos generalmente son inflados y sus productos finales discutibles y de baja calidad.

Como se observa, el asunto va más allá de la financiación. Se trata de definir si la educación pública – y en términos más amplios, el conocimiento -puede ser el instrumento de transformación de las condiciones de atraso y dependencia de Colombia; si la educación puede hacer verdadero contrapeso a las economías emergentes, bien sea como exportadores netos de materias primas –ahora desde la llamada bonanza minero-petrolera que se abrió a partir de la firma de los TLC y que tendrá incalculables efectos perversos sobre la sustentabilidad de nuestros territorios- o desde la ilegalidad del narcotráfico, el contrabando y otras mafias.

¿Es el conocimiento el principal generador de economías fuertes, industrializadas y altamente tecnificadas que elevan la calidad de vida y reduzcan las desigualdades?, o ¿es la delincuencia, a través de sus múltiples expresiones, quienes recluten a nuestros jóvenes como alternativas al desempleo, subempleo y empleo mal remunerado que ofrece nuestra débil economía cada vez más desindustrializada, orientada a los servicios de baja remuneración o a la explotación irracional de nuestros recursos naturales, traducido todo ello en la crisis social y ambiental que estamos padeciendo?.

No son temas de poca monta en la apertura de las discusiones sobre la futura ley de educación superior.

Referencia bibliográfica: Cámara de Comercio de Bogotá. 1998. La Bogotá que todos soñamos.  Resumen del Estudio Monitor de Competitividad para Bogotá 1997.  Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá. Santa Fe de Bogotá.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-263571-educacion-un-deber-del-estado

Fracasó el actual Modelo de Desarrollo en Manizales. ¿Quién podrá salvarla?

Panorámica del sector de La Galería en Manizales. En la parte superior, aspecto del avance de la compra de predios para construir la Avenida Colón e implementar procesos de integración inmobiliaria con recursos del Estado, que luego serán ofertados para proyectos de comercio y servicios. El Plan Parcial de La Galería sigue congelado. Foto Acebedo, 2012.


Por: Luis Fdo. Acebedo R.

Al finalizar el año pasado, concedí una entrevista a UN Periódico  en donde varios académicos de la Universidad Nacional de Colombia ofrecimos nuestra interpretación sobre la crisis del agua en Manizales, que perjudicó sensiblemente no sólo a la ciudad sino a un número mayor de habitantes de las ciudades vecinas.

Muy seguramente por razones de espacio, el periódico publicó algunos apartes de dicha entrevista, por lo cual, aprovecho este medio para difundirla en extenso, como parte del necesario debate que debe seguirse profundizando, mucho más ahora que se ha logrado superar la emergencia, más no el problema que le dio origen. 

UN Periódico: ¿Desde el urbanismo, cómo se observa la organización espacial de la ciudad luego de los eventos que han sucedido?.
LFAR. Los últimos eventos catastróficos que han comprometido seriamente la sustentabilidad del municipio de Manizales simplemente están comprobando que el modelo de desarrollo implementado por las últimas administraciones municipales, sencillamente fracasó. Yo lo he llamado “el infraestructuralismo” o el modelo “ciudad-empresa”. Su objetivo es distribuir contratos a diestra y siniestra para construir obras que probablemente a nadie le sirven, pero mantiene aceitada una red clientelista de apropiación de los recursos públicos o de préstamos internacionales.
Es un modelo que se olvidó de dos cuestiones fundamentales: la sociedad y la naturaleza. Por eso para los infraestructuralistas es más importante invertir cientos de millones de pesos en una línea de cable aéreo que nadie demanda (Los Yarumos) o gastarse más de 125 mil millones de pesos en expropiar a humildes propietarios de viviendas en la Comuna San José para ofertar suelo barato a grandes almacenes de cadena.
Definitivamente no hay organización espacial porque tampoco hay un ordenamiento territorial serio. Lo que hoy existe es una colcha de retazos en donde los promotores inmobiliarios aprovechan como en río revuelto para construir edificios al lado de los causes de las quebradas, en laderas con altas pendientes sin las obras de urbanismo que mitiguen los riesgos y eleven la calidad de vida de la gente.
Con los efectos del calentamiento global, nuestra ciudad es altamente vulnerable a los deslizamientos e inundaciones porque escogimos un Modelo de Ocupación que le está disputando territorio a la Cuenca del río Chinchiná y sus afluentes. Este solo factor debería estar siendo motivo para una revisión a fondo del Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, parecen ser más fuertes las voces que le hablan al futuro Alcalde sobre la idea de hacer pequeños ajustes al POT que ya cumplió una década de haber sido formulado.
UN Periódico: ¿Qué tan preparada esta la ciudad frente a este tipo u otros tipo de procesos?
LFAR. La ciudad tiene el conocimiento y las capacidades para asumir la prevención de riesgos con toda solvencia. Al fin y al cabo es modelo en América Latina y el mundo en estos temas. Por eso no deja de producir tristeza y frustración cuando le preguntaron a varios senadores del Departamento qué había que hacer para superar las dificultades y respondieron que contratar unos consultores internacionales. No hay derecho a tanta ignorancia.
Aquí ha habido una sinergia muy interesante entre el gobierno y la academia que le ha permitido a Manizales monitorear en tiempo real las condiciones climáticas, la contaminación atmosférica, los caudales de las principales quebradas, etc. El IDEA de la Universidad Nacional en Manizales ha cumplido un papel de primer orden en este aspecto. Incluso ha desarrollado innovaciones en software y tecnologías apropiadas para estos efectos. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial la academia ha asesorado al gobierno municipal en temas estratégicos como la movilidad, los planes parciales, el diseño de proyectos urbanos, entre otros.
Sin embargo, cuando los gobiernos desestiman los conocimientos técnicos, y en una actitud de desafío a la naturaleza y a la inteligencia, ignoran estas recomendaciones técnicas o debilitan los logros alcanzados en función de una estrategia infraestructualista que cambia el interés público y colectivo por el particular, entonces, no sólo la naturaleza cobra lo suyo, también la sociedad sufre los mayores daños. Tuvieron que pasar cuatro años de una pésima administración municipal para que el Alcalde llegara a la triste conclusión de que la naturaleza tiene memoria y pasa sus cuentas de cobro, como lo reconoció después de asistir a un acto litúrgico por las víctimas del barrio Cervantes.
La ciudad está preparada para evitar al máximo estas catástrofes, lo cual no quiere decir que no se puedan presentar otros eventos. Aquí de lo que se trata es de prevenirlos y evitar al máximo la pérdida de vidas humanas. Pero faltan dirigentes que estén a la altura de una visión ambiental y socialmente sustentable de nuestro territorio.
UN Periódico: ¿Desde la Arquitectura y el Urbanismo, considera que algunos barrios deben reubicarse o cuál sería la solución?
LFAR. En Manizales existen muchos barrios en situación de riesgo, no sólo de estratos bajos, también en sectores de estratos altos. Ya hemos sido testigos de cómo la principal zona productiva de la ciudad –Juanchito y Maltería- también han sufrido las consecuencias por deslizamientos y crecientes de la quebrada Manizales. El urbanismo industrial en Manizales no resiste el más mínimo análisis sobre la calidad de sus infraestructuras o las condiciones de localización, mucho menos sobre la implantación ambiental en el territorio.
Un buen POT debería arrojar los resultados de ese análisis y las alternativas de solución en el tiempo. Paradójicamente, los mejores suelos del Macroproyecto San José no están dedicados a la solución de los problemas de la vivienda de muchos sectores sociales que están en situación de riesgo, sino en promover comercio y servicios. Mientras tanto, la Alcaldía de Manizales sigue ampliando el perímetro urbano para la construcción de VIS y VIP en zonas de ladera al norte de la ciudad, arrebatándole más y más suelo a áreas que deberían ser de protección ambiental. Así mismo, continúa empecinado en patrocinar conjuntos cerrados de vivienda de baja altura en una ciudad que prácticamente ha agotado los suelos aptos para actividades urbanas. Esto amerita un análisis de fondo en torno al POT que queremos para la próxima década.